Ulises Espaillat: el presidente mártir

Ulises Espaillat: el presidente mártir

Conferencia pronunciada por el historiador Juan Daniel Balcácer en la Alianza Cibaeña, Inc., Sociedad Cultural, en Santiago de los Caballeros, el 27 de julio de 1984 con motivo del Centenario de la fundación de esa sociedad cultural.

Señoras y Señores:

Cuando mi distinguido amigo, el historiador doctor Julio Genaro Campillo Pérez, me trasmitió la invitación que me formulaba –por su digno intermedio– esta centenaria casa de la cultura, para que ofreciera una disertación acerca de la vida y obra del más insigne y preclaro de los civilistas dominicanos, don Ulises Francisco Espaillat, no vacilé en aceptar tan amable iniciativa por dos razones fundamentales: primero, porque el tema sugerido reviste singular significación en estos tiempos en que nuestra sociedad ha devenido víctima de una profunda crisis de valores y nuestra juventud está cada vez más expuesta a la influencia de culturas foráneas que amenazan con sepultar las verdaderas esencias de lo dominicano; y segundo, porque constituye un alto honor el que se me brinde la oportunidad de ocupar esta distinguida tribuna enclavada en el corazón mismo de la región cibaeña, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, cuna de ilustres personalidades, civiles y militares, quienes con estoicismo, abnegación y patriotismo contribuyeron a forjar una República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera, de acuerdo con el credo político que enarboló el Fundador de nuestra nacionalidad, el general Juan Pablo Duarte, y que posteriormente –entre otros– defendieron y propagaron hombres de la talla de José Gabriel García, José Joaquín Pérez, Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó, Manuel de Js. Peña y Reynoso, Manuel Antonio Cestero y el pensador cuya vida y obra constituyen hoy el tema de esta disertación: me refiero a don Ulises Francisco Espaillat.

 

De entre las múltiples facetas que adornan la vida pública y privada de ese egregio repúblico, que como bien señala el historiador Campillo Pérez, fue maestro, panadero, destilador de alcoholes, médico y, más que nada, boticario; pero que también descolló como periodista, escritor, Munícipe, legislador, diplomático, Secretario de Estado, Vice-Presidente de la República durante la gloriosa guerra Restauradora y, finalmente, como Presidente Constitucional de la República. Prócer y figura civil de muy escaso parangón en nuestra historia americana, a quien Federico Henríquez y Carvajal –y luego Emilio Rodríguez Demorizi, nuestro Heródoto moderno– comparó con la estatura política, cultural –y hasta física– de Benjamín Franklin; de entre todas sus facetas, voy a referirme, con la venia de todos ustedes, a la que menos han aludido los historiadores y biógrafos del ilustre civilista santiagués: la del Jefe de Estado, por constituir ésa la culminación de su participación activa en la vida política del país y porque en nuestro humilde juicio, fue precisamente durante el breve período en que don Ulises F. Espaillat ocupó la primera magistratura de la nación cuando producto de las más enconadas pasiones políticas experimentó las más acerbas decepciones y los más severos reveses morales de su trayectoria pública y privada.

Como se sabe, la República Dominicana fue creada el 27 de febrero de 1844 cuando triunfó la revolución inspirada sobre los principios de los trinitarios que dirigían Duarte y otros preclaros patriotas; y se desvanecieron los vínculos de dependencia que desde 1822 habían mantenido subordinado al pueblo dominicano a los dominadores haitianos. Desde esa memorable fecha hasta 1876, año en que fue electo Presidente de la República don Ulises Francisco Espaillat, en la vida política, económica y social de nuestro pueblo muchos fueron los acontecimientos que ocurrieron y amenazaron la supervivencia como nación independiente del conglomerado social dominicano. El primer elemento que salta a la vista del estudioso del proceso histórico nacional es el caudillismo. Este fenómeno sociológico –propio de las sociedades dependientes en vías de desarrollo– emergió conjuntamente con el surgimiento de la República; y estuvo caracterizado por dos vertientes principales que fueron el militarismo y la violencia; es decir, que la vida política nacional durante las primera y segunda repúblicas (1844-1861 y 1865-1916, respectivamente) estuvo condicionada por los factores militares, que casi siempre se imponían sobre la base de acciones violentas, y no por el predominio de la civilidad y de la aplicación de fórmulas democráticas institucionalizadas para resolver los conflictos sociales.

