HAITÍ SÍ OCUPÓ SANTO DOMINGO EN 1822

 

Juan Daniel Balcácer*

En un artículo aparecido en una publicación digital identificada como “Bookmanlit”, con sede en Miami, titulado “Haiti never occupied the Dominican Republic: Time to Put The Myth Aside” (“Haití nunca ocupó la República Dominicana: es hora de poner el mito a un lado”), sus autores incurren en flagrantes manipulaciones históricas y acusan al Gobierno dominicano de propagar el aludido mito a fin de presentar a Haití como una nación beligerante contra el pueblo dominicano. Sostienen, además, que la “clase dominante” dominicana supuestamente infunde entre sus connacionales animosidad y prejuicio racial contra los haitianos, cosa que, según alegan, se ha puesto de manifiesto a través de la Sentencia 168-13 recientemente evacuada por el Tribunal Constitucional.

La República Dominicana fue proclamada Estado soberano e independiente de los haitianos el 27 de febrero de 1844. Todo el mundo sabe que desde 1822 a 1844 el pueblo dominicano estuvo sometido al gobierno haitiano y que fue de esa dominación que la comunidad de la parte española de la isla de Santo Domingo decidió primero separarse, para luego crear un Estado nación libre e independiente de toda dominación extranjera.

Nada más enterarse los gobernantes y legisladores haitianos de la época del triunfo del movimiento independentista, optaron por no reconocer el derecho que le asistía a los habitantes de la parte española de la isla para constituirse en una nación soberana, como lo habían logrado los propios haitianos en 1804, sino que, por el contrario, decidieron invadir militarmente la recién creada República con el propósito de aniquilarla y nueva vez someter al pueblo de Santo Domingo al dominio haitiano. Entre 1844 y 1856 tuvo lugar la Guerra dominico-haitiana que, a lo largo de cuatro o cinco campañas militares consistió, en el enfrentamiento permanente entre diferentes gobiernos haitianos que insistían en recuperar la parte del Este y la resistencia heroica de los gobiernos dominicanos que repelieron con éxito las tentativas haitianas para restablecer la “una e indivisible” tal y como consignaba su Constitución desde los tiempos de Toussaint.

En este punto conviene hacer algunas precisiones de carácter histórico para refutar las distorsiones en que incurren, acaso de manera involuntaria, los autores del referido artículo. Sostienen que Jean Pierre Boyer, en 1822, no invadió la parte del Este de la isla, porque el Santo Domingo español, es decir, el pueblo dominicano, ya era parte integral del Estado haitiano y, consecuentemente, Haití no podía invadirse a sí mismo. Nada más falso. Si bien es cierto que en 1795, mediante el Tratado de Basilea, España cedió a Francia la parte española de la isla de Santo Domingo, no lo es menos la circunstancia de que cuando en 1801 Toussaint Lverture unificó la isla en nombre de Francia, obró sin contar con la anuencia de Napoleón Bonaparte quien tan pronto tuvo oportunidad envió una imponente expedición armada, al mando de su cuñado el general Leclerc, para que recuperara la isla de Santo Domingo.

Es verdad que Leclerc no pudo recuperar la isla completa, pero no menos cierto es que la parte española quedó bajo control de los franceses desde 1803 hasta 1808 cuando se produjo la revolución de La Reconquista, que acaudilló Juan Sánchez Ramírez. Los autores del mencionado artículo omiten adrede que en 1814, por virtud del Tratado de París, Francia retrocedió a España su antigua posesión de la parte del Este de la isla de Santo Domingo, de suerte tal que para 1822, cuando Boyer invadió la parte española de la isla, hacía ocho años que los dominicanos españoles habían dejado de ser posesión o colonia francesa. Se trató pues de una invasión porque, a despecho de que hubo algunas cartas de individuos aislados, sobre todo del Cibao, solicitando la intervención de Boyer ante el hecho consumado del proyecto independentista de José Núñez de Cáceres, lo cierto es que la comunidad dominicana había decidido separarse de España y constituirse en Estado independiente. Boyer, en consecuencia, al proceder como lo hizo no respetó el deseo del colectivo dominicano, que estaba a tono con los movimientos secesionistas de las antiguas posesiones españolas en lo que hoy es América Latina, y violó el sagrado derecho del pueblo de Santo Domingo a su emancipación definitiva de un país extranjero.

El ensayo citado también presenta al pueblo haitiano como el auténtico propietario de la isla de Santo Domingo, cuyos legisladores, en un acto de generosidad, después de 1867 excluyeron de su Pacto Fundamental el Artículo que hablaba de “la isla de Haití” con el propósito de no continuar representando una amenaza para sus “nuevos vecinos”, los dominicanos. Entre otras cosas, concluye, en que la cuestión territorial fue definida mediante el Tratado de 1929.

La cuestión territorial es otra historia que data desde los lejanos tiempos coloniales, cuando todavía no asomaba en el horizonte de América el Estado haitiano, y la isla era compartida por la colonia del Santo Domingo francés, en la parte Occidental, y por la colonia del Santo Domingo español, en la parte del Este. Sabemos que en plena revolución de los esclavos del Santo Domingo francés, Toussaint Louverture, hacia 1794, ocupó las poblaciones dominicanas de Hincha, Las Caobas, San Rafael y San Miguel de la Atalaya que eran una prolongación del Valle de San Juan. Al proceder de esa manera, el Libertador de los Negros desconoció lo estipulado por el Tratado de Aranjuez de 1777 respecto del territorio que correspondía a ambas comunidades. Sin embargo, a partir de entonces la línea trazada por el tratado de Aranjuez quedó algo indefinida, aun cuando las autoridades dominicanas no reconocieron el derecho de posesión de la República de Haití sobre las referidas poblaciones que, con el devenir del tiempo, fueron absorbidas geográfica y culturalmente en el decurso del período 1822-1844.

Andando el tiempo, y luego de la última campaña militar de la Independencia nacional, que tuvo lugar en 1856, el Estado dominicano se vio compelido a reconocer lo que de hecho ya había devenido en una situación “de jure”. Así las cosas, cuando en 1874 se suscribió el primer Tratado dominicano-haitiano, la ocupación de los territorios que anteriormente habían pertenecido a los dominicanos, en ahora en poder del Estado haitiano, quedaron oficializados, por decirlo así, más allá de la línea de Aranjuez. No obstante, el reconocimiento formal de esa apropiación territorial en que paulatinamente incurrieron los haitianos tuvo lugar en 1929 a raíz del Tratado Vásquez-Bornó cuando, mediante este instrumento jurídico, fueron definitivamente traspasadas las tierras que nuestros vecinos de Occidente ocuparon totalmente desde 1856. Fue menester incluso modificar la Constitución dominicana, en su Artículo 3, sobre la conformación del territorio nacional.

Como puede constatarse, cuanto antecede es parte de lo que reseñan de manera objetiva algunos de los textos escolares y académicos de la República Dominicana en torno de las relaciones dominico haitianas de mediados del siglo XIX y parte del siglo XX. Nada de eso es mito ni narrativa de ficción inventada por la “intelligentsia” dominicana ni por la llamada “clase dominante” nacional, como se afirma en el artículo de marras, con supuestos fines de presentar una imagen distorsionada del pueblo haitiano, por lo que conviene concluir afirmando que Haití sí ocupó y sometió a su dominio al pueblo de Santo Domingo entre 1822 y 1844; y que Haití sí invadió militarmente el territorio nacional durante la llamada Guerra dominico-haitiana, que duró desde 1844 hasta 1857.

 

*El autor es historiador. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.

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La independencia nacional y la historia escolar

Conferencia Magistral dictada por el historiador Juan Daniel Balcácer con los auspicios del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, el martes 25 de septiembre de 2012.

 

Señoras y señores:

La independencia nacional es un acontecimiento político que en la mayoría de los textos escolares, por virtud de lo que podría denominarse una sinécdoque histórica, generalmente se relaciona con el 27 de febrero de 1844, es decir, con el día en que fue proclamada la República.

Pocos son los textos que se refieren a la independencia nacional como un proceso social cuya génesis, desarrollo y cristalización transcurrieron en un determinado período histórico insertado en un contexto internacional; y pocos son también los libros de historia patria en matizar con claridad cristalina que la revolución independentista de 1844 no fue resultado de la acción de un solo día, ni mucho menos obra exclusiva de un solo hombre, aunque es evidente que Juan Pablo Duarte fue su más alto exponente doctrinal e ideológico.

La enseñanza de la historia patria a través de los textos escolares data de mediados del siglo XIX y uno de sus propósitos fundamentales es la legitimación del Estado-nación cuyos ideólogos, inspirados en el legado de los Enciclopedistas y del Romanticismo, comprendieron la necesidad de estimular en el ciudadano, por medio de la representación del pasado, el sentimiento de pertenencia y lealtad al país, al tiempo de crear la memoria social y fortalecer la identidad nacional.

Existen tres modelos o esquemas de representación de la historia a través de los cuales se tiene acceso al pasado. Esas tres formas de representar el pasado han sido objeto de numerosos estudios por parte de especialistas en historia, sicología, sociología, pedagogía y lingüística, y son fundamentalmente la historia académica; la historia escolar y la historia cotidiana. Por lo general, existe cierta contradicción entre los contenidos narrativos, ideológicos y metodológicos de cada una de estas formas de representación del pasado, circunstancia que contribuye a generar percepciones diferentes acerca de la genealogía histórica de una nación.

La historia académica es la que cultivan los historiadores profesionales de conformidad con “la lógica disciplinaria de un saber instituido bajo condiciones sociales e institucionales específicas”. La historia escolar, en cambio, suele ser en gran parte una especie de adaptación de textos académicos, pero estrictamente ceñida a un currículo educativo especialmente diseñado para ser utilizado en el sistema escolar básico y medio de acuerdo con la ideología dominante. La historia cotidiana es en muchos aspectos diferentes de las dos representaciones anteriores, pues es el producto de una memoria colectiva que asimila la mente de los ciudadanos y está hecha del recuerdo, también del olvido, de mitos y de tradiciones orales.

“La historia escolar –ha escrito el profesor Mario Carretero, especialista en Psicología Cognitiva- brinda contenidos que se estructuran como narración oficial de la experiencia del pasado común, a los que se agrega una importante carga emotiva destinada a crear identificación (con los próceres y “hombres de la patria”) y un sentimiento de lealtad y pertenencia, fortalecida por el uso de los símbolos patrios, los íconos y los himnos de la rutina escolar. La historia académica ofrece un saber institucionalizado dentro de las ciencias sociales, el cual nace y se constituye en función de los Estados nacionales, a los que aporta la garantía de legitimidad del pasado común que da lugar al desarrollo de la identidad. Por último, la historia cotidiana significa de modo informal parte del “saber enseñado” y parte del “saber sabio”, y lo utiliza para interpretar el presente en clave de “actualidad”.

De la fiabilidad en el uso de las fuentes o huellas que hace el historiador para reconstruir el pasado con ayuda de cualquiera de esos tres modelos dependerá la percepción que tendrán los estudiantes al entrar en contacto con el pasado, “ese país extraño”, como lo denominó el historiador David Lowenthal.

En el caso del tema que nos ha congregado en esta noche, la independencia nacional y la historia escolar, debemos tener presente que todo cuanto el estudiante aprende en el aula está supeditado a un contenido específico diseñado por expertos en currículos educativos quienes, mediante lo que se conoce como transposición didáctica, de manera selectiva y de acuerdo con sus perspectivas ideológicas adaptan narraciones, relatos, sobre personajes y acontecimientos para ser destinados a la enseñanza de la historia patria.

Una breve revisión de varios textos de historia patria o escolar nos permitirá forjarnos una clara idea de cuáles contenidos y conceptos aprendieron y asimilaron diversas generaciones de dominicanos acerca de la independencia nacional y del pensamiento político de Juan Pablo Duarte.

En el siglo pasado, durante más de 50 años, en nuestro sistema escolar se utilizó un texto de historia patria que, al decir de Frank Moya Pons, devino en una suerte de “biblia histórica en la que estaba toda la verdad de lo que había ocurrido en la Isla desde la llegada de Colón hasta la llegada de los americanos en 1916”. Me refiero al Resumen de Historia Patria, de Bernardo Pichardo. En adición a esta obra (que fue una apretada síntesis de la Historia de Santo Domingo de José Gabriel García), durante la llamada Era de Trujillo en el nivel de primaria se utilizaron alternativamente otros textos de la autoría de J. Marino Incháustegui, a quien también debemos una Historia dominicana, en dos volúmenes, que figura en la “Colección del 25 Aniversario de la Era de Trujillo”, conjunto de obras publicado cuando el régimen conmemoró pomposamente sus cinco lustros de opresión y tiranía.

Casi un decenio antes, en 1944, con ocasión del centenario de la República, se publicó otro libro que fue declarado texto oficial y del que guardo impresionantes recuerdos por sus grabados y por la forma casi simiesca (para utilizar un término del ingeniero José Israel Cuello) con que el ilustrador representaba a los personajes haitianos en contraste con las fisonomías refinadas de los dominicanos. El título de ese libro fue Historia gráfica de la República Dominicana, texto de José Ramón Estella e ilustraciones de José Alloza Villagrasa. En 1969 tuvo lugar la última reimpresión del Resumen de historia patria y a partir de ese año hasta 1977 en las escuelas dominicanas se utilizó alternadamente otro texto escrito por Jacinto Gimbernard con el título de Historia de Santo Domingo.

Como puede constatarse, desde 1922 hasta 1976 diversas generaciones conocieron el pasado dominicano a través de los textos recién citados, caracterizados por su contenido narrativista, providencialista, hispanista, racista y tradicionalista. Desde 1977, sin embargo, comenzó una nueva etapa en la historiografía dominicana con la publicación de modernos enfoques teóricos y metodológicos sobre la historia nacional por parte de los historiadores Frank Moya Pons, Roberto Cassá, Franklin Franco, Danilo de los Santos, Valentina Peguero y otros. Como las obras de estos autores contemporáneos no son objeto de mi estudio, me circunscribiré a destacar qué dicen (y qué omitieron) aquellos textos que predominaron en el ámbito escolar durante poco más de 50 años sobre nuestra independencia nacional y las ideas políticas de Juan Pablo Duarte.

En el concepto de los historiadores tradicionales la independencia nacional significaba lo mismo que separación, un término muy en boga en época del pronunciamiento del Conde del 27 de febrero de 1844 que dio como resultado la proclamación de la República. Como saben todos los estudiosos de ese período, separación fue el término utilizado por el sector conservador en contraste con el de independencia, que postulaban Duarte y sus compañeros de lucha. El vocablo, incluso, forma parte del encabezado del célebre documento que circuló en la parte española de la isla desde el 16 de enero de 1844 titulado Manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República haitiana. Resulta curioso que en ese documento, considerado nuestra Acta de Independencia, no se menciona la palabra independencia. Su redactor, que lo fue Tomás Bobadilla, prestante figura del sector conservador, se cuidó de no utilizar dicho término, primero porque no profesaba la doctrina nacionalista y, segundo, porque se trataba de un concepto clave del discurso nacionalista de los trinitarios.