Además del caudillismo, la guerra dominico-haitiana constituyó otro poderoso factor que impidió el pleno desarrollo de las instituciones democráticas y republicanas que nacieron al calor de la revolución trinitaria y que luego fueron consignadas y consagradas en el célebre Pacto Fundamental que nuestro primer Congreso Constituyente votó en la hidalga ciudad de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Esta constante guerra dominico-haitiana, que duró 10 años, contribuyó sobremanera a agravar la crítica situación económica en que nació la República Dominicana y, evidentemente, constituyó el elemento más determinante del cauce negativo de los vaivenes políticos nacionales. A esta deplorable situación, débese agregar la constante presión internacional que sobre el joven gobierno ejercían Francia, Inglaterra y España (los Estados Unidos para la época de la Primera República aun no había puesto en práctica su Doctrina de Monroe) con el propósito de anexionar con fines coloniales parte o todo el territorio de la isla de Santo Domingo. Esa persistente presión política y económica, proveniente de las grandes potencias mundiales del momento, indujo a algunos de los caudillos dominicanos a buscar continuamente el protectorado o la anexión de la República a fin de obtener, a cambio de esa felonía, seguridad económica y política para continuar en el ejercicio del poder.

Los casos más típicos de ese afán anexionista lo constituyen Pedro Santana (quien como se sabe llegó a anexionar la República a España hacia 1861) y Buenaventura Báez, quien durante el período conocido como de los Seis Años (1868-1874) no sólo inició la perniciosa deuda externa dominicana, sino que además intentó incorporar la República Dominicana a los Estados Unidos de América.

Para 1876 los dominicanos habíamos tenido 14 presidentes, de los cuales 13 habían sido generales y un solo civil, don Benigno Filomeno de Rojas. Se habían celebrado, entre directas e indirectas, ocho elecciones presidenciales. Ulises Espaillat fue, pues, el mandatario número 15 que alcanzó la presidencia de la República y, en puridad de verdad, fue el primer político que alcanzó el solio presidencial con un programa de gobierno claramente delineado y fundamentado sobre ideas esencialmente liberales, democráticas y republicanas

Nuestro insigne repúblico resultó electo Presidente de la nación recibiendo casi la totalidad del electorado, pues de un total de 26,410 sufragantes, Espaillat recibió 24,329 votos contra 2,081 repartidos entre 60 candidatos de menor cuantía. Este dato es revelador del consenso que para entonces existió en Santo Domingo a fin de elegir como Presidente de la República a don Ulises F. Espaillat. El fenómeno, empero, no dejó de ser harto sorprendente, si se toma en cuenta que la nación dominicana apenas hacía dos años que se había sacudido de la nefasta administración de Buenaventura Báez, que duró seis años, y que los antagonismos políticos entre rojos (baecistas), azules (liberales cibaeños) y los verdes (seguidores de González) hasta ese momento habían alcanzado niveles de contradicciones poco menos que irreconciliables. El movimiento “unionista”, que había llevado al poder al general Ignacio María González, luego de la revolución nacional iniciada en 1874, fue incapaz de mantener la unidad necesaria para sostener por más tiempo al líder del partido verde en el poder político, por lo cual se decidió derrocarle del gobierno y posteriormente favorecer al distinguido santiagués con la elección a la presidencia de la República. Parece ser que al escogerse a don Ulises prevaleció la idea de un consenso nacional sobre la necesidad vital que tenía nuestro pueblo de reordenar su economía, de adecentar la administración pública y de estimular la educación para encauzar al joven país por las sendas del progreso y de la vida sosegada y pacífica de los países civilizados. Pero las cosas, lamentablemente, no sucedieron conforme a la formación civilista y nacionalista de don Ulises Espaillat, quien anheloso de llevar a cabo un experimento democracial sin precedentes en nuestra historia, prefirió sacrificar la tranquilidad de su hogar para servirle a los más puros intereses patrios. La decepción debió de ser inconmensurable para aquel espíritu noble, de quien se puede decir que cuando se vio precisado a abdicar del poder que no había buscado, porque las pasiones políticas le indujeron a ello, debió haber experimentado una muerte moral.

De Espaillat dijo en 1909, Manuel de Js. Galván, el celebre autor del Enriquillo y quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores de su Gobierno, lo siguiente:

“Ver a un ciudadano exaltado a la cima del poder público por el voto de una mayoría, cuyo número no fue ni ha sido igualado antes ni después; sin oposición de nadie; con el asentimiento de todas las facciones; y ver que casi al día siguiente los buenos elementos que se unieron para realizar esa elección, se disgregan, y vuelven presurosos a militar contra el orden legalmente establecido, bajo las respectivas banderas de las parcialidades que de antaño venían desgarrando el seno de la patria, fue un espectáculo de que apenas puede darse cuenta quien no haya sido testigo presencial de aquellos sucesos, y conocido de antemano a sus protagonistas”.

Espaillat asumió la presidencia de la República el 29 de abril de 1876 y fue obligado a dimitir de la misma el 5 de octubre de ese año. Cinco meses y seis días duró el gobierno más civilista que tuvimos los dominicanos en el siglo diecinueve. ¿Cómo es posible, cuestionarán no pocos, que un prócer de la talla de Espaillat, que al decir del doctor Balaguer ha tenido la virtud de ser en nuestra historia “la encarnación del más alto de todos los sentimientos políticos: el de la civilidad”; a quien Hostos consideraba “el hombre más digno del ejercicio del Poder que ha tenido la República”; y cuyas ideas políticas eran tan avanzadas para su época que el egregio Gregorio Luperón decía de ellas que debían convertirse en el “catecismo político del pueblo dominicano”; ¿cómo es posible, repetimos la interrogante, que un hombre de esa dimensión procérea fuese llevado a la presidencia por el consenso voluntario de las mayorías y fuera poco después derrocado sin que esa mayoría nada hiciera para mantenerlo en el poder? El caso brinda una lección singularísima, porque si se pudiera demostrar que la administraci6n de Espaillat constituyó, un fracaso o un mentis a las aspiraciones populares, la respuesta a la interrogante que precede sería evidente. Pero la gestión de Espaillat sigue constituyendo, en nuestra historia política, un verdadero y genuino paradigma. ¿Qué ocurrió entonces, durante el breve gobierno de nuestro ilustre prohombre? He aquí una breve explicación.

En 1876 Ulises Espaillat no era un improvisado en materia política. Recuérdese que había sido munícipe, legislador, que había tenido una participación de primer orden en la Revolución nacionalista del 7 de julio de 1857, y que en la Guerra Restauradora alcanzó nada menos que la vice-presidencia del gobierno en armas contra la dominación española. Era un hombre de virtudes cívicas muy sólidas y profundas. Al igual que Benigno Filomeno de Rojas, había tenido la oportunidad de conocer el sistema de la democracia representativa en los Estados Unidos, y había llegado a concebir un sistema de gobierno liberal y democrático para su pueblo dominicano. El mejor testamento de lo que afirmamos, señoras y señores, el cual nos permitirá medir en su justa dimensión el pensamiento político y social de don Ulises Espaillat, lo constituye el Mensaje al Congreso que pronunció en la ceremonia de juramentación, el 29 de abril de 1876. Como la pieza no tiene desperdicios, procederé a leerla in extenso con el permiso de todos los presentes:

“Honorables Diputados:

“Por uno de esos ocultos designios de la Providencia acabo de aceptar un puesto del cual me alejaban ayer los mismos motivos que hoy me han obligado a ocuparlo: los temores de ver el país envuelto en los horrores de la guerra civil.

“No pienso deciros que –al hacerme cargo de dirigir los destinos de la Nación– hago un sacrificio, porque creo que el hombre se debe, no sólo al suelo que lo ve nacer, sino a la humanidad entera, y porque espero que muchos de mis conciudadanos harán igualmente sacrificios, ya de una naturaleza, ya de otra.