En los primeros textos de historia patria utilizados en el país los vocablos de separación e independencia aparecen como si fueran sinónimos, a pesar de que desde una perspectiva ideológica expresaban realidades políticas distintas. En el segundo volumen de la Historia de Santo Domingo, José Gabriel García, al reconstruir el período durante el cual se gestó el movimiento nacionalista acaudillado por Duarte, lo tituló “Período de la separación dominicana” y es a partir de dicha obra que en la historiografía tradicional se habla de “separatistas” y “anti-separatistas”. Los textos destinados a la enseñanza en las escuelas, y que fueron posteriores a las obras de García y de Manuel Ubaldo Gómez, siguieron esa tradición y sus autores se empeñaron en vincular el concepto de libertad al de separación definitiva del gobierno haitiano. Pero, si obramos con honestidad, debemos resaltar el hecho de que la concepción nacionalista de Juan Pablo Duarte propugnaba por la necesidad de disolver los lazos que unían a las comunidades haitiana y dominicana con el fin de establecer un Estado nación libre e independiente de toda potencia extranjera.

La primera vez que Bernardo Pichardo menciona el nombre de Juan Pablo Duarte (en el apartado de 14 páginas dedicado a explicar la dominación haitiana y el período revolucionario que culminó en la proclamación de la República) es en un párrafo extraído del segundo tomo de la Historia eclesiástica de Santo Domingo del presbítero Carlos Nouel. En apenas unas cuantas líneas leemos que : “Los errores de Boyer comenzaban a producir sus naturales frutos” y Duarte, al regresar de la antigua Metrópoli, “se unificó íntimamente con la Patria”, en desventura. Luego añade que la mayoría del pueblo “sufría con impaciencia” el dominio haitiano y anhelaba demostrar que entre dominicanos no había división de castas y de condiciones, y que todos formaban una familia unida por la religión y el amor dispuestos a luchar por la Libertad” (libertad con L mayúscula).

Los trinitarios, agregó, luchaban por la “separación definitiva” del dominio haitiano; y mientras los primeros representaban “la idea de libertad”, los segundos “la fuerza que reprime”. Salvo escuetas referencias a la sociedad secreta La Trinitaria y el juramento, su lema sacrosanto de Dios, Patria y Libertad, la persecución contra Duarte y compañeros y el pronunciamiento del Conde el 27 de febrero de 1844, Bernardo Pichardo no explicaba la trascendencia y magnitud del proceso independentista, ni tampoco señalaba en cuáles fuentes doctrinales había abrevado Juan Pablo Duarte para concebir su proyecto nacionalista.

El estudiante pues quedaba supeditado a lo poco que podía leer en el texto de Pichardo, también a la imaginación, si es que imaginaba algo, y a todo cuanto en el aula podía ampliar el profesor en relación con el tema estudiado, que en el caso de la independencia nacional se enfatizaba lo perjudicial y mostrenca que había sido la dominación haitiana. Luego, finalizada la jornada escolar, el estudiante llegaba al hogar y allí probablemente escuchaba otra versión diferente acerca de los procesos y personajes estudiados que sus padres habían asimilado de la memoria social. Así, el estudiante se encontraba frente a un galimatías de percepciones y de formas distintas de representar e interpretar el pasado, esto es, a la confrontación de contenidos entre la historia escolar y la historia cotidiana, pues solo en el ámbito universitario el estudiante, ya adulto, tendría la madurez suficiente para leer y comprender otros enfoques provenientes de la historia académica.

Poco más de 50 años, apareció el texto de Jacinto Gimbernard que, como ya se indicó, devino de uso oficial en las escuelas públicas y privadas desde 1969 hasta 1977. En la primera edición, auspiciada por la Librería Dominicana, del recordado Julio Postigo, al describir el movimiento independentista, leemos que: “Boyer, con mano férrea mantuvo al pueblo dominicano y al haitiano sometidos a su tiránico poder hasta que en 1838, la juventud dominicana que se había formado en el sufrimiento y la humillación, coordinó sus esfuerzos rebeldes para iniciar el movimiento que culminaría con el fin de la dominación de los crueles vecinos de occidente.”

El autor procede entonces a describir la fundación de La Trinitaria, el sagrado juramento, la posterior creación de La Filantrópica (para propagar ideas revolucionarias a través del teatro), y de la influencia ejercida por el padre Gaspar Hernández en los jóvenes trinitarios quienes asimilaron, en las cátedras de filosofía y política que impartía aquél humanista peruano, “el espíritu de rebelión contra los haitianos”.

Con el fin de precisar que Duarte es el propagador de la idea independentista, Gimbernard afirma que fue el líder trinitario quien, “educado en España y conocedor de la masonería, ideó la organización del trabajo revolucionario en forma de tríos” y concluye de la siguiente manera: “Duarte, figura sin embargo que es honra de la historia dominicana… camina con paso noble, firme y digno por las rutas de la inmortalidad”.

En los textos escolares anteriormente citados, el estudiante aprendió conceptos tales como “dominación”, “opresión”, “sufrimiento”, “humillación” colectiva, que si bien se referían a una realidad histórica específica, contenían una alta dosis de etnocentrismo cultural e histórico; sin embargo, a mi entender, los conceptos de “libertad e independencia” carecían de contenido ideológico. Se comprende que durante la dictadura de Trujillo no se abundara sobre el verdadero significado de los referidos conceptos a la luz de la doctrina del liberalismo enarbolada por las revoluciones norteamericanas y francesa de 1776 y 1789; pero después de erradicada la tiranía, sobre todo con posterioridad a la Guerra Patria de 1965, asombra constatar que todavía en los niveles primarios y secundarios (hoy educación básica y media), persistiera esa suerte de alienación ideológica consecuencia de programas curriculares sobremanera conservadores. (Es de justicia señalar que en posteriores reimpresiones de su obra, Gimbernard introdujo apreciables correcciones y adiciones a su libro, por lo que en el presente trabajo solo me refiero a la primera edición.)

Al revisar los textos de historia patria comentados se podrá comprobar que muchos dominicanos emergieron del sistema escolar exhibiendo un desconocimiento asombroso de todo cuanto implicó el proceso de la independencia nacional y de la trascendencia del pensamiento político duartiano. En cambio, otro ha sido el panorama en el marco de historiografía académica en el que se ha discutido con bastante amplitud si tras la proclamación de la República Dominicana los dominicanos tuvimos o no independencia plena. Incluso, ha habido eminentes pensadores criollos quienes han sostenido que la independencia nacional se materializó luego de un largo proceso que se inició en 1821, colapsando durante 22 años; alcanzó su cima más alta el 27 de febrero de 1844; languideció nueva vez en 1861 tras la Anexión a España, para resurgir radiante y plena de vigor cuatro años después a raíz del triunfo de los restauradores; y finalmente la independencia nacional logró cristalizarse en 1874 cuando culminó la guerra de los Seis Años contra el general Buenaventura Báez. En ese momento histórico, escribió Pedro Henríquez Ureña, llegó a su término “el proceso de intelección de la idea nacional.”

No cabe dudas de que como todo gran acontecimiento histórico, la independencia nacional no fue obra de unos pocos hombres, ni mucho menos se materializó plenamente en un solo día. Se trató de un proceso social y político a través del cual el pueblo de Santo Domingo, o, lo que es lo mismo, el pueblo dominicano, fue gradualmente adquiriendo conciencia de su verdadera identidad cultural e histórica y de su genuina vocación por el sistema democrático y por el establecimiento de un Estado nación libre e independiente bajo la modalidad de una República.

En cuanto respecta a Juan Pablo Duarte, solo los textos escolares escritos a partir de 1977 nos presentan un rostro menos mitificado y más humano del insigne revolucionario. A diferencia de la historia escolar predominante durante el período 1922-1977, de la cual emerge una imagen de un Duarte idealista y soñador, más poeta que revolucionario pragmático, la nueva historiografía pone de manifiesto, con el apoyo de fuentes de irrecusable veracidad, que Duarte fue un liberal y un nacionalista por excelencia.

El liberalismo, lo mismo que el nacionalismo, tienen su punto de partida en los movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII tanto en Estados Unidos como en Europa, específicamente en Francia. Es el período de efervescencia política y social que discurre entre 1789 y 1848, período que Eric Hobsbawn ha denominado acertadamente “la Era de la Revolución”, porque supuso “la mayor transformación en la historia humana desde los remotos tiempos en que los hombres inventaron la agricultura y la metalurgia, la escritura, la ciudad y el Estado.

Esta revolución, agrega el eminente historiador británico, “transformó y sigue transformando [desde entonces] al mundo entero” y, lo mismo en Europa que en América, conquistó numerosos prosélitos quienes no tardaron en liderar los movimientos independentistas ocurridos entre 1804 y 1825. En la península ibérica, por su parte, el liberalismo y el nacionalismo se manifestaron a partir del movimiento independentista que se inició el 2 de mayo de 1808.

Es evidente que esos movimientos sociales de América Latina de alguna manera contribuyeron a inspirar y conformar el pensamiento político liberal que asimiló y preconizó Juan Pablo Duarte, quien, cuando tuvo la oportunidad de viajar a Europa en el lapso 1824-1832, radicándose en España, específicamente en Barcelona, ya tenía referencias de que en la América hispánica se habían proclamado independientes los siguientes pueblos: Haití, 1804; Paraguay, Venezuela, Ecuador, 1811; Colombia, 1813; Argentina, 1816; Chile, 1818; Perú, México y Santo Domingo, 1821; Confederación Centro Americana en 1825 (que luego se escindió en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica); Brasil, 1822; y Bolivia en 1825.

Durante su permanencia en el extranjero, Juan Pablo Duarte fue testigo de extraordinarias transformaciones revolucionarias que experimentó Europa, especialmente España, que entre 1815 y 1848 fue estremecida por incesantes conflictos políticos escenificados por los defensores del antiguo régimen absolutista y por aquellos que luchaban por implantar la ideología liberal y el sistema económico de libre competencia por el que propugnaban las burguesías emergentes. Consecuentemente, en España se luchó contra la ocupación francesa; se abogó por la independencia del suelo español al amparo de una ideología renovadora que albergaba nuevas energías nacionales, inspirada en el romanticismo literario que enfrentó a sectores que posteriormente, en el caso de la parte española de la isla de Santo Domingo, no resultarían desconocidos para Duarte: conservadores, que preferían mantener las cosas tal y como estaban; tradicionalistas y reformistas, que preconizaban una que otra reestructuración del sistema, pero, en esencia, sin introducir cambios sustanciales que beneficiaran al colectivo; y finalmente la clase de los liberales nacionalistas.

En la antigua Metrópolis, el futuro fundador de la República Dominicana pudo entonces constatar la influencia que tuvo en esas generaciones de españoles la Constitución de Cádiz de 1812. Comprobó, también, la eficacia que desempeñó la masonería como artífice de los movimientos revolucionarios que presenció, al igual que un conjunto de Sociedades Patrióticas que luchaban por implantar, en contraposición al decadente estado absolutista, un liberalismo económico y un romanticismo espiritual, cuyo ámbito de acción fueron Madrid y Barcelona, especialmente esta última ciudad –donde Duarte estableció residencia – que fue “centro de la vorágine liberal…, y foco del único núcleo burgués importante de España”.

En el corpus doctrinal duartiano aparecen claramente definidos los conceptos de nación, pueblo, soberanía nacional, independencia nacional y dominación extranjera pues es evidente que las corrientes políticas más avanzadas de la época, que irradiaban hacia el llamado Nuevo Mundo desde la vieja Europa, tuvieron gran impacto en el pensamiento político de Duarte quien, como sabemos, concibió la independencia nacional como “la fuente y garantía de las libertades patrias, la Ley Suprema del Pueblo Dominicano”. La nación dominicana, escribió en su Proyecto de Constitución, era “la reunión de todos los dominicanos”; y respecto del pueblo dominicano afirmó que debía ser “siempre libre e independiente de toda dominación extranjera” y jamás “patrimonio de familia ni de persona alguna propia y mucho menos extraña”.

El credo político liberal de Juan Pablo Duarte no concebía compromisos de ninguna especie; ni admitía intromisiones de poderes extranjeros, salvo que se tratara de diáfanas relaciones entre Estados soberanos. Tampoco consentía en que a cambio de alguna ayuda –por perentoria que ésta fuese-, los dominicanos cedieran una sola pulgada de su territorio, porque ello constituía, según su particular cosmovisión, una precondición sine qua non para la ulterior ocupación de la isla completa.

Conclusión

 

Es frecuente escuchar el siguiente cuestionamiento: ¿Por qué la generalidad de los dominicanos tiene una percepción algo difusa sobre la faceta revolucionaria y sobre el pensamiento político de Juan Pablo Duarte? De igual modo, muchos inquieren sobre las causas que han contribuido a que la mayoría de la población tampoco haya podido comprender en su justa dimensión la significación y trascendencia del movimiento independentista liderado por Duarte.

Hay quienes creen que ese desconocimiento obedece al hecho de que se trata de procesos y personajes muy remotos y de que las generaciones del presente solo piensan “en el aquí, en el hoy”, y en lo que podría depararles el porvenir. Sus modelos o paradigmas ideales no son precisamente los prohombres que vivieron hace más de siglo y medio. En mi humilde concepto, esas deficiencias cognoscitivas respecto de procesos como la independencia nacional y de personajes de la estatura procera de Juan Pablo Duarte, obedecen en gran parte a los limitados contenidos históricos que a lo largo de 55 años conocieron y asimilaron varias generaciones a través de la historia escolar.

 

 

Pasado y Presente .La otra historia dominicana, de Frank Moya Pons ( 2nda parte)

Por Juan Daniel Balcácer

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La tradición historiográfica liderada por Leopold Von Ranke no fue el único aporte de Alemania a la ciencia de la historia, pues no puede pasarse por alto la contribución a los estudios históricos de la corriente historiográfica marxista, que adquirió notable auge en la primera mitad del siglo XX, durante el período de entre guerras, especialmente después de la revolución bolchevique de 1917, bajo el influjo de la llamada “escuela soviética de historiografía”, a despecho del rígido esquema dogmático de interpretación histórica que le impuso la escuela estalinista.

Sin embargo, fue a partir de la revolución cultural de 1968, movimiento que implicó una ruptura generacional en diversos órdenes a escala mundial, cuando los estudios históricos experimentaron otra nueva conmoción y mutación en sus diversas metodologías de investigación tras los novedosos aportes intelectuales de la denominada “Nueva Historia” francesa, (liderada por Jacques Le Goff, Roger Chartier y Jacques Revel, entre otros); de la “escuela socialista británica”, entre cuyos principales exponentes se hallan Lawrence Stone, Edward P. Thompson y Eric Hobsbawn; de la “Nueva Historia Económica” o “New Economic History” estadounidense, a la que también se alude como “cliometría”; tendencias estas que, imbricadas con las demás corrientes historiográficas precedentes, produjeron, a partir de 1968, la eclosión de una nueva ciencia de la historia o nuevo paradigma historiográfico alejado de los antiguos centros hegemónicos intelectuales o escuelas ideológicas. En la actualidad, esta circunstancia, en plena era de la mundialización o globalización, significa que de la misma manera en que dentro del sistema-mundo moderno, al decir de Immanuel Wallerstein (2007), no existe un solo centro imperial hegemónico, sino que hoy somos testigos de un nuevo sistema imperial multipolar, Carlos Aguirre Rojas sostiene que en el ámbito de la ciencia de la historia tampoco “existe una sola historiografía dominante en el mundo, sino más bien toda una serie de polos fuertes de esa misma historiografía mundial, junto a varios polos emergentes que han permitido conformar “un esquema policéntrico mucho menos jerarquizado y mucho más plural y diversificado en cuanto a los espacios de generación y de desarrollo de las innovaciones historiográficas en curso” (Carlos Antonio Aguirre: 2005).