“Las circunstancias son en extremo difíciles; sin embargo abrigo la convicción de que la Nación rechaza la guerra con horror, porque principia ya a lamentar el estéril desperdicio de sus fuerzas, y veo con satisfacción que la acción perturbadora va perdiendo camino a la par que lo van ganando los principios, no estando lejos tal vez la época en que este pueblo, tan vilipendiado y maltratado cuando ha sido mal aconsejado y mal dirigido, llegue a rendir tributo a la razón y culto a la justicia.

“Yo me ruborizaría si dijera que en mi Administración tendrán garantías todos los partidos, porque podría creerse en el extranjero que en esta República no existen leyes ni tribunales que las apliquen, porque no puede concebirse que donde haya unas y otros dejen de tener garantías todos los asociados. Espero que las tendrán todos; y como el buen régimen de las sociedades depende del respeto que se tiene a la ley, y como la experiencia me ha probado que en nuestro país el mayor número de desacatos contra ella han sido siempre cometidos por las mismas autoridades encargadas de hacerla respetar y cumplir, me desvelaré porque en adelante sean los empleados, sea cual fuere su categoría, los primeros en rendirle homenaje.

“Yo creo que en nuestro país se ha observado respecto a las conspiraciones una conducta poco lógica. Se principia por reducir a prisión mayor o menor numero de personas, y –cuando a fuerza de persecuciones la conspiración ha llegado a obtener la fuerza de que carecía– tiene lugar un levantamiento, y con sus cabecillas se manifiesta la autoridad tan débil y condescendiente, cuanto ha sido severa en sus primeros pasos. Mi parecer es que debe seguirse estrictamente la práctica contraria. Los gobiernos y sus empleados deben dar garantías a los asociados, haciendo que la ley sea debidamente cumplida; pero sería privar a los honrados y pacíficos ciudadanos y sus familias de esas mismas garantías concederlas a los malhechores que –infringiendo la ley– fomentan y dirigen rebeliones y levantamientos, porque esos indultos y garantías no significan otra cosa que la autorización para volver a cometer los mismos crímenes. Es preciso que hagamos cesar esta funesta práctica, y que en adelante todos sin excepción alguna puedan vivir bajo las garantías que la ley concede a los ciudadanos pacíficos, cualquiera que haya sido el partido en que hayan figurado.

“No es raro oír decir que a ciertas personas no se las puede castigar, ya porque pertenecen al partido que está en el poder, ya porque son buenos peleadores. Esto no puede seguir así, por más que algunos pretendan asegurar que éste sea un medio de robustecer a un partido. Yo creo que este es un gravísimo error, y pienso que si los partidos políticos aquí se han ensañado tanto, ha sido debido en su mayor parte a este ruinoso modo de entender la justicia. Sin embargo, si me fuera posible saber que la mayoría de los hombres de bien desaprueban mi modo de pensar, renunciaría desde luego al encargo de gobernar el país: no habría honra en ello.

“El estado de la Hacienda Pública, es, según es público, deplorable, y exige no tan solo una recaudación de sus rentas sumamente escrupulosa, sino también una gran moderación en los gastos, ya sea disminuyendo algunos, ya suprimiendo otros, como único medio de restablecer el crédito público. Yo deseo con toda sinceridad que el país pueda remunerar generosamente los servicios que sus hijos le han prestado en ocasiones a veces solemnes; pero las incesantes revueltas en que se ha visto envuelto lo han empobrecido a un grado tal, que hasta ahora no ha podido atender como es debido a una de las más imperiosas necesidades de la vida moral de los pueblos, como es la instrucción pública. Mucho me apena que se tenga que suprimir toda clase de gastos que no sean los indispensables de ejército y empleados de la nación, pero espero que –después de algún tiempo de prueba– el país se hallará holgado, y entonces podrá dejar ampliamente satisfechas todas sus necesidades. Hay, sin embargo, un mártir que languidece abandonado de los suyos en suelo extraño, y es justo, es decente que los dominicanos se impongan alguna privación para que tengan un pan que enviar a uno de los próceres de nuestra independencia.