Es dentro del marco de este panorama internacional de la ciencia de la Historia, que debemos situar la obra historiográfica de Frank Moya Pons, la cual, vista como un todo, ocupa un lugar preponderante dentro de las modernas tendencias historiográficas dominicanas, caribeñas y latinoamericanas.

Todo estudioso del pasado dominicano sabe que la historia del pueblo de Santo Domingo en el siglo XIX comenzó con Antonio del Monte y Tejada y con José Gabriel García. El primero fue autor de una Historia de Santo Domingo, en cuatro volúmenes, mientras que el segundo, al que generalmente se alude como “el Padre de la Historia Nacional”, nos legó su monumental Compendio de la Historia de Santo Domingo, también en cuatro tomos. Las obras de ambos historiadores encuadran perfectamente dentro del llamado género de la historia tradicional y sus rasgos fundamentales se caracterizan por lo que el propio Moya Pons, en un discurso de orden que pronunció en 1975 durante un solemne acto de graduación en el Instituto de Estudios Superiores (IES), hoy Universidad APEC, calificó de “hispanismo, antihaitianismo, catolicismo y tradicionalismo”.

Más adelante, durante los primeros tres decenios del siglo XX, en la historiografía dominicana, enclaustrada en los moldes decimonónicos del positivismo, surgió la generación de los llamados “historiadores documentalistas”, quienes acudieron a diversos archivos de Europa y Estados Unidos en donde se dedicaron a rescatar un vasto acervo documental que eventualmente sería de gran utilidad para las futuras generaciones de investigadores sobre temas históricos especialmente coloniales y republicanos.

Entre 1930 y 1961, como también se sabe, el país estuvo sometido al totalitarismo que impuso la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, que si bien por un lado auspició la publicación de numerosas obras de carácter documental, por el otro fomentó la creación de una “escuela” que no tardó en devenir una corriente historiográfica que, en lugar de interpretar objetivamente el pasado fue, más bien, de distorsión histórica. Me refiero a la denominada “escuela o intelligentsia trujillista” que con arreglo a algunos de los postulados de la historia tradicional no tuvo reparos en presentar al dictador –según escribió Moya Pons-, “como el defensor de una dominicanidad de orígenes hispánicos amenazada de muerte por la presencia haitiana, y para hacerlo aparecer como el constructor de una nacionalidad que no existía” (Moyas Pons: 1975).

Durante la dictadura, la mayoría de los dominicanos que asistió al nivel secundario de las escuelas conoció parte del pasado dominicano a través del Resumen de Historia Patria, de Bernardo Pichardo, obra que a pesar de sus limitaciones y del acendrado “hispanismo, providencialismo, narrativismo, antihaitianismo, y falta de sentido crítico” que la caracterizó, llegó a ser considerada –afirmó Moya Pons- como una especie de “catecismo histórico” o de “Biblia histórica” nacional durante poco más de 50 años, hasta que después de la Revolución de Abril de 1965, la sociedad dominicana comenzó a experimentar profundas transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales e ideológicas de las que no estuvo exenta la historiografía nacional.

 

Pasado y Presente.La otra historia dominicana, de Frank Moya Pons ( 1era Parte)

Por Juan Daniel Balcácer

 

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Está circulando, desde mediados de abril pasado, una novedosa obra del historiador Frank Moya Pons intitulada La otra historia dominicana. Los siguientes artículos, divididos en cuatro entregas, conforman el discurso que elaboré para presentar el nuevo libro del académico Frank Moya Pons, cuya obra historiográfica, para poder apreciarla en un contexto social e intelectual adecuado es menester adentrarse en el análisis de la evolución de la ciencia de la historia en el siglo XX a escala mundial, y en el impacto que dicha evolución ha tenido en el desarrollo de la historiografía moderna de la República Dominicana.

Al despuntar la pasada centuria, los estudios históricos estuvieron influenciados en su mayor parte por la denominada escuela alemana liderada por Leopold Von Ranke, quien en el siglo XIX propugnó porque los acontecimientos del pretérito fuesen narrados o reconstruidos “tal y como en verdad acontecieron”, desde una perspectiva positivista que concedía un desmesurado culto al manejo del documento escrito como única fuente posible para escribir la historia. Esta corriente o tendencia historiográfica se mantuvo en vigor principalmente en Europa, pero irradió sus destellos de influencia hacia otros continentes durante el período 1870-1929. Entre las principales características de la corriente historiográfica rankeana, además del tratamiento casi fetichista por el documento escrito como única fuente epistemológica del pasado, predomina el estudio de la política, la diplomacia, la historia militar y la biografía de los héroes o las grandes personalidades de la historia.

Hacia 1929 surgió en Francia la llamada escuela de Annales, que era el título de una revista de investigación sobre temas históricos, económicos y sociales del mismo nombre, fundada por los historiadores Lucien Febvre y Marc Bloch. Esta “escuela” o “corriente historiográfica” estableció un prolongado reinado dentro del gremio de los historiadores desde la fecha de su nacimiento hasta el año de 1968, cuando tuvo lugar la revolución cultural que tanto en Praga, París, México, Estados Unidos y en otras naciones contribuyó a transformar radicalmente el planeta, al tiempo que generó una modificación sustancial y cualitativa en las diversas formas de hacer historia por parte de los historiadores profesionales.

A partir, pues, de la publicación de la revista Anales de Historia Económica y Social (que posteriormente, tras importantes innovaciones teóricas, cambiaría de nombre y sería conocida como Anales. Economías. Sociedades. Civilizaciones, para, finalmente, identificarse como Annales. Economías. Sociedades. Civilizaciones.), sus fundadores, a los que postreramente se unieron otros eminentes historiadores, como Fernand Braudel, además de conceder atención al desarrollo político del Estado, a las guerras y a las biografías de las grandes personalidades, también propugnaron por un estudio holístico, esto es, integral, de la historia de la sociedad humana en su conjunto, destinando mayor interés al análisis de las estructuras económicas, la superestructura político-ideológica, las mentalidades colectivas, la gente común o sin historia, los cambios geográficos, ecológicos, demográficos, en fin, terminaron desarrollando una suerte de historia total no excluyente, que fuese capaz de abarcar todo cuanto de algún modo pudiera modificar o incidir en la vida de los hombres en el espacio y en el tiempo, esas dos categorías fundamentales del episteme historiográfico (Peter Burke: 2006).

Uno de los más importantes aportes de la escuela de Annales al estudio de la historia, en tanto que ciencia social, estribó en la reivindicación de la “célebre definición de que el objeto del historiador es toda huella humana existente en cualquier tiempo, y, por lo tanto, que la historia es una historia global, cuyas dimensiones abarcan desde la más lejana prehistoria hasta el más actual presente, además de incluir en sus vastos dominios todas las distintas manifestaciones de lo humano social y de lo humano en toda la compleja gama de realidades geográficas, territoriales, étnicas, antropológicas, tecnológicas, económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas, artísticas, etcétera.” (Carlos Antonio Aguirre Rojas: 2005). En la cita que precede hay una cuestión de principio por la cual desde hace muchos años ha estado abogando públicamente Frank Moya Pons: que los historiadores dominicanos, además de centrar su interés en el pasado, no deben soslayar o desdeñar el estudio del presente, que también es parte de la historia; y que en adición a esa perspectiva epistemológica, el objeto de sus investigaciones no debería circunscribirse a los aspectos políticos, diplomáticos, bélicos o biográficos, cuya importancia nadie cuestiona, sino que también deben dedicar especial atención al estudio de la “evolución política económica de los gobiernos, las relaciones exteriores, los sistemas agrícolas, el campesinado, el comercio, los sectores laborales, los procesos de urbanización, los ferrocarriles, el impacto de las carreteras, la moderna industria azucarera, la introducción de nuevos cultivos comerciales, la demografía, los partidos políticos, las clases medias, las elites, la evolución de la cultura, los nuevos movimientos religiosos, las fuerzas armadas, el Estado, las migraciones, la mujer, las ideas, las empresas, la educación, la reforma agraria, la política agropecuaria, la vida local, en fin, todo lo que hasta ahora ha estado ausente de los libros de nuestros historiadores”. (Moya Pons: 1986).

En este sentido también se han pronunciado los historiadores Roberto Cassá Bernaldo de Quiroz (1976) y Rafael Emilio Yunén (2005). El primero es de opinión que “la inserción de los estudios históricos en los problemas del presente no se puede efectuar” por la sencilla razón de que “los historiadores de esta escuela [la escuela tradicional] se limitan a estudiar el área de la historia política o, para ser más exactos, lo político en relación con lo militar, lo diplomático y a veces lo jurídico”, logrando así “una historia política narrativa, una historia carente de interpretaciones causales sistemáticas.”; mientras que el segundo ha planteado la necesidad de que en la historiografía nacional se aborde “una temática contemporánea llena de significados relevantes [como] la interpretación crítica de lo local, con perspectivas que superen lo meramente político, lo histórico, o lo económico. Posiblemente –añadió-, no exista en estos tiempos de globalización algún otro tema mejor que el desarrollo local para abordar la forma de inserción en los procesos globales y la forma de defensa de las identidades”.

 

Pasado y Presente.Memoria y olvido

Juan Daniel Balcácer

Fue en el siglo XIX cuando la Historia adquirió categoría de ciencia social, en tanto que discurso narrativo que describe, explica, valora y procura comprender las causas y consecuencias el devenir del hombre en sociedad. Fue también en el decurso de esa misma centuria, tras el surgimiento del Estado-nación, que se estatuyó la educación nacional y la Historia, como práctica epistémica, entró en un proceso de institucionalización respecto de la enseñanza del pasado en los diferentes niveles del sistema escolar y en las universidades. Posteriormente, en los albores del siglo XX, lo mismo en Europa que en Norteamérica, se estableció que la escolarización de todos los ciudadanos debía ser obligatoria, al menos en los niveles básicos, y se determinó que la enseñanza de la Historia Patria era una condición sine qua non a fin de lograr que desde los niveles básicos y medios del sistema educativo emergieran jóvenes convertidos en auténticos patriotas, orgullosos de las glorias del pasado de su país, y, por tanto, con una firme identidad nacional.

Sabemos que para reconstruir el pasado los historiadores fundamentan sus investigaciones sobre fuentes fiables de diversas índoles, entre las que se destaca el documento escrito. Pero lo que tal vez muchas personas desconocen es el hecho de que al momento de reunir las fuentes con las que habrá de reconstruir determinados acontecimientos del pasado, al historiador no le es dable trabajar con todas las fuentes disponibles a la vez, razón por la cual se ve precisado a seleccionar aquellas huellas o evidencias que más interesen al objeto de su estudio al tiempo de desestimar otras que, según su criterio, les aportarán escasa o ninguna información relevante. Su método de investigación y las fuentes que habrá de utilizar, pues, estarán determinados por unos límites fijados a priori.

Es en ese proceso heurístico y hermenéutico de la construcción del discurso histórico en el que se producen los textos de historia patria, por citar un tipo específico de aproximación al pasado de una nación, dado a que ellos (los textos de historia patria) constituyen la fuente esencial para que un determinado colectivo recuerde de manera permanente los acontecimientos más resonantes de la historia de su país. Conviene resaltar que la Historia patria es un componente fundamental en la construcción de la memoria social, esto es, la memoria colectiva de un pueblo; y que en la misma medida en que el historiador, a través del discurso histórico, contribuye a la configuración de la referida memoria social, en esa misma proporción el historiador -de manera involuntaria, aunque los hay que lo hacen ex profeso– también puede generar olvido respecto de trascendentes episodios acaecidos en el pasado; acontecimientos o personajes que determinados sectores o grupos enquistados o no en la maquinaria del Estado están interesados en que no sean conocidos ni recordados por las jóvenes generaciones del presente y del porvenir.

El historiador de los siglos XIX y XX, ha escrito José Carlos Bermejo, “es el que recuerda, es el profesional del recuerdo y aquella persona a la que su sociedad le encarga que enseñe a sus conciudadanos a recordar. Pero a la vez que cultiva el recuerdo, también cultiva el olvido y no porque el olvido forme parte indispensable del recuerdo. La memoria es selectiva, no podremos recordarlo todo, si solo recordásemos no podríamos vivir. Lo que ocurre es que además de ese olvido que es un elemento constituyente de la memoria, el historiador introduce otro tipo de olvido de carácter excluyente”. (Cf.Genealogía de la historia, 1999: 195).

Examinemos brevemente estas dos categorías: olvido constituyente y olvido excluyente. Se dice del primero que es consustancial al recuerdo, algo así como una de sus caras o su anverso; mientras que del segundo se afirma que es selectivo en sentido negativo… Y excluye porque existe una voluntad de excluir, de suprimir aspectos, hechos, personajes que se quiere sumergir en zonas profundas del inconsciente colectivo. El olvido excluyente es una parte fundamental del ejercicio del poder político; al tiempo que establece aquello de lo que no puede ni debe hablarse, pues como sentenció George Orwell: “quien controla el presente, controla el pasado.”

Naturalmente, el hecho de que haya prohibiciones, manifiestas o veladas, y de que el tratamiento de ciertos temas o personajes haya devenido tema tabú por disposiciones de instancias represivas de la superestructura político ideológica del Estado, en modo alguno significa, como bien consigna el historiador español Bermejo, que “lo indecible, no por serlo, deja de tener existencia y, por supuesto, [que] puede ser conservado en la memoria, pero no en la memoria colectiva, sino en la individual o en la de un pequeño grupo más o menos marginal” (Op. cit., p. 196).

Casos de olvidos excluyentes

Un caso típico de olvido excluyente es el que se han propuesto fomentar algunos historiadores alemanes y norteamericanos quienes bajo la égida de una supuesta corriente histórica revisionista sostienen que no existió el exterminio de los judíos perpetrado por el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Además de que hay quienes hasta han puesto en dudas de que unos 6,000,000 de judíos perdieron sus vidas en lo que también se ha llamado la Shoa, la catástrofe; hay autores que aducen que los responsables de los crímenes cometidos en los Lagers o campos de concentración, como los que existieron en Auschwitz, Birkenau, Dachau o Buchenwald, para mencionar unos cuantos, no deben buscarse únicamente en el alto mando del Tercer Reich, sino que hubo militares científicos nazis que de manera particular se excedieron en sus funciones y cometieron barbaridades que luego fueron atribuidas al Fuhrer. Quienes enarbolan esas teorías tan descabelladas soslayan el hecho de que el holocausto de los judíos durante la segunda guerra mundial fue consecuencia de un sistema político, el nazismo-fascismo, con el que se identificaron todos los que condujeron a una conflagración mundial en la que más de 20,000,000 de personas perdieron la vida.