“Las condiciones en que se encuentra el trabajo entre nosotros son sumamente desfavorables. Unas veces es improductivo para unos, otras, falta totalmente para muchos, y, sin embargo, los terrenos abundan y son feraces. Pero en algunos puntos hacen falta las buenas vías de comunicación, y en todos la confianza de los hacendados y algunos conocimientos indispensables de agricultura. El problema es complejo, pero resoluble, y haciendo abstracción de capitales, podríamos utilizar los recursos que posee nuestra sociedad para darle el necesario ensanche al trabajo, mejorando la suerte material del país, y morigerando al mismo tiempo las masas.

“El estado del Ejército exige, perentoriamente, que se le regularice, se le organice, moralice y discipline. Yo sé que valdría más que no lo tuviéramos, pero el estado de completa indisciplina a que nos han conducido las constantes revueltas lo hace indispensable como elemento de orden y organización.

“Es todo lo que creo que puedo decir en este discurso inaugural, porque los puntos que he tocado son de publica notoriedad, reservándome para su oportunidad hacer a este Honorable Cuerpo los mensajes de oficio que requiere el servicio público, y concluyendo por reclamar de los representantes del pueblo su valiosísima cooperación”.

Capital, abril 29 de 1876.

Esta brillante pieza oratoria, señoras y señores; magistral radiografía de la situación política, social y económica de la sociedad dominicana de 1876; no sólo contiene, aunque esquemáticamente, lo que iba a ser el programa de gobierno de Ulises Espaillat, sino que, además, constituyó una severa autocrítica formulada con el único propósito de concientizar a las mayorías acerca de la necesidad del sacrificio colectivo para rescatar a la nación del caos en que se encontraba inmersa. El discurso, pueden ustedes estar seguros, no fue del agrado de muchos. Y tengo la sospecha de que desde el mismo momento en que fue pronunciado quedó erigido en el epitafio político del gobierno que entonces se iniciaba.

En el texto recién leído ante este selecto público, se puede advertir la inmensa preocupación que embargaba a don Ulises ante las continuas guerras civiles que corroían gradualmente las bases sobre las cuales se habían constituido las instituciones democráticas dominicanas. Se refirió al pueblo vilipendiado, mal tratado, mal aconsejado y hasta ese momento mal dirigido. Ofreció un gobierno en el cual existirían plenas garantías para todos los ciudadanos; anunció que combatiría los privilegios y que la ley sería aplicada con igualdad para todos los dominicanos, sin distinción de posiciones sociales. Prometió desarrollar la instrucción pública, considerada por él como “una de las más imperiosas necesidades de la vida moral de los pueblos”. No pudo eludir referirse al deplorable estado de las finanzas públicas, el cual, para superarlo, anuncio la puesta en práctica de un régimen de austeridad que permitiría reorganizar la economía. Habló del desempleo existente, y también de la indebida utilización de nuestros recursos naturales. Criticó lo que entonces se llamaba ejército y hasta dejó entrever que ante un eventual Estado organizado, dicha institución podría desaparecer por innecesaria. Y lo que es más importante: cuando aludió al mártir que languidecía en suelo extraño olvidado por los suyos, no hablaba de otro sino del egregio Juan Pablo Duarte.

No se puede soslayar el hecho de que la sociedad dominicana de los tiempos de Espaillat era fundamentalmente una sociedad caudillista y pretoriana. Es decir, el militarismo prevalecía sobre el elemento civil. El ilustre repúblico santiagués tal vez no comprendió esta realidad y por ello no tuvo reparos en enfrentarse directamente, y desde el principio de su efímera gestión gubernativa, a los caudillos tradicionales del país y a la numerosa corte de generales que para esa época se gastaba el llamado ejército nacional. Hacia 1875, nuestro ejército tenía un promedio de 475 generales y más de 700 oficiales de menor jerarquía. La mayoría de ellos recibía sueldos del erario público, pero no eran militares activos. Muchos habían recibido sus respectivos rangos merced a su participación en las diversas contiendas civiles del país y los mantenían como una concesión de su caudillo jefe, quien de esa manera lograba mantener una clientela fija que le garantizaba cualquier movimiento insurreccional contra determinado estado de cosas.