Las secuelas traumáticas que permanecen en las víctimas sobrevivientes de sistemas totalitarios (como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia y España) y de regímenes dictatoriales (como la tiranía Trujillo, en Santo Domingo, la dictadura militar en Argentina o la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, para sólo citar tres casos), reprimen todo cuanto ha sido padecimiento y degradación humana en las víctimas y no permiten que muchas de ellas revelen las inenarrables torturas y vejámenes padecidas en las lóbregas cámaras de tortura de esos sistemas tan degradantes para el género humano. Los verdugos también tienen memoria, pero por lo general no hablan de sus “especialidades”, no acostumbran a dejar testimonios, sino que tratan de borrar toda evidencia posible. Hay casos aislados de verdugos que deciden hablar, pero, cuando lo hacen, es para desvincularse de toda responsabilidad o culpabilidad, pretendiendo culpar a otros personajes que tal vez por estar muertos no pueden defenderse o, peor aún, atribuirán el peso de la responsabilidad únicamente a sus superiores bajo el argumento de que actuaron cumpliendo órdenes.

Por fortuna, en cada uno de esos casos de exterminio contra personas indefensas, y en los que para que haya olvido se ha tratado de borrar la evidencias o huellas, han aflorado testimonios verdaderamente … como Si esto es un hombre, de Primo Levi, o La hora 25, de … o los testimonios que hicieron posible que el cine proyectara filmes de la calidad y objetividad de “La lista de Schindler”, “El Pianista” y “La Vida es bella”…

La dictadura de Trujillo

Pero no solo en Alemania han surgido movimientos revisionistas centrados en el propósito de maquillar el régimen nazista de Adolfo Hitler, argumentando que no todo lo que este encarnó fue negativo. También en República Dominicana ha surgido en los últimos años un movimiento, endeble aún, de “revisión de la figura histórica de Trujillo” según el cual ha habido interés por ocultar los aspectos positivos de la dictadura y que sólo ha habido interés por destacar la parte mostrenca y abyecta de aquella maquinaria infernal que llevó al patíbulo a miles de dominicanos a lo largo de los tres decenios en que mantuvo sojuzgado al pueblo dominicano. Los trujillistas nostálgicos, y algunos de sus epígonos más conspicuos, insisten en que en el decurso de los 30 años de la llamada “Era de Trujillo” la nación dominicana transitó por senderos de desarrollo y crecimiento económicos, al igual que experimentó notables transformaciones sociales, que solo un hombre de las cualidades personales del dictador Trujillo pudo impulsar y acometer. Soslayan que ese progreso y crecimiento económico se produjo merced a un costo espiritual muy elevado para el pueblo dominicano que tuvo que someterse a la voluntad omnímoda del dictador, quien suprimió las libertades públicas y el pluralismo político, y de paso relegan a un plano secundario la parte represiva y atroz de la tiranía, argumentando que también en otros países se han cometido atrocidades y actos de barbarie.

 

 

 

Las cartas patrióticas de Juan Pablo Duarte

Juan Daniel Balcácer

 

Diversas son las fuentes que permiten conocer el carácter liberal de las ideas políticas del general Juan Pablo Duarte al igual que su indiscutible patriotismo. Pese a la amplia bibliografía duartiana disponible, no pocos investigadores y estudiosos han confrontado el inconveniente de la ausencia de importantes fuentes documentales de primera mano que han impedido reconstruir de manera exhaustiva determinadas facetas de la trayectoria pública y privada del insigne revolucionario a quien el pueblo dominicano debe la existencia de un Estado-nación, libre e independiente de toda dominación extranjera, con el nombre de República Dominicana.

Rosa Duarte, quien fue depositaria de gran parte del archivo particular del líder de los trinitarios, escribió unas escasas aunque inapreciables notas que intituló Apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo, y para la biografía del general Dominicano Juan Pablo Duarte, códice generalmente conocido como el Diario de Rosa Duarte, el cual ha devenido un texto fundamental para configurar la biografía política de Duarte, con ayuda de otros no menos valiosos documentos.

Como he señalado en otros trabajos, hay evidencias de que en determinado momento Juan Pablo Duarte acometió el proyecto de escribir una especie de autobiografía que al parecer quedó inconclusa como consecuencia de los avatares políticos que lo obligaron a permanecer poco más de 30 años en el extranjero, primero en condición de exiliado entre 1844 y 1864, y luego forzado por las circunstancias a residir en Caracas durante el período 1865-1876 debido a que en el país –después de restaurada la República- no había garantías ni para sus derechos constitucionales ni para seguridad personal, en vista de la hegemonía del partido baecista, cuyo principal líder, Buenaventura Báez, al igual que lo había sido antes Pedro Santana, era un acérrimo adversario del patricio.

Para escribir sus Apuntes Rosa utilizó manuscritos de su hermano Juan Pablo como fuente de referencias, pues en el célebre texto hay pasajes en los que la autora se refiere al fundador de la República en tercera persona; y otros en los que es el propio Duarte quien narra los acontecimientos. También se conservan unos Borradores, de la autoría de Rosa Duarte, en los que aparecen datos que no figuran en el Diario, razón por la que ambos manuscritos han devenido de mucha utilidad en la ardua tarea de configurar una biografía del apóstol de la independencia dominicana que describa de manera fehaciente los períodos más significativos de su trayectoria pública.

Sabemos que, además de los Apuntes, existen algunos breves escritos de Duarte, tales como un Proyecto de Constitución, poemas, comunicaciones oficiales y parte de su correspondencia personal, que constituyen fuente de obligada referencia para comprender a cabalidad la intensa actividad política e intelectual que desplegó el fundador de la República. A estos documentos debemos agregar los Apuntes para la historia de los trinitarios, fundadores de la República Dominicana, escritos hacia 1887, por el trinitario José María Serra, en cuyas páginas aparecen reflexiones y frases atribuidas al principal líder del partido trinitario. Con estos documentos, en tanto que fuentes de irrecusable veracidad, es que ha sido posible que los historiadores hayan podido rescatar parte esencial del discurso político y doctrinal de Juan Pablo Duarte.

En el presente trabajo me propongo destacar su concepción nacionalista y patriótica conservada para la posteridad en diversas cartas que escribió en los años 1864 y 1865 cuando regresó al país con la firme determinación de incorporarse activamente a la guerra de la Restauración, definida por él mismo en carta a Pedro Alejandrino Pina como la “augusta y santa causa de nuestra amada Patria”.[1]

La carta como fuente primaria

Conviene resaltar que dentro de la disciplina historiográfica, la modalidad discursiva comúnmente conocida como epístola o carta constituye una fuente de primer orden al momento de reconstruir la biografía o el pensamiento político de un prócer, porque se trata de un documento o texto proveniente del testigo presencial de un hecho histórico o, en el caso de Duarte, de un protagonista de primera magnitud en los acontecimientos objeto de estudio.

En consecuencia, antes de adentrarme en el estudio del nacionalismo y del patriotismo duartianos, apelo a la paciencia del lector y le invito a acompañarme en una breve digresión sobre el género epistolar que desde los albores del lenguaje escrito ocupa un lugar privilegiado en la comunicación interpersonal, ya sea en forma de carta privada, pública, abierta, oficial, científica, poética, amorosa o de tema político.

Conspicuas figuras del pensamiento universal, estadistas, revolucionarios o conservadores, en fin, todo hombre o mujer, excepcional o no, han legado a la posteridad un acervo epistolar al través del cual se ha podido juzgar con mucha mayor objetividad su manera de pensar y de actuar en determinadas coyunturas históricas.

En los textos bíblicos abundan las epístolas, pero entre las más conocidas figuran las Epístolas de San Pablo. Cuando el Sumo Pontífice se dirige al orbe católico en ocasiones lo hace a través de cartas solemnes llamadas Encíclicas. El Episcopado Dominicano también estila dirigir al país mensajes conocidos como Cartas Pastorales, que invitan a honda reflexión acerca de temas políticos, sociales, económicos y morales.

Hace más de 500 años, el Descubridor de América, el Almirante Cristóbal Colón, admirado por la belleza y exuberancia de nuestra isla (que lo aborígenes llamaban Bohío o Haití y que, tras breve lapso, se llamó Española para, finalmente, adoptar el nombre de Santo Domingo), plasmó sus primeras impresiones en una carta impresa en 1493. Es fama que cuando en julio de 1801 fue aprobada la primera Constitución haitiana que prohibía la esclavitud y establecía la libertad de cultos, Toussaint Louverture le remitió una copia de ese Pacto Fundamental a Napoleón Bonaparte acompañada de una carta personal que comenzaba de esta suerte: “El primero de los negros al primero de los blancos”.

En la bibliografía dominicana disponemos de un valioso acervo epistolario de prominentes figuras del quehacer político e intelectual. En adición a la correspondencia entre Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, cabe mencionar el Epistolario de la Familia Henríquez Ureña, revelador, entre no pocos episodios importantes, de la angustiante soledad y enfermedad de la poetisa Salomé Ureña. Célebre también fue la carta pública que en 1936 le escribió el historiador Américo Lugo al dictador Rafael L. Trujillo, en la que le informaba que no podía escribir un libro de historia dominicana que le había solicitado el Gobierno, porque para ello habría tenido que plegarse a exigencias de carácter oficial a las que él no podía consentir. Además, el fino autor de Heliotropo, a modo de sentencia inapelable, le dijo al tirano lo siguiente: “escribo en un rincón de mi casa y no recibo órdenes de nadie.”

Hacia 1946 el doctor Francisco Moscoso Puello escribió una serie de profundas reflexiones políticas y socio-sicológicas en torno al ethos dominicano a las que dio el título de Cartas Evelina. En 1970 el Instituto Duartiano dio a la luz pública un interesante opúsculo titulado Cartas al Padre de la Patria, selección y presentación de los historiadores Emilio Rodríguez Demorizi y Pedro Troncoso Sánchez, respectivamente, que reproduce gran parte de la correspondencia dirigida a Duarte por sus principales compañeros del partido trinitario.

Es evidente que la carta tiene la particularidad de que en la mayoría de los casos es concebida como un documento personal, íntimo, casi siempre escrito con la sencillez que caracteriza lo cotidiano. A través de la carta –cuando intencionalmente no es redactada con fines de publicidad- su autor o autora acostumbran a expresar sin aprehensión todo cuanto emana de lo más profundo del alma. Por eso, al momento del historiador reconstruir un discurso narrativo sobre determinado período de la vida de un hombre o de una mujer, sean o no figuras públicas, las cartas personales constituyen documentos de una importancia capital y por lo tanto de obligada consulta.

Son memorables algunas epístolas personales y oficiales del general Juan Pablo Duarte y Diez[2] que permiten apreciar su formación intelectual y política desde una perspectiva doctrinal e ideológica. Citaré por lo menos cuatro de las más relevantes, a saber:

1) La carta que hacia principios de febrero de 1844 dirigió a su madre y hermanos solicitándoles vender parte de las propiedades que tenían en la ciudad de Santo Domingo a fin de recabar dinero para financiar el movimiento independentista;

2) La de fecha 28 de marzo de 1864 destinada al gobierno provisorio de la Restauración;

3) La que finalmente escribió, el 7 de marzo de 1864, al Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Restaurador, Teodoro Heneken, en la que por diversos motivos renunció al cargo de Ministro Plenipotenciario de la República Dominicana ante el gobierno de Venezuela, al tiempo de exponer sus firmes preceptos nacionalistas y revolucionarios en relación con el destino político de la nación dominicana; y,

4) La que en 1865 remitió al poeta Félix María del Monte.

De acuerdo con Duarte la política exterior del gobierno provisorio había tomado un sesgo anti-nacional que tendría consecuencias lesivas para el interés colectivo, porque había devenido genuflexa ante cierta metrópolis de vocación imperialista cuyo principal interés era mantener subordinado al pueblo dominicano bajo un esquema de “dominación sin hegemonía”[3] que bien pudo haber implicado una de estas tres modalidades:

  1. a) La anexión del país a una potencia en condición de provincia ultramarina;
  2. b) Un protectorado político económico a cambio de la concesión de derechos de explotación de diversos recursos naturales; y/o,
  3. c) El arrendamiento de una parte del territorio insular, como, por ejemplo, la bahía de Samaná, en donde, entre otras cosas, se pretendía instalar una estación carbonera y una base naval.

La doctrina liberal preconizada por Duarte planteaba que las modalidades precedentes, lejos de contribuir a preservar la soberanía nacional más bien constituían una seria amenaza para la supervivencia de la Nación dominicana como entidad independiente, razón por la que era menester oponerse a ese tipo de componenda ya que la nación dominicana, según el credo duartiano, no debía ni podía ser “jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia ni mucho menos extraña.”[4]

Formación política

Gran parte de la formación académica e intelectual de Juan Pablo Duarte fue de carácter particular. La instrucción primaria la recibió en el hogar y luego en una escuela particular de la época que dirigía el profesor Manuel Aybar. Ya adolescente recibió instrucción privada, lo mismo en idiomas que en Filosofía, Derecho Romano y otras disciplinas sociales, a cargo de reconocidos profesores e intelectuales de la talla de Augusto Brouard, Mr. Groot, Manuel María Valencia y, muy en especial, del doctor Juan Vicente Moscoso, quien fuera rector de la universidad de Santo Domingo, que fue clausurada por los haitianos a poco de comenzar el período llamado de “La Dominación Haitiana”.

El doctor Moscoso, eminente hombre de ciencias y del pensamiento, a quien Félix María del Monte llamó “el Sócrates dominicano”, fue deportado por el gobierno haitiano en 1830. Siete años después arribó a Santo Domingo el sacerdote de origen peruano Gaspar Hernández, quien no tardó en formar un discipulado con un selecto grupo de jóvenes entre los que figuraban Juan Pablo Duarte y sus amigos más cercanos, con quienes, a despecho de profesar ideas políticas opuestas a la de los nacionalista, el prelado cultivó estrechas relaciones de amistad y afectos. Bajo las sabias orientaciones del padre Gaspar Hernández, en los claustros de Regina Angelorum, los futuros trinitarios estudiaron y debatieron sobre tópicos tan fundamentales como “los derechos imprescriptibles del hombre, sobre el origen del poder en las Sociedades, sobre las formas de Gobierno, sobre la índole de las constituciones, sobre el sufragio de los pueblos, sobre el principio legítimo de la autoridad, [y] sobre la soberanía de la razón…”[5]

Consciente los padres de Duarte respecto de que en Santo Domingo no había posibilidad de que éste cursara estudios superiores, decidieron enviarlo a Europa en viaje de estudios. Para tales fines aprovecharon la circunstancia de que un amigo de la familia, el comerciante Pablo Pujols, de ascendencia catalana, se disponía viajar a España en gestiones de negocios y confiaron al joven Duarte a su cuidado.

Duarte era apenas un mozalbete de 16 años, pero a esa edad temprana debió tener referencias de que en la América hispánica se habían proclamado independientes los siguientes pueblos: Haití, 1804; Paraguay, Venezuela, Ecuador, 1811; Colombia, 1813; Argentina, 1816; Chile, 1818; Perú, México y Santo Domingo, 1821; Confederación Centro Americana en 1825 (que luego se escindió en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica); Brasil, 1822; y Bolivia en 1825. Su propio padre, Juan José Duarte, se había negado a firmar un documento que en 1822 el presidente Jean Pierre Boyer hizo circular entre los dominicanos para que estos admitieran que formaban parte del régimen haitiano de manera voluntaria.

Algunos historiadores difieren en cuanto respecta a los años en que Duarte viajó al extranjero y regresó al país. Es más, también hay autores, escasos, pero los hay, que han puesto en tela de juicio el hecho de que Duarte realizara estudios superiores durante su estada en Barcelona. Todo parece indicar, de acuerdo con datos recientemente aportados por Leonor de Ayala G Duarte (ciudadana catalana, sobrina tataranieta del Fundador de la República, hija del venezolano Crispín de Ayala Duarte), que el patricio zarpó del puerto de Santo Domingo el 1° de julio de 1829 con destino al denominado viejo mundo –vía los Estados Unidos- a bordo del bergantín “George Washington”, de matrícula norteamericana, siendo el primer punto de escala Providence, del estado de Rhode Island.

El 26 de agosto Duarte llegó al puerto de South Hampton, Inglaterra, procedente de New York, en el barco “Saint James Kent”. Al cabo de varios días embarcó hacia París, en calidad de comerciante de Santo Domingo (según consta en el registro de pasajeros del barco), y desde esta ciudad, junto con sus demás acompañantes, continuó la travesía hasta España, específicamente Barcelona, adonde arribó el 1° de octubre de 1829. Residió en esa ciudad catalana por espacio de casi dos años y puede afirmarse que allí fue donde terminó de conformar el corpus doctrinal liberal que sirvió de fundamento para su proyecto revolucionario en beneficio del pueblo dominicano.

Respecto de la experiencia acumulada en Europa durante el período 1829-1832, su amigo y compañero en La Trinitaria y en La Filantrópica, el poeta Félix María del Monte, escribió en 1852 que durante ese viaje, Duarte “miró funcionar de cerca cada una de las ruedas de la máquina política de tres estados esencialmente distintos. En Inglaterra observó cuánto influye en su manera de ser política y social la combinación estupenda de aquellas instituciones especiales del gran pueblo…” “Asistió a las célebres sesiones del Parlamento donde recordó al Senado Romano… asistió a las sesiones criminales y experimentó más de una vez el júbilo de ver con asombro aquel jurado que vanamente ensayaron trasplantar otras naciones…” Posteriormente se trasladó a Francia en donde apreció el eclecticismo social del pueblo francés, “la ligereza de carácter, la sede de aventuras, el puntillo del honor rayando en susceptibilidad, la idolatría por la igualdad que constituye la primera ambición gálica, aquella ansia de gloria militar que hace del francés un sonámbulo, capaz de dormir en las cadenas de la opresión si se le decora de laureles el reducido lecho.” Finalmente, en España, vio una “nación sin unidad de idioma, de usos, costumbres y legislación: aquella desmembración histórica malamente incrustada a un todo más bien que reconstruida por la política, posee únicamente un punto de asimilación…”[6]

A pesar de esos contrastes, fue en España, sobre todo en Barcelona, adonde al decir de Leonor de Ayala llegó “en mal momento”, debido a que Fernando VII recién acababa de restablecer el régimen absolutista y el país vivía bajo el período luego conocido como la década ominosa (1823-1833), que Duarte se convenció plenamente de la necesidad de coadyuvar a la liberación de su pueblo. El viejo continente, entonces, lo mismo que los Estados Unidos de América, experimentaba extraordinarias transformaciones sociales. En España, por ejemplo, entre 1815 y 1848, se produjeron incesantes conflictos políticos escenificados por los defensores del antiguo régimen absolutista y por aquellos que luchaban por implantar la ideología liberal y el sistema económico de libre competencia por el que propugnaban las burguesías emergentes. Allí se luchó contra la ocupación francesa; se abogó por la independencia del suelo español al amparo de una ideología renovadora que albergaba nuevas energías nacionales, inspirada en el romanticismo literario que enfrentó a sectores que posteriormente, no resultarían desconocidos para Duarte en el caso de la parte española de la isla de Santo Domingo: conservadores que preferían mantener las cosas tal y como estaban; tradicionalistas y reformistas que preconizaban por una que otra reestructuración del sistema, pero, en esencia, sin introducir cambios sustanciales que beneficiaran al colectivo; y, finalmente, la clase de los liberales nacionalistas, a la que pertenecían él y sus compañeros de ideales, quienes postulaban el principio de la pura y simple.

Es evidente que Duarte, en España, asimiló el legado de las luchas políticas progresistas que abogaban por la soberanía nacional desde los tiempos de la ocupación francesa de la península. Asimismo, el futuro fundador de la República Dominicana pudo entonces constatar la influencia que tuvo la Constitución de Cádiz de 1812 en esas generaciones de españoles. Comprobó, también, la eficacia que desempeñó la masonería como artífice de los movimientos revolucionarios que presenció, al igual que un conjunto de Sociedades Patrióticas que luchaban por implantar, en contraposición al decadente estado absolutista, un liberalismo económico y un romanticismo espiritual, cuyo ámbito de acción fueron Madrid y Barcelona, especialmente esta última ciudad, que fue “centro de la vorágine liberal…, y foco del único núcleo burgués importante de España”.                                      Durante ese período de efervecencia revolucionaria, Duarte también presenció la gestación del llamado partido carlista, aun cuando fue después de la muerte de Fernando VII en 1833 que se produjo el alzamiento de su hermano Carlos de Borbón, quien se oponía a la regencia de María Cristina de Borbón (madre de la niña Isabel II, heredera del trono). Ya para esa época Juan Pablo Duarte había regresado a su país.

En adición a esas vivencias que le permitieron ser testigo presencial de trascendentales cambios sociales, nuestro patricio también aprovechó su estada en Barcelona para continuar perfeccionando sus conocimientos y, sobre todo, fortaleciendo sus convicciones revolucionarias. El historiador nacional José Gabriel García consignó que en el transcurso de su estadía en “aquel foco de ilustración y de trabajo”, que fue Barcelona, Duarte “aprendió la lengua latina con la misma perfección que su propio idioma; dio con marcado provecho un curso completo de filosofía; estudió con fruto las matemáticas puras y mixtas; y en punto a humanidades adquirió conocimientos bastantes para figurar como literato en cualquier parte, sin contar con el aprendizaje de otras materias de mero adorno que le dieron toda la fisonomía de la cultura de un cumplido caballero.”[7] El historiador García no indica la institución académica en la que Duarte realizó sus estudios, pero de acuerdo con investigaciones realizadas por Leonor de Ayala Duarte, en la Barcelona de 1829 había varios institutos docentes así como escuelas particulares y colegios privados; y parece verosímil la hipótesis de esta autora respecto de que Duarte pudo haber asistido al Seminario Conciliar, entidad que no sólo “suplía a la Universidad de Barcelona”, sino que además era el único centro de estudios superiores esa época que admitía laicos e impartía las asignaturas que cursó el futuro fundador de la República Dominicana durante su permanencia en Barcelona.[8]

Las cartas de Duarte

Ya sabemos que Duarte regresó al país hacia mediados de 1832, pues a partir del siguiente año su firma aparece en varias actas civiles en calidad de testigo en Santo Domingo. Otro dato fidedigno es que desde 1833 Duarte inicia sus actividades revolucionarias y se dispone a estructurar un partido político con el fin de lograr la separación definitiva de las comunidades dominicana y haitiana. Su objetivo queda claramente expuesto desde que arribó al puerto de Santo Domingo, según se infiere de la respuesta que dio al doctor Manuel María Valverde, un amigo de la familia, cuando éste le preguntó por lo que más había concitado su atención durante sus viajes: “los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra Patria”.[9]

Se ha dicho y escrito que el nacionalismo, en tanto que teoría o doctrina política, define los conceptos de “pueblo” y “nación”, y a los conglomerados sociales que los conforman les atribuye un derecho natural a la auto emancipación y auto gobernación; es decir, que las comunidades que habitan esos pueblos o naciones tienen pleno derecho para establecer, por sus propios recursos y potencialidades, un Estado nación soberano e independiente basado en un sistema político que, a diferencia del absolutismo, que se sustenta en la monarquía, es de naturaleza democrática y se fundamenta principalmente en el gobierno de tipo republicano. Duarte y sus compañeros trinitarios concibieron su proyecto revolucionario inspirados en el modelo de la democracia representativa, expresión política del sistema capitalista entonces en pleno auge. Su principal objetivo, por tanto, era proporcionarle a los dominicanos un Estado-nación independiente de toda dominación extranjera; y hacia esos propósitos orientaron todos sus esfuerzos, enfrentando no sólo a los gobernantes haitianos que insistían en la cuestión de la indivisibilidad de la isla, sino también al grupo de conservadores criollos que nunca creyó en la capacidad del pueblo dominicano para proclamarse independiente y mantenerse libre de toda injerencia foránea.

El 4 de febrero de 1844, mientras se encontraba en Curazao en medio de los aprestos revolucionarios para liberar a su patria, Duarte le escribe una carta a su madre y hermanos que será memorable por el alto grado de sacrificio material y espiritual que la misma significó para toda su familia con tal de que la revolución concluyera exitosamente. El texto de esa misiva, según Emilio Rodríguez Demorizi, fue vaciado en bronce en el pedestal de la estatua del Patricio en la Plaza Duarte, en Santo Domingo, dice así:

“El único medio que encuentro para reunirme con Uds., es independizar la patria; para conseguirlo se necesitan recursos, recursos supremos, y cuyos recursos son, que Uds., de mancomún conmigo y nuestro hermano Vicente, ofrendemos en aras de la patria lo que a costa del amor y trabajo de nuestro padre hemos heredado. Independizada la patria puedo hacerme cargo del almacén, y a más, heredero del ilimitado crédito de nuestro padre, y de sus conocimientos en el ramo de Marina, nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria”.

En el párrafo recién transcrito resaltan diversos valores cívicos: primero, el fervor de Duarte por su familia y por su patria, que se halla involuntariamente sometida al dominio haitiano. El patricio está en el exilio desde hace un año; ha realizado gestiones infructuosas en Caracas con el fin de obtener recursos financieros y armamentos para llevar a cabo su proyecto liberador y, como no los ha conseguido, apela a la sensibilidad y solidaridad de su madre viuda, y de sus hermanos, para que con la venta de algunas propiedades de la familia se obtengan recursos económicos con los cuales contribuir al financiamiento de la revolución. Segundo, el sentido de la responsabilidad social: no importa cuánto sacrifique la familia en términos materiales, pues tan pronto la patria sea libre, él se incorporará al negocio familiar, optimista y consciente de que dentro de una atmósfera de libertades públicas y de autogobierno la quincallería heredada de su padre devendrá en un comercio próspero. (Observe el lector que en ningún momento Duarte manifiesta el propósito de que una vez liberada la Patria, el gobierno le retribuya cuanto haya aportado su familia, sino que asegura que se dedicará a recuperar esos recursos en el marco del negocio privado de su familia). Tercero, y tal vez el valor cívico más importante, que al hacer la contribución solicitada para la causa de la revolución, la familia Duarte-Diez cumplía con un deber ciudadano y patriótico del que jamás tendría que arrepentirse.

El 27 de febrero de 1844 nació la República Dominicana. Duarte, como se sabe, regresó al país el 15 de marzo y de inmediato ofreció sus servicios a la Junta Central Gubernativa interesado en luchar como militar activo por la defensa de la República, ya amenzado por una imponente invasión haitiana que comandaba en persona el presidente de ese país Charles Herard. Sin embargo, además del diferendo bélico dominico-haitiano, afloró otro problema de consecuencias mucho más nefastas para la estabilidad del naciente Estado: las pugnas intergrupales, caudillistas, entre liberales y conservadores, por el control del poder político que dieron al traste con el partido trinitario.

Los trinitarios tuvieron que enfrentarse al sector conservador y llevar la lucha al plano del enfrentamiento fratricida. Al cabo de poco tiempo, en el mes de septiembre y tras sucumbir ante el poderío militar y económico de los proteccionistas y anexionistas, los revolucionarios se vieron precisados a tomar el camino del ostracismo, acusados nada menos que de traidores a la patria. Emiliano Tejera, al rememorar esos tristes episodios escribió: “Cinco meses antes eran Libertadores de la Patria; aún no hacía veinte días, un puñado de patriotas; y ahora, sin haber faltado a ley alguna, enemigos de la nacionalidad, reos de lesa nación, criminales dignos de muerte.”[10]

Dos decenios después, tras prolongado exilio durante el cual hasta sus hermanas perdieron su rastro y llegaron incluso a suponerlo muerto, Duarte reaparece. Al enterarse de que la República Dominicana había sido aniquilada y anexionada a España, decide regresar al país. En agosto del año 1862 el patrició escribió: “Los sufrimientos de mis hermanos me eran sumamente sensibles, pero más dolorosa me era ver que el fruto de tantos sacrificios, tantos sufrimientos, era la pérdida de la idenepdencencia de esa Patria tan cara a mi corazón, y en lugar de aceptar la opulencia que nos degradaba acepté con júbilo la amarga decepción que sabía me aguardaba el día que no se creyeran útiles ni necesarios a particulares mis cortos servicios.” Así, emprende la travesía de regreso a la Patria acompañado por varios compañeros de ideales, entre los que se encontraban el poeta Manuel Rodríguez Objío, que fungió como su secretario particular. Tan pronto pisaron tierra dominicana, desde Guayubín, en fecha 28 de marzo de 1864, Duarte le escribe una comunicación a los miembros del gobierno provisorio de la Restauración y les dice:

“Señores Individuos del Gobierno Provisorio

En Santiago.

“Arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que empezando por proscribir a perpetuidad a los fundadores de la República ha concluido por vender al extranjero la Patria, cuya independencia jurara defender a todo trance; he arrostrado durante veinte años la vida nómada del proscrito, sin que la Providencia tuviese a bien realizar la esperanza, que siempre se albergó en mi alma, de volver un día al seno de mis conciudadanos y consagrar a la defensa de sus derechos políticos cuanto aún me restase de fuerza y vida.