Una vez en el poder, Espaillat conformó su gabinete con las más prestigiosas figuras públicas del momento. Para la Secretaría de Estado de Interior y Policía designó al ciudadano Manuel de Js. Peña y Reynoso; para el ministerio de Relaciones Exteriores, escogió al escritor Manuel de Js. Galván; para la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, seleccionó al historiador José Gabriel García; para la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio, nominó a Mariano Antonio Cestero; y para la Cartera de Guerra y Marina, se decidió por el bizarro general Gregorio Luperón.

Conforme a sus ideas liberales y democráticas, Espaillat quiso ensayar un gobierno flexible y de amplia participación popular. Las circunstancias, empero, no le fueron favorables. La economía del país estaba en bancarrota. No tenía dinero siquiera para pagar a los empleados públicos. Procedió a aplicar una austeridad cuyo primer paso fue suprimir los gastos políticos, las asignaciones a “militares” y los regalos que continuamente se hacían con los recursos del Estado y que, como bien señala Frank Moya Pons, para esa época “eran, en más de un sentido la garantía de los gobiernos de la época”.

Pretendió Espaillat poner en práctica un gobierno de política conciliatoria. Promulgó una amnistía general para los expatriados o asilados Por motivos políticos. Instruyó a su ministro de Interior y Policía para que se permitiera absoluta libertad de expresión y difusión del pensamiento dentro del marco de la ley. Se propuso no concertar nuevos empréstitos extranjeros, sino que aspiró a buscar la forma de equilibrar la deuda externa dominicana, que había heredado de anteriores administraciones, con el propósito de encontrar la forma más apropiada para saldarla. Ordenó a su Secretario de Guerra y Marina para que procediera a “desrojizar” el ejército, cuyos miembros –en su mayoría– eran seguidores de Báez y de González; y dispuso, además, que se procediera a reorganizar el mismo. Abogó por el establecimiento de un Banco de Crédito, de anticipo y recaudación, que entre otras cosas permitiera al gobierno sufragar sus gastos corrientes sin necesidad de tener que recurrir, como hasta entonces se hacía, a préstamos provenientes del comercio local. Y hasta llegó a permitir una oposición a mi juicio harto desaforada por parte de ciertos individuos y de la prensa local.

Las medidas económicas adoptadas por Espaillat lesionaron muchos intereses. Como el carecía de un ejército propiamente dicho,
y en nada semejaba el proceder de los caudillos (pues Espaillat
no fue caudillo),esas disposiciones y la designación de Gregorio Luperón al frente de la Secretaría de Guerra y Marina generaron animadversión y desconfianza entre muchos comerciantes y militares adictos al partido rojo.

Estimo, además, que el solo hecho de Espaillat haberse referido a Duarte –para quien siempre tuvo el más sagrado respeto– en el solemne acto de su juramentación también constituyó un elemento disociador y que le retiró un apoyo considerable. Es que bajo la época caudillesca no se podía recurrir a figuras simbólicas que no fueran los propios caudillos. Durante la Primera República (1844-1861) y gran parte de la Segunda República especialmente hasta 1884, mencionar el nombre de Juan Pablo Duarte era similar a pronunciar una mala palabra. Y ahí teníamos nada menos que a don Ulises Espaillat, electo presidente de la República merced a un consenso jamás antes visto –y nunca después– en la historia política nacional, enarbolando el nombre sin duda del más grande de todos nuestros patriotas, pero también del más odiado por los caudillos dominicanos del pasado siglo. Tal actitud del Presidente Espaillat tuvo que haber constituido un doloroso revés para quienes le brindaron su apoyo al civilista santiagués con miras a obtener, en cambio, posiciones privilegiadas en el tren gubernativo.