“Pero sonó la hora de la gran traición en que el Iscariote creyó consumada su obra, y sonó también para mí la hora de la vuelta a la Patria: el Señor allanó mis caminos y a pesar de cuantas dificultades y riesgos se presentaron en mi marcha, heme al fin, con cuatro compañeros más, en este heroico pueblo de Guayubín dispuesto a correr con vosotros, y del modo que tengáis a bien, todos los azares y vicisitudes que Dios tenga aún reservados a la grande obra de la Restauración Dominicana que con tanto denuedo como honra y gloria habéis emprendido. Creo, no sin fundamento, que el Gobierno Provisorio no dejará de apreciar luego que me comunique con él personalmente lo que he podido hacer en obsequio del triunfo de nuestra justa causa, y espero de su alta sabiduría que sacará de ello importantes y positivos resultados.”[11]

La noticia de que el principal fundador de la República había retornado con el propósito de participar en la guerra restauradora, luchando por el rescate de la soberanía nacional, al parecer no fue del agrado de ciertos caudillos del gobierno provisorio que juzgaron más conveniente para la causa redentora que el patricio volviera a Caracas en misión diplomática y así se lo comunicaron por conducto del vicepresidente Ulises Espaillat. La primera reacción del patricio fue rechazar la propuesta, toda vez que había vuelto a la patria para luchar por su independencia, sin embargo, tras enterarse de un comentario avieso publicado en un periódico de La Habana según el cual su presencia en Santo Domingo era causa de desavenencias entre algunos líderes restauradores, Duarte optó por aceptar la misión diplomática que se le había encomendado en Venezuela. Su decisión aparece expuesta en la comunicación, del 15 de abril de 1864, que desde Santiago (en donde entre otras cosas había visitado a su compañero trinitario Ramón Matías Mella en su lecho de enfermo), dirigió al gobierno provisorio, en la persona del vicepresidente Ulises Espaillat, y en la que se expresó en estos términos:

“El deseo de participar de los riesgos y peligros que arrostran en los campos de batalla los que con las armas en la mano sostienen con tanta gloria los derechos sacrosantos de nuestra querida patria y la falta de salud que experimentaba al recibir la nota fecha 14 del que cursa por la cual se me ordenaba alistarme para emprender viaje a Ultramar me compelieron con harto sentimiento a renunciar el alto honor que seme dispensaba en la importante misión que se trató de encomendarme; pero al ver el modo de expresarse con respecto a mi vuelta al país el Diario de la Marina se han modificado completamente mis ideas y estoy dispuesto a recibir vuestras órdenes si aún me juzgareis aparente para la consabida comisión, pues si he vuelto a mi patria después de tantos años de ausencia ha sido para servirla con alma, vida y corazón, siendo cual siempre fui motivo de amor entre todos los verdaderos dominicanos y jamás piedra del escándalo, ni manzana de la discordia. No tomo esta resolución porque tema que el falaz articulista logre el objeto de desunirnos, pues hartas pruebas de estimación y aprecio me han dado y están dando el Gobierno y cuantos jefes y oficiales he tenido la dicha de conocer, sino porque nos es necesario parar con tiempo los golpes que pueda dirigirnos el enemigo y neutralizar sus efectos. [12]

En agosto de 1864 Duarte llegó a Caracas para desempeñar una misión diplomática ante el gobierno de Venezuela; sin embargo, en cierto sentido, esa nueva ausencia del país equivalía a una suerte de tercer y último exilio para el fundador de la República, ya que el destino no le depararía otra oportunidad para regresar a su patria tan querida. Desempeñó sus funciones de Ministro Confidencial del Gobierno Restaurador hasta finales de marzo de 1865 cuando, a raíz del derrocamiento y posterior asesinato del presidente Pepillo Salcedo, el patricio consideró necesario que el presidente sucesor, que lo fue el general Gaspar Polanco, ratificara el nombramiento que se le había expedido bajo la anterior administración. En virtud de que la referida ratificación no se produjo, Duarte entonces dio por finalizada la misión diplomática que desempeñaba en Venezuela y escribió la célebre carta del 7 de marzo de 1865, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Heneken, en la que a un tiempo expuso las causas de su dimisión y formuló interesantes reflexiones acerca de la política internacional de la época.

Como podrá constatar el lector, en esa misiva, que debería estar grabada con letras de oro sobre el arco triunfal de la Puerta del Conde, Duarte revela que fue un nacionalista y un patriota en todo el sentido de la palabra. Su formación política, hasta prueba en contrario, fue la más avanzada de su época. No tuvo excepciones ni preferencias políticas, salvo la independencia pura y simple. Y cuando se rumoreó que los Estados Unidos se disponían a aplicar en la región del Caribe la Doctrina Monroe (fundamento teórico de la expansión territorial norteamericana con fines de establecer nuevos esquemas de “dominación sin hegemonía”), advirtiendo a las potencias europeas que no permitirían injerencias en la región, al tiempo que gestionaban con un grupo de entreguistas nativos el arrendamiento de la Bahía de Samaná o la incorporación del país a la Unión Norteamericana, el patricio reafirmó su férreo principio nacionalista destacando que siempre se opondría a la anexión de la República Dominicana no sólo a esa poderosa nación del norte, sino a cualquier otra potencia de la tierra. Parte esencial de esa carta es como sigue:

“… En Santo Domingo no hay más que un pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda potencia extranjera, y una fracción miserable que siempre se ha pronunciado contra esta ley, contra el querer del pueblo dominicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sórdidos manejos adueñarse de la situación y hacer aparecer al pueblo dominicano de un modo distinto de cómo es en realidad; esa fracción o mejor diremos esa facción ha sido, es y será siempre todo menos dominicana; así se la ve en nuestra historia, representante de todas nuestras revoluciones: y si no, véase ministeriales en tiempos de Boyer, y luego rivieristas, y aún no había sido el 27 de Febrero cuando se le vio proteccionistas franceses, y más tarde anexionistas americanos y después españoles y hoy mismo ya pretenden ponerse al abrigo de la vindicta pública con otra nueva anexión, mintiendo así a todas las naciones la fe política que no tienen, y esto en nombre de la Patria! Ellos no tienen ni merecen otra patria sino el fango de su miserable abyección. Ahora bien, si me pronuncié dominicano independiente, desde el 16 de julio de 1838, cuando los nombres de Patria, Libertad y Honor Nacional se hallaban proscritos como palabras infames, y por el merecí (en el año 43) ser perseguido a muerte por esa facción entonces haitiana y por Riviere que la protegía, y a quien engañaron; si después del año 44 me pronuncié contra el protectorado francés decidido por esos facciosos y cesión a esta Potencia de la Península de Samaná, mereciendo por ello todos los males que sobre mí han llovido; si después de veinte años de ausencia he vuelto espontáneamente a mi Patria a protestar con las armas en las manos contra la anexión a España llevada a cabo a despecho del voto nacional por la superchería de ese bando traidor y parricida, no es de esperarse que yo deje de protestar (y conmigo todo buen dominicano) cual protesto y protestaré siempre, no digo tan sólo contra la anexión de mi Patria a los Estados Unidos, sino a cualquiera otra potencia de la tierra, y al mismo tiempo contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo nuestra Independencia Nacional y cercenar nuestro territorio o cualquiera de los derechos del Pueblo Dominicano”.

“Otrosí y concluyo: visto el sesgo que por una parte toma la política francoespañola y por otra la anglo-americana y la importancia que en sí posee nuestra isla para el desarrollo de los planes ulteriores de todas Cuatro Potencias, no deberemos extrañar que un día se vean en ella peleando por lo que no es suyo. Entonces podrá haber necios que por imprevisión o cobardía, ambición o perversidad correrán a ocultar su ignominia a la sombra de esta o aquella extraña bandera o como llegado el caso no habrá un solo dominicano, que pueda decir yo soy neutral si no que tendrá cada uno que pronunciarse contra o por la Patria, es bien que yo os diga desde ahora, (más que sea repitiéndome) que por desesperada que sea la causa de mi Patria será la causa del honor y que siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre”.

Dos meses después de que se produjera la evacuación del territorio nacional por parte de las tropas españolas, y la soberanía nacional fue restablecida en toda su magnitud, Duarte le responde una carta a su amigo y viejo compañero en los afanes independentistas, el poeta Félix María del Monte[13], en la que entre otras cosas le confiesa:

“Tienes razón y mucha, en aconsejarme, cual lo haces, diciéndome: consérvate bueno, conserva tu cabeza, y tu corazón; tienes razón, repito, porque nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria. Contristan el corazón del bueno y pretenden trastornar el juicio del Pueblo, con sus planes proditorios y liberticidas… Procuraré conservarme bueno, conservaré mi corazón y mi cabeza, sí, mi buen amigo, así lo aconsejan mis amigos, así lo exige el honor, así lo quiero yo, porque pienso que Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi Patria libre, independiente y triunfante.”

“…Los providencialistas son los que salvarán la Patria del infierno a que la tienen condenada los ateos, cosmopolitas, orcopolitas (allá va esa expresión aventurada queriendo significar ciudadanos del infierno).[14]

“Todo es providencial y el crimen no prescribe ni queda jamás impune.Un 12 de julio, el del 43, entró Riviére en Santo Domingo y los buenos patricios fueron encarcelados o perseguidos hasta el destierro por haber querido salvar a su Patria, y el 12 de julio del año entrante entró el orcopolita Santan y los patriotas fueron o encarcelados o lanzados a un destierro perpetuo por haber logrado salvar la patria y no haber querido vender al extranjero…”

“Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas, destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera y cerrarnos las puertas de la patria…”[15]

A manera de conclusión

No cabe dudas de que en los fragmentos de las cartas que anteceden afloran las más puras ideas del pensamiento político de Juan Pablo Duarte; pensamiento esencialmente nacionalista y patriótico, que le sirvió de sustento ideológico para su redentora labor revolucionaria en beneficio del pueblo dominicano. A continuación esbozo algunos motivos por los cuales el general Juan Pablo Duarte merece ser reverenciado como el más ilustre patricio de la nación dominicana:

Fue el principal inspirador político e ideológico de la revolución que puso fin a la Dominación Haitiana, propiciando así el surgimiento de un Estado democrático con el nombre de República Dominicana;

Fue, además, un hombre de praxis. Sus ideas políticas siempre estuvieron respaldadas por acciones concretas dirigidas a un propósito de bien colectivo. En otras palabras supo vertebrar de manera armoniosa la teoría política con la práctica revolucionaria; demostró poseer excelentes cualidades de planificador y organizador, aunque en este aspecto sus opositores impidieron que desarrollara plenamente su potencial creativo; y fue un revolucionario intransigente, cuya trayectoria de lucha siempre propendió hacia la conquista y conservación de la soberanía nacional pura y simple, sin posiciones intermedias.

Legó a la posteridad unos escasos escritos (pues casi todos sus papeles tuvieron que ser destruidos cuando en 1843 fue perseguido por los haitianos) a través de los cuales se evidencian diafanamente la solidez y contundencia de sus concepciones político-ideológicas gracias a las cuales estructuró lo que suele denominarse como el pensamiento político de Duarte.

Aun cuando no se descolló como escritor, ni dejó, como Martí, una amplia obra a través de la cual juzgarlo en la plenitud de su ideario político, sus escasos escritos retratan un revolucionario cabal, un intelectual preocupado por su pueblo y un verdadero humanista.

Su depurada erudición la puso al servicio del bien y de las mayorías. José Martí lo llamó “noble Juan Pablo Duarte” y el general Máximo Gómez lo consideró una “gloria antillana”. Los dominicanos debemos gratitud imperecedera al principal Padre de la Patria, porque gracias a su incansable apostolado revolucionario, a sus principios éticos y morales, a su vocación democrática y a su indiscutible patriotismo, puestos de relieve en las cartas citadas en el presente trabajo, hacia mediados del siglo XIX, cuando muchos de nuestros ancestros lo juzgaban una utopía, América recibió un nuevo Estado libre e independiente de toda dominación extranjera que Juan Pablo Duarte bautizó con el nombre de República Dominicana.

REFERENCIAS

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[1] Cf. Diario de Rosa Duarte, p. 221.

[2] El lector habrá advertido que en ocasiones utilizo el rango de General para referirme a Duarte. Cuando el 16 de julio de 1838 quedó instalada la sociedad secreta La Trinitaria, varios de sus miembros recibieron rangos militares que debían ser efectivos tan pronto se cristalizara el proyecto independentista. A Duarte se le confirió el título de General en Jefe de los Ejércitos de la República y Director General de la Revolución. Posteriormente, ya creada la República, la Junta Central Gubernativa le ratificó al principal fundador del Estado-nación el rango de General de Brigada. Por tal razón, 20 años después, cuando regresó al país en plena guerra restauradora, Duarte solía firmar sus comunicaciones oficiales de esta manera: “JUAN PABLO DUARTE, Decano de los Fundadores de la República y Primer General en Jefe de sus ejércitos”. Cf. Apuntes de Rosa Duarte, p. 220. También ver Emiliano Tejera, “Monumento a Duarte”, 27 de febrero de 1894, en Emiliano Tejera, Antología, compilado por Manuel Arturo Peña Batlle, Colección Pensamiento Dominicano, Librería Dominicana, Ciudad Trujillo, R.D., 1951.

[3] Para una definición del concepto “dominación sin hegemonía”, de origen gramsciano, ver Ranahi Guha, La historia en el término de la historia universal, Crítica, Barcelona, 2003, al igual que su obra Dominance Without Hegemony, Harvard UUniversity Press, Cambridge, Mass., 1997.

[4] Ver Art. 18 del Proyecto de Ley Fundamental en Emilio Rodríguez Demorizi, En torno a Duarte, Academia Dominicana de la Historia, Vol. XLII, p. 62. Editora Taller, Santo Domingo, R.D., 1976.

[5] Cf. Félix María del Monte, “Reflexiones históricas de Santo Domingo”, inestimable ensayo escrito por el poeta trinitario en 1852 y reproducido en Alcides García Lluberes, Duarte y otros temas, pp. 93-114, Academia Dominicana de la Historia, Vol XXVIII, Editora del Caribe, C. por A., Santo Domingo, R.D., 1971.

[6] Ver Félix María del Monte, en Alcides García Lluberes, Duarte y otros temas, pp. 110-111.

[7] José Gabriel García, Rasgos biográficos de dominicanos célebres, p. 239, Academia Dominicana de la Historia, Vol. XXIX, Editora del Caribe, C. por A., Santo Domingo, R.D., 1971

[8] Leonor de Ayala G. Duarte, Juan Pablo Duarte y Diez, Fundador de la República Dominicana, Datos inéditos para la historia de Europa y América (páginas nuevas para la Historia de España con un manuscrito irlandés), Edicions Marré, Barcelona, España, 2007.

[9] Ver Diario de Rosa Duarte, p. 42.

[10] Cf. Exposición al Congreso Nacional,…

[11] Ibídem, pp. 226-27.

[12] Op. Cit., p. 231.

[13] Cuando los restos mortales de Juan Pablo Duarte fueron trasladados a Santo Domingo, el 27 de febrero de 1884 e inhumados en la Capilla de los Inmortales, de la Catedral Primada de América, el poeta Félix María del Monte pronunció un discurso desde el balcón de la Casa Consistorial, en el que refiriéndose a los estrechos lazos de amistad fraterna que lo unieron al líder del partido trinitario afirmó: “Conocí demasiado a ese adalid de la libertad dominicana. Fue uno demis más íntimos amigos; mi condiscípulo, mi compañero en la Trinitaria, en la Sociedad Filantrópica; en el hecho de armas de la plaza de la Catedral el 24 de marzo del 43; y no en la Puerta del Conde, porque aún no había regresado de su primera expatriación.” Cf. Julio Jaime Julia, Antología de la prosa duartista, Imprenta del Caribe, C. por A., Santo Domingo, 1976, p. 155.

[14] Duarte acuñó ese neologismo: orcopolita, para significar, como indicó, “ciudadano del infierno”. Así llamaba al general Santana, “el orcopolita Santana”, cuyo apellido también escribía “Santan”, asociándolo al de Satanás.

[15] Op. Cit., pp. 268-272.

Naturaleza democrática de la Revolución de Abril de 1965

Juan Daniel Balcácer

Los anales de nuestra historia republicana no registran, salvo la revolución febrerista de 1844 y la guerra restauradora de 1863-65, otro acontecimiento político-militar de las características sociológicas y de la dimensión histórica de la revolución de abril de 1965.

Los prohombres que crearon la República, aquel memorable 27 de febrero de 1844, obraron inspirados por ideales políticos esencialmente democráticos y fundamentados en la doctrina del liberalismo político. Esos ideales no llegaron a materializarse debido a que, tras el surgimiento del Estado dominicano, los valores sociales se invirtieron y conjuntamente con la nueva realidad cualitativa que emergió del grito independentista de la Puerta del Conde, surgió y se instauró en el país el fenómeno del caudillismo, tan funesto para las emergentes instituciones políticas que conformarían el Estado dominicano.

Desafortunadamente, la República, desde su fundación, fue gobernada por caudillos y por tiranos. Los escasos ensayos democráticos que se hicieron después de la guerra Restauradora, fracasaron víctima de las pendencias civiles que asolaron el país durante la Segunda República. Además: los permanentes conflictos fronterizos; el infundado temor, que siempre albergó la clase dominante, de una invasión haitiana que fuese capaz de restituir el esquema louverturiano de “la una e indivisible” –infundado temor que sirvió de inspiración para escoger el camino de la anexión a España en 1851–; la profunda crisis económica en que surgió el Estado nacional; los problemas derivados de la deuda externa, que se inició en 1869 bajo la cuarta administración de Buenaventura Báez; la inestabilidad política; y la crisis de legitimidad que acusó la sociedad dominicana del siglo XIX y de principios del siglo XX, se constituyeron en factores determinantes, entre otras graves consecuencias, de la ocupación militar norteamericana de 1916-1924 y de sus resultados más inmediatos, como lo fueron el gobierno de Horacio Vásquez (1924-1930) y la dictadura de Rafael Trujillo, que duró 31 años.

 

El colapso de la dictadura

La muerte violenta Trujillo no significó el derrumbe inmediato de la dictadura. La conspiración política que liquidó físicamente al tirano fue exitosa en la primera fase de la conjura; pero la segunda fase, consistente en dar un golpe de Estado que diera al traste con la maquinaria trujillista, ni siquiera llegó a planificarse conforme a las técnicas modernas del Golpe de Estado.

De hecho, el hijo mayor del tirano, Ramfis, los tíos de éste, Héctor Bienvenido y José Arismendy Trujillo, la alta jerarquía militar fiel a la familia Trujillo al igual que gran parte de la oligarquía y de los intelectuales que les habían servido durante muchos años, hicieron todo lo posible por conservar el control del Gobierno al precio que fuera necesario.

Una de las primeras medidas del gobierno Ramfis-Balaguer fue gestionar que los Estados Unidos respaldaran su gestión para que la Organización de Estados Americanos (OEA) levantara las sanciones económicas impuestas al país desde agosto de 1960.

Para atraerse las simpatías de la administración de John F. Kennedy, el gobierno dominicano desplegó una estrategia de apertura política, permitiendo el retorno de los exiliados de la dictadura y, al mismo tiempo, propiciando un ambiente favorable para el nacimiento del partidismo político.

Por primera vez, durante poco más de 30 años, los dominicanos comenzaron a respirar un clima de libertades públicas y experimentar las ventajas del pluralismo político, es decir, a la existencia de varios partidos políticos, que es una característica de la democracia, y no a la militancia obligada en un partido único, que es el estilo típico de los regímenes totalitarios, como el que implantó Trujillo. Fue así como, tras haber estado acostumbrados a un solo partido político (el Partido Dominicano), en el país surgieron organizaciones democráticas, otras conservadoras, y otras de tendencia izquierdista.

El proceso de democratización

Tras 30 años de dictadura, la República Dominicana mostraba notables transformaciones en diferentes aspectos. La población superaba los tres millones de habitantes; la división territorial y política del país también había cambiado considerablemente, y de doce provincias que había en 1930, ahora, en 1961, el país contaba con 25 provincias y un Distrito Nacional.

Asimismo, una moderna infraestructura vial comunicaba las diferentes regiones del territorio nacional, que ya no estaban tan distanciadas como en los tiempos anteriores a la Primera Ocupación Militar Norteamericana de 1916, lo que posibilitaba un mayor intercambio comercial y social entre los diferentes pueblos del país. Aun cuando todavía la mayor parte de la población vivía en zonas rurales, lo cierto es que a partir de la desaparición de la tiranía trujillista la nación dominicana entró en un acelerado proceso de urbanización y modernización política, económica y social inspirada en el modelo de la democracia representativa.

Bajo un gobierno de transición, como lo fue el Consejo de Estado, se celebraron elecciones en 1962 y resultó electo por el voto libérrimo de las mayorías, el profesor Juan Bosch, entonces máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD.

 

El gobierno de Juan Bosch.

 

El 27 de Febrero de 1963 Juan Bosch se juramentó como el primer Presidente dominicano libremente electo después de 30 años de dictadura. Su gobierno apenas duró siete meses. Durante ese breve período, sin embargo, se lograron importantes conquistas en el plano democrático.

Una de sus primeras medidas fue impulsar la aprobación de una nueva Constitución Política, que resultó ser la más avanzada del siglo XX dominicano.

  • Su gobierno aplicó una política de respeto a los derechos humanos y del ciudadano y fue tolerante con la oposición política, tanto conservadora como izquierdista.
  • Impulsó un programa de reforma agraria para beneficiar a campesinos sin tierra, pero ese proyecto atemorizó a muchos terratenientes quienes, erradamente, creyeron que iba a perder sus propiedades.
  • El nuevo Gobierno también favoreció la educación laica, inspirado en la Escuela del maestro Eugenio María de Hostos, y esa medida no gustó al clero católico cuyas relaciones con Bosch, desde antes de las elecciones, no fueron cordiales.
  • El sector empresarial, entonces en desarrollo, también sintió temor porque el gobierno de Bosch se mostraba muy liberal y muy tolerante con los comunistas, algo a lo que los dominicanos todavía no estaban acostumbrado. Había el temor de que el comunismo, especialmente desde la Cuba de Fidel Castro, se infiltrara en la República Dominicana.
  • Las relaciones del Presidente Bosch con el alto mando de las Fuerzas Armadas tampoco fueron muy cordiales, pues gran parte de los militares de la escuela trujillista se mostraron celosos de la política liberal del Gobierno y de la proliferación de ideas izquierdistas en el país.
  • La economía nacional había iniciado su despegue y el gobierno de Bosch había contado con el respaldo del Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, cuyo programa llamado Alianza para el Progreso, estaba destinado a beneficiar a los países pobres de América Latina, como era la República Dominicana.
  • El Gobierno de Bosch suscribió un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de miles de viviendas para sectores de escasos ingresos. Asimismo, firmó un convenio con una firma europea, llamada Overseas Industrial Construction Limited, para la construcción de las Presas de Taveras y Valdesia.

La Constitución de 1963.

 

El 29 de abril de 1963 el Congreso Nacional, en funciones de Asamblea Revisora, proclamó la nueva Constitución Política de la nación que entró en vigencia en el mes de mayo. Esa Constitución fue novedosa, en su forma y en su contenido. Asimismo, fue un texto muy liberal y avanzado para el cual los dominicanos, todavía, no estaban preparados. Entre sus rasgos más sobresalientes se encuentran:

  • Estableció que la elección de los jueces se haría a través del Senado.
  • Fijó el período presidencial por cuatro años.
  • Prohibió la reelección presidencial para el período siguiente.
  • Proclamó la libertad sindical y el derecho de los campesinos a la tierra.
  • Prohibió el latifundio y estableció la plena vigencia de los derechos humanos.

El golpe de Estado.

 

Al igual que la Iglesia Católica, gran parte del empresariado, los partidos políticos de derecha y los militares no confiaban en el gobierno de Juan Bosch y, por tanto, temían que se dejara influir por elementos izquierdistas de ideología comunista. Bajo esa errada percepción, pronto se comenzó a conspirar para derrocar el nuevo orden político.

  • En marzo de 1963 se creó una organización no partidista llamada Acción Dominicana Independiente (ADI), que realizó numerosas manifestaciones contra el Gobierno.
  • En abril se produjo un incidente internacional con Haití. La Embajada dominicana en Puerto Príncipe fue rodeada por militares del gobierno de Francois Duvalier porque supuestamente en ella se habían escondido varios opositores al Gobierno haitiano. Las fuerzas armadas dominicanas fueron alertadas para prepararse en caso de que fuera necesario ir a la guerra con Haití, pero la intervención de la OEA impidió que el caso terminara en un conflicto armado entre ambos países.
  • El 31 de julio, el Episcopado protestó públicamente denunciando una campaña contra la Iglesia impulsada por grupos o sectores comunistas.
  • En todo el país se organizaron manifestaciones llamadas de “Reafirmación cristiana”, en las que se acusaba al gobierno de Bosch de ser pro comunista.
  • En septiembre un grupo de comerciantes, industriales y empresarios apoyó una huelga general contra el gobierno que duró dos días.

En la madrugada del 25 de Septiembre de 1963, un grupo de militares encabezados por el entonces Secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Víctor Elby Viñas Román, llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional que presidía Juan Bosch, a quien apresaron y luego obligaron a salir del país con destino a Puerto Rico. Los militares golpistas, que contaron con el apoyo de poderosos sectores empresariales y políticos, disolvieron el Congreso, restablecieron la Constitución de 1962, ordenaron la formación de un Gobierno Provisional y declararon fuera de la ley a los partidos políticos calificados de comunistas o pro comunistas. Terminó así el primer ensayo democrático en la República Dominicana después de la tiranía trujillista.

En aquel primer gobierno del PRD, encabezado por el Presidente Bosch, el pueblo dominicano cifró todas las esperanzas frustradas, todas las aspiraciones reprimidas y acumuladas durante más de tres decenios por virtud del asfixiante clima moral que impuso la maquinaria represiva de la tiranía trujillista. Sin embargo, las condiciones políticas, y la propia situación financiera del país, no fueron muy favorables para el pleno ejercicio de un régimen democrático. Además, los grupos de presión heredados del trujillato permanecieron intactos y ello no tardó en provocar el surgimiento de agudas contradicciones entre el presidente de la República, el Partido del gobierno, y los sectores oligárquicos que se habían consubstanciado con el desaparecido régimen trujillista.

La nueva situación social y política en que se veía involucrado el pueblo tampoco resultaba muy halagadora para los norteamericanos quienes, alarmados por la experiencia cubana, temían que un exceso de flexibilidad democrática provocara fisuras al través de las cuales los emergentes grupos izquierdistas dominicanos pudieran tener acceso al control del poder. Desde la muerte de Trujillo, el Departamento de Estado se había ceñido a actuar conforme a la famosa frase del presidente Kennedy, formulada a raíz de la liquidación de la tiranía, en el sentido de que frente a la República Dominicana existían tres posibilidades en orden descendente de preferencia. A saber: un régimen democrático serio, un gobierno similar al de Trujillo o un régimen al estilo de Fidel Castro. “Nuestra meta –aseveró el presidente Kennedy– debe ser lo primero, pero en realidad no podemos renunciar a lo segundo hasta asegurarnos de que podemos evitar lo tercero”.

El supuesto peligro comunista fue la excusa que ofrecieron a la opinión pública los sectores conservadores nativos que el 25 de septiembre de 1963 pusieron término a la experiencia democrática que había iniciado el Partido Revolucionario Dominicano.

 

El gobierno del Triunvirato.

 

Un gobierno provisional ilegítimo, llamado Triunvirato, porque lo componían tres personas, sustituyó al gobierno constitucional de Juan Bosch. Originalmente, el Triunvirato lo integraban el doctor Emilio de los Santos, Presidente, el doctor Ramón Tapia Espinal y el ingeniero Manuel Enrique Tavares, miembros, quienes eran representantes de los sectores conservadores que habían propiciado el derrocamiento de Bosch. El Triunvirato, al igual que el Consejo de Estado un año atrás, asumió las funciones del Congreso y del Ejecutivo al mismo tiempo.

La represión militar desplegada por el nuevo gobierno impidió que los sectores populares se lanzaran a las calles a protestar por la violación a los derechos políticos y constitucionales de los dominicanos. Los estudiantes universitarios y la Federación de Mujeres Dominicanas pronto iniciaron una oposición sistemática contra el gobierno del Triunvirato; pero no fue hasta el mes de noviembre cuando se produjo una huelga general organizada por movimientos políticos de izquierda.

El 29 de noviembre el Movimiento 14 de Junio, con su principal líder a la cabeza, el doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, declaró la guerra al Triunvirato tras sublevarse en diferentes montañas del Norte, Este y Sur del país. Los catorcistas, que exigían el retorno a la constitucionalidad de 1963, establecieron seis frentes armados en Las Manaclas, en San José de las Matas, La Horma, en San José de Ocoa, La Berrenda, en Miches, Loma la Colorada, en San Francisco de Macorís, El Limón y la Escalera, en Puerto Plata, y Los Lindos de Enriquillo, en la Sierra del Bahoruco.

En poco menos de un mes, el ejército logró derrotar a los revolucionarios, quienes se fueron a las montañas sin haber recibido un riguroso entrenamiento militar y sin haber hecho la coordinación necesaria para que, mientras ellos se enfrentaban en las montañas a las fuerzas del gobierno de facto, en las principales ciudades se llevaran a cabo acciones de guerrillas urbanas.

La gran mayoría de los revolucionarios fue hecha prisionera, pero Manolo Tavárez Justo y más de diez de sus compañeros que decidieron entregarse a las autoridades, luego de reconocer que su causa estaba perdida, fueron fusilados el 23 de diciembre de 1963.

El fracaso de la insurrección guerrillera de 1963 y, sobre todo, por el cruel asesinato de Manolo Tavárez y sus compañeros, produjo un generalizado sentimiento de rechazo en la población y hasta el presidente del Triunvirato, Emilio de los Santos, decidió renunciar a su cargo en señal de desacuerdo por la forma en que el Ejército había manejado el asunto de los jóvenes catorcistas sublevados. El Triunvirato fue reestructurado y en lugar del doctor Emilio de los Santos fue designado el doctor Donald Reid Cabral.

Desgaste del Triunvirato.