Aspiraba Espaillat a profesionalizar el ejército y con ese propósito designó a Gregorio Luperón al frente del ministerio de Guerra y Marina. Luperón, empero, era más comerciante que burócrata y tenía intereses que atender y serias deudas que había contraído en el exterior durante la guerra de los “Seis Años”. Pero tan pronto Espaillat asumió la presidencia reconoció la deuda contraída por Luperón como parte de la deuda nacional y, como era de esperarse, la reacción de los rojos fue acusar al gobierno de haber incurrido en actos de corrupción.

Ya para el mes de julio “militares” rojos descontentos con el sistema imperante, y con el trato que habían recibido del nuevo gobernante, se habían insurreccionado en el Norte y en el Sur; y Espaillat se había visto en la necesidad de dedicar atención al problema de las revueltas con el propósito de reducir al orden a los sediciosos, entonces dirigidos por los generales Ignacio María González y Marcos A. Cabral, quienes actuaban invocando el nombre de Buenaventura Báez.

“Todo principio de unidad quedó roto –diría Manuel de Jesús Galván–; los esfuerzos del Gobierno por sostener el orden fueron inútiles, la pesar de haber conseguido salvar a la Capital y a Santiago sitiadas por numerosas fuerzas rebeldes, y de haber batido a los facciosos en campo raro muchas veces. Lo que resultaba de la derrota de un bando era mayor refuerzo para el bando que le era opuesto, en tanto que el Ejército leal se diezmaba por los combates o se descorazonaba por la continua reproducción de la lucha”.

“Espaillat afrontó la situación con estoica entereza, pero llena el alma de profundo pesar y desconsuelo, al verse obligado por deber a resistir al desorden y defender los intereses sociales. Para él –sigue diciendo Galván– era el mayor de los conflictos aparecer empeñado en conservar una investidura que le había sido impuesta a pesar suyo,… Quiso arrancarla de sus hombros desde que percibió el primer síntoma de que la guerra civil era inevitable; pero sus ministros, sin excepción, le representaron que sólo 11 podía y debía restablecer el orden y la paz en la República, y que su renuncia a la presidencia no daría otro resultado que abandonar las fuerzas leales que sostenían la campaña y entregar el país completamente a la anarquía”.

“Los que estuvimos a su lado hasta el fin, y presenciamos las dolorosas pruebas, las zozobras y hasta las personales privaciones de aquel virtuoso ciudadano, separado de su hogar, temiendo lo peor para su familia ausente bajo el asedio enemigo, y todo por haberse resignado en pro del bien público a una posición política culminante que él quiso rehuir y voluntades ajenas le impusieron; los que vimos día por día ese largo martirio, y la serenidad con que aquel varón justo y bueno conllevó tan inmerecidos sufrimientos, aprendimos entonces a conocer y abominar todo lo que hay de sombrío, de cruel y de brutal en esos estados de anarquía, en que los hombres y los pueblos pierden la noción del bien y del mal, y obran como fuerza loca e inconsciente hasta llegar al suicidio”.

Ante esas penosas circunstancias, Espaillat “no podía tolerar la idea de que fuese necesaria la efusión de sangre para sostenerlo en el poder que tan odioso le era; y a raíz de una rebelión de militares en la Capital quienes constituyeron una Junta Superior Gubernativa y desconocieron, mediante un manifiesto insurreccional, al gobierno del Presidente Espaillat, éste afirmó que no deseaba que por su causa se derramara más sangre y buscó asilo, primero en el consulado británico, y luego en la representación diplomática francesa acreditada en el país. Pero antes de dimitir del poder para el cual había sido el preferido de las mayorías, el ilustre Repúblico, quien en cierta ocasión había sostenido que en Santo Domingo se llamaba política “a la falta de toda noción de gobernar, y a la sobra de intrigas sucias, inmorales e indecentes”, se expresó de esta suerte:

“Yo creí de buena fe que lo que más aquejaba a la sociedad de mi país era la sed de justicia, y desde mi advenimiento al Poder procuré ir apagando esa sed eminentemente moral y regeneradora. Pero otra sed aún más terrible la devora: la sed de oro”. Extraña paradoja: quienes apoyaron a Espaillat para la presidencia fueron los mismos que injustamente propiciaron su derrocamiento. El propio Espaillat le diría al General Cabral, en carta que le escribiera durante los sucesos que produjeron su dimisión de la presidencia, lo siguiente: “No sé qué excusa podrán ofrecer ante la opinión, ante Dios, ante su propia conciencia, los que no hace tres meses que me levantaron en alto; y, sin darles yo motivo alguno, sin faltar a mi programa y a mis principios de antemano conocidos, hoy parece que se complacen en mi descrédito y caída, como si sólo me hubieran elevado para tener el gusto de precipitarme”.

Se disponía el insigne civilista, a quien Manuel de Js. Galván con toda propiedad llamó al Presidente mártir, a abandonar el país hacia el amargo exilio, cuando la situación política experimentó un radical cambio y, para decirlo con palabras del célebre autor del Enriquillo, “los que habían derrocado a Espaillat fueron derrocados a su vez por el partido baecista, bajo la dirección del general D. Marcos A. Cabral”, quien tan pronto tuvo la oportunidad acudió al consulado francés e instó al Presidente depuesto para que no abandonara el país y se reintegrara al seno de su familia en su amado pueblo natal de Santiago de los Caballeros.

En diciembre 20 de 1876, el Presidente depuesto, en breve manifestación pública, se despidió de sus conciudadanos capitaleños en estos términos:

“Me despido de la Ciudad Capital, de la que he sido huésped durante siete meses, donde fui acogido con extremada benevolencia, y donde también he recibido innumerables pruebas de simpatía y aprecio de sus cultos habitantes.

Regreso hoy al seno de mi familia –del cual me sacó el fatal error de haber creído que podía contribuir a la paz del país– para dedicarme exclusivamente, como antes, al ejercicio de mi profesión u oficio.

Al dejar un puesto en donde no tuve tiempo para ver realizadas algunas, siquiera, de las muchas y legítimas aspiraciones de esta sociedad, deseo con toda sinceridad que el ciudadano que deba reemplazarme logre el fin que yo no pude alcanzar.

El deseo de permanecer en mi país, dice a las claras que no me reservo para más tarde ni para nada, implicando al mismo tiempo la más completa abstención de los negocios públicos”.

De esa manera terminó el Gobierno de Espaillat: el primer experimento liberal y democrático del pasado siglo y el cual las pasiones políticas impidieron desarrollarse en todas sus manifestaciones. Mucho se ha hablado respecto de cuál ha sido el mejor Presidente que hemos tenido los dominicanos y el que mayores decepciones y sufrimientos ha experimentado en pleno ejercicio del poder.

De entre los cinco mandatarios que en la historia política dominicana descuellan como genuinos exponentes de la civilidad y de la democracia, Espaillat sin duda ocupa la primacía. Y para concluir, solicito a este amable auditorio que se me permita referirle esta breve anécdota:

Hacia 1930 se suscitó en Santo Domingo, en el seno de un grupo de intelectuales, una interesante polémica acerca de quién había sido el mejor Presidente dominicano. Las opiniones fueron muy diversas. El Libertador Santana, sostenían algunos, había sido el mejor exponente de un mandatario eficaz; que el Gran Ciudadano Báez, afirmaban otros; que el Protector Cabral, aclamaban varios; que Espaillat, que Meriño, que Billini, que Lilís, y así cada cual externaba su opinión en relación con el Presidente de su preferencia personal o política. La polémica quedó parcialmente superada cuando a alguien se le ocurrió publicar una carta y afirmar que el mejor Presidente que hasta ese momento habíamos tenido los dominicanos era la Esperanza.

Y ahí permaneció el asunto.

Vivimos en tiempos que requieren, como cuando Espaillat, de grandes sacrificios a fin de rescatar al país del caos administrativo y de la bancarrota económica. El sacrificio debe ser de todos; y el distinguido Ciudadano que hoy ocupa la primera magistratura de la nación así lo ha externado en numerosas oportunidades. Los dominicanos, hoy más que nunca, no necesitamos de la Esperanza de que se habló en 1930, sino de muchas esperanzas; y ojalá que esas esperanzas sean, aunque guardando las distancias históricas y las épocas, como Ulises F. Espaillat, el más abnegado e

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s