 

Después del golpe de Estado, las fuerzas políticas dominicanas comenzaron a reagruparse. Surgieron nuevos partidos políticos, como el Partido Reformista, fundado por Joaquín Balaguer, quien entonces residía en la ciudad de New York. Es importante destacar que, por separado, tanto Bosch como Balaguer, desde el exilio, coincidían en mismo propósito: derrocar al Triunvirato. El sector conservador de República Dominicana decidió formar una nueva organización política llamada Partido Liberal Evolucionista, cuyo principal líder fue Luis Amiama Tió, uno de los participantes en la trama política que ajustició al dictador Trujillo.

Las organizaciones políticas de izquierda, el 14 de Junio y el Movimiento Popular Dominicano, el Partido Revolucionario Dominicano y un sector militar comprometido con el experimento democrático de Bosch, pronto comenzaron a oponer resistencia al gobierno presidido por Donald Reid Cabral y, sobre todo, a exigir el retorno a la constitucionalidad.

Para mantenerse en el poder, el Triunvirato, que desde el principio contó con el apoyo de los Estados Unidos, ahora más temerosos que nunca de la infiltración en el país del comunismo internacional, tuvo que recurrir a la represión política a través de los militares golpistas y de la Policía Nacional.

Algunas medidas adoptadas por el Triunvirato fueron:

  • Anunciar elecciones presidenciales para el 15 de julio de 1965.
  • Declarar ilegal al Partido 14 de Junio.
  • Prohibir el derecho de asociación y de reunión, al tiempo que sancionó las actividades comunistas.

División en las Fuerzas Armadas.

 

Mientras el Gobierno se preparaba para llevar a cabo las elecciones presidenciales, y Donald Reid Cabral mostraba su intención de postularse como candidato a la presidencia, dentro de las Fuerzas Armadas surgieron tres grupos que terminaron enfrentándose y debilitando la unidad de esa institución.

El primero de esos grupos lo integraban militares identificados con los principios democráticos que defendía el PRD y eran partidarios de que Juan Bosch retornara a la presidencia, sin elecciones, a concluir el período para el cual había sido libremente electo. Entre esos militares se destacaban, principalmente, el entonces Teniente Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y el Teniente Coronel Miguel A. Hernado Ramírez, ambos del Ejército Nacional.

Un segundo grupo de militares, que no estaban de acuerdo con los llamados “constitucionalistas” (como se identificó a los que propugnaban por el retorno de Bosch a la presidencia), era el llamado “grupo de San Cristóbal”, conocido con ese nombre porque la mayoría de ellos había nacido en esa ciudad. Este grupo era de conocida militancia trujillista y por lo tanto se mostraba partidario de que Joaquín Balaguer, con su recién formado Partido Reformista, regresara al país. Los principales cabecillas del “grupo San Cristóbal” eran los generales Salvador Montás Guerrero, Félix Hermida hijo, y también el entonces Coronel Neit Rafael Nivar Seijas.

El tercer grupo militar, fiel al Gobierno del Triunvirato, no apoyaba la idea de que Bosch o Balaguer volvieran a gobernar la nación. Consideraban conveniente que el Triunvirato continuara gobernando hasta que se celebraran elecciones con la participación de los partidos políticos que habían apoyado el golpe de Estado. El militar que mayor influencia tenía en este tercer grupo era el Coronel Elías Wessin y Wessin, director de la Escuela Militar “Batalla de las Carreras”, más luego conocida como Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas (CEFA).

Cada uno de estos grupos militares, por su cuenta, actuaba de común acuerdo con varios partidos políticos. Para principios de 1965, la situación política y económica del país era crítica y en cualquier momento podía ocurrir un estallido revolucionario. A pesar de la represión policial y militar, las protestas contra el Gobierno, exigiendo renuncia de los “triunviros”, fueron cada vez más frecuentes por medio de huelgas y manifestaciones públicas.

El movimiento constitucionalista

En Puerto Rico, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Social Cristiano firmaron un acuerdo conocido como “Pacto de Río Piedras”, mediante el cual ambas organizaciones se comprometían a intensificar su lucha contra el Triunvirato. Este fue un paso decisivo para el movimiento político democrático, porque cuando apenas habían transcurrido tres meses del “Pacto de Río Piedras”, el gobierno del Triunvirato cayó víctima de una asonada militar organizada por el grupo de los constitucionalistas. Mientras Bosch se encontraba en el exilio, junto con otros miembros de su partido, en Santo Domingo el PRD era reorganizado bajo las directrices de un joven que logró destacarse en la política criolla. Su nombre: José Francisco Peña Gómez.

El objetivo central del referido golpe era restituir el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, para que este concluyera el mandato para el cual había sido electo, que concluía el 27 de febrero de 1967. En este punto no lograron ponerse de acuerdo los sectores entonces en pugna, sobre todo porque los principales artífices que propiciaron el golpe septembrino temían represalias del poder legítimo constituido que ellos habían derrocado. Ante tal situación, el grupo militar y político que abogaba por la vuelta a la constitucionalidad optó por entregar armas a la población a fin de defender militarmente el anhelo popular. Fue así como de un simple coup d’etat el 24 de abril devino uno de los más genuinos movimientos político-sociales de la historia política contemporánea de la República Dominicana.

El 24 de abril de 1965, que era sábado, comenzó una rebelión militar en los campamentos “27 de Febrero” y “16 de Agosto”, respectivamente. El capitán Mario Peña Taveras incumplió una orden impartida por el General Marcos Rivera Cuesta para que arrestara varios militares sospechosos de conspirar contra el Triunvirato. Peña Taveras, por el contrario, detuvo al propio jefe del Ejército y, junto con varios oficiales, alertó a otros compañeros de armas a fin de que se rebelaran contra el Triunvirato. En la tarde de ese mismo día, el dirigente perredeista José Francisco Peña Gómez procedió a ocupar una cabina de la emisora Radio Comercial y llamó al pueblo a la insurrección. Poco después, la Radio Santo Domingo (hoy CERTEVE), fue también ocupada por militares identificados con la causa constitucionalista y desde allí mantuvieron el llamado al pueblo para que se lanzara a las calles a demandar el retorno de Juan Bosch al poder sin necesidad de celebrar nuevas elecciones.

Nuevo gobierno constitucional.

En la madrugada del 25 de abril, Donald Reid Cabral se vio forzado a renunciar del gobierno, siendo sustituido por el doctor José Rafael Molina Ureña, como Presidente provisional. Molina Ureña había sido presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Juan Bosch y como el presidente del Senado, que lo era Juan Casasnovas Garrido, no estaba en el país, de acuerdo con la Constitución de 1963 le correspondía al primero desempeñar la Presidencia hasta que su titular constitucional regresara al país.

La nueva crisis política que surgió a raíz del golpe que depuso al Triunvirato dividió a las Fuerzas Armadas en dos bandos irreconciliables: el de los constitucionalistas, que en principio lideraba el Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (quien se encontraba en el exilio), y el de los adictos al Triunvirato, que además se oponían al retorno de Bosch. Los líderes de este último grupo solo compartían su animadversión por Juan Bosch, a quien temían y tildaban de “flojo con los comunistas”, pero cada uno tenía sus propias ambiciones de poder. Se trataba del general Juan de los Santos Céspedes, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, del Comodoro Francisco Javier Rivera Caminero, Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, y del general Elías Wessin y Wessin, jefe del poderoso CEFA, y hombre de confianza del triunviro Donald Reid Cabral.

Los militares constitucionalistas, entre los que se destacaban Francisco Alberto Caamaño, Manuel Núñez Noguera, Hernando Ramírez, Héctor Lachapelle y otros, decidieron distribuir armas entre la población civil a fin de oponer resistencia al grupo militar de San Isidro y también al grupo de San Cristóbal, que habían designado una Junta Militar integrada por los coroneles Pedro Bartolomé Benoit (FA), Olgo Santana Carrasco (MG) y Enrique Casado Saladín (EN), que apenas duró tres días. En cuestión de horas, estos dos bandos militares iniciaron una serie de enfrentamientos bélicos que desencadenaron en lo que se conoce como Revolución de Abril.

 

  • Tropas de la Base Aérea de San Isidro, con la ayuda de varios tanques de guerra y artillería pesada, trataron de cruzar el Puente Duarte, pero fueron repelidas por los militares constitucionalistas y una gran cantidad de civiles armados en sucesivos combates que tuvieron lugar los días 25, 26 y 27 de abril, resultando numerosos muertos y heridos.

 

  • Aviones de la Fuerza Aérea y unidades navales de la Marina de Guerra bombardearon el Puente Duarte y también el Palacio Nacional, donde se encontraba el presidente Molina Ureña.
  • Un numeroso contingente de soldados procedentes de San Cristóbal, comandado por el general Salvador Montás Guerrero, ocupó la parte Oeste de la ciudad de Santo Domingo.
  • El doctor Molina Ureña, en compañía de los coroneles Francisco Caamaño y Manuel Ramón Montes Arache, se reunieron con el embajador norteamericano, William Tapley Bennet, a fin de lograr que el diplomático gestionara primero un cese de fuego para evitar que continuaran las pérdidas de vidas, y después un acuerdo con las fuerzas opositoras; pero, al comprobar que sus esfuerzos no lograron el objetivo deseado, el Presidente provisional decidió renunciar y buscar asilo político junto con otros miembros de su efímero gobierno.
  • A raíz de la renuncia del doctor Molina Ureña se produjo un vacío de poder que permitió el surgimiento de un nuevo líder: el Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien tendría un papel estelar en la resistencia contra los soldados de Wessin y Wessin en el Puente Duarte.
  • Un grupo de senadores y de diputados del Gobierno Constitucional de Juan Bosch se reunieron en Asamblea Nacional, el 3 de mayo, y eligieron Presidente del gobierno en armas al Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien se juramentó al siguiente día.

Intervención militar norteamericana.

 

El Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, atendiendo a una petición que le hizo la Junta Militar de San Isidro, ordenó el envío a la República Dominicana de tropas de la Infantería de su país con el propósito de proteger las vidas de ciudadanos norteamericanos que “supuestamente estaban en peligro”, de acuerdo con los oficiales de San Isidro que solicitaron la intervención militar norteamericana. Fue la segunda ocasión que, durante el siglo XX, los Estados Unidos ocupaban militarmente la República Dominicana; pero, a diferencia del período 1916-1924, la ocupación militar de 1965, que comenzó el 28 de abril, no abarcó todo el territorio nacional, sino que se limitó a la ciudad capital. En cuestión de días, aproximadamente 42,000 soldados norteamericanos, apoyados por una imponente escuadra naval que incluía portaaviones, tanques de guerra, helicópteros y los más sofisticados armamentos, ocuparon la ciudad Primada de América y de inmediato establecieron un corredor de seguridad que dividió en dos zonas la capital de la República.

  • La ocupación militar por parte de los “marines” provocó que los constitucionalistas se atrincheraran en la ciudad colonial, en los sectores de San Carlos, San Antón, Santa Bárbara y en Ciudad Nueva, mientras que el bando de San Isidro ocupó la parte norte y sur de la capital.
  • La Junta Militar de San Isidro renunció en pleno y, en su lugar, se creó el Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por el general Antonio Imbert Barrera, uno de los héroes sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo, y por varios ciudadanos más. La instalación de este gobierno tuvo lugar el 7 de mayo de 1965.
  • En la ciudad de Santo Domingo hubo dos gobiernos: el Constitucionalista, con asiento en la ciudad colonial; y el de Reconstrucción Nacional, que operaba desde el Centro de los Héroes.
  • A diferencia del Gobierno de Caamaño, que sólo operaba en la ciudad colonial y en Ciudad Nueva, el de Reconstrucción Nacional recibió el apoyo de los interventores norteamericanos, lo que le permitió mantener el control sobre todo el país. Este gobierno que dirigió Imbert Barrera también recibió apoyo financiero y en armamentos por parte de los Estados Unidos que alegaban que el movimiento constitucionalista estaba dominado por “comunistas”.
  • Durante cuatro meses (mayo, junio, julio y agosto), los constitucionalistas, que adoptaron la modalidad militar de comandos urbanos (unidades básicas de combate integradas por civiles armados), repelieron tanto a las tropas dominicanas leales al Gobierno de Reconstrucción Nacional, como también de los norteamericanos, quienes los días 14 y 15 de junio lanzaron un feroz ataque sobre la ciudad colonial, pero tras comprobar que los revolucionarios dominicanos estaban dispuestos a resistir hasta el último momento, desistieron de sus propósitos.
  • El coronel Rafael Fernández Domínguez, uno de los principales ideólogos del movimiento constitucionalista, logró regresar a Santo Domingo el 13 de mayo, integrándose de inmediato al Gobierno que presidía el coronel Caamaño. Murió en combate seis días después, cuando las fuerzas constitucionalistas intentaron recuperar el Palacio Nacional.
  • La mujer dominicana tuvo también una participación destacada en la guerra de 1965. No sólo apoyó moralmente a los revolucionarios, sino que algunas reconocidas activistas del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, como Piky Lora, Teresa Espaillat, Emma Tavárez Justo, Aniana Vargas, Marisela Vargas, Josefina Paniagua, Sagrada Bujosa, participaron activa y militantemente en la revolución.
  • El caso dominicano tuvo una repercusión internacional y fue llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde Cuba y la Unión Soviética acusaron a los Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana, violando así la Carta de las Naciones Unidas.

Negociaciones con la OEA. Fin de la guerra.

 

Desde los inicios del conflicto armado, la Organización de Estados Americanos (OEA) intentó lograr un acuerdo entre las partes. Al comprobar que el enfrentamiento armado era inevitable, y tras la intervención militar de Estados Unidos, los Estados miembros de la OEA se reunieron en Washington y aprobaron la creación de una Fuerza Interamericana de Paz (FIP) que, en realidad, legitimó la intervención militar norteamericana. Solo Brasil, Paraguay, Costa Rica y Honduras enviaron tropas a Santo Domingo para formar, junto con las norteamericanas, la Fuerza Interamericana de Paz. Los demás gobiernos de América Latina no respaldaron la iniciativa de la OEA y condenaron la actitud intervencionista de Estados Unidos.

  • Tras intensas negociaciones, que duraron varios meses, entre representantes de la OEA y del Gobierno constitucionalista finalmente se llegó a un acuerdo para poner fin a la guerra. Esas negociaciones se realizaban mientras las tropas del gobierno de Reconstrucción Nacional y las norteamericanas atacaban a los constitucionalistas en un esfuerzo por acabar con la resistencia del pueblo en armas.
  • El 31 de agosto de 1965 el Gobierno Constitucionalista y una comisión de la OEA firmaron un documento conocido como Acta de Reconciliación Dominicana, mediante el cual se aceptaba la instalación de un Gobierno Provisional, que sería presidido por el doctor Héctor García Godoy, que a su vez organizaría elecciones presidenciales fijadas para el 1 de junio de 1966. El “Acta de Reconciliación” también establecía las bases para el desarme de la población civil y otras medidas encaminadas a lograr la paz definitiva entre las fuerzas en pugna. Por el Gobierno Constitucional firmaron: Francisco A. Caamaño Deñó, Presidente; Aníbal Campagna, Presidente del Senado; Jottin Cury, Ministro de Relaciones Exteriores; Héctor Aristy, Ministro de la Presidencia; Salvador Jorge Blanco, Procurador General de la República; Antonio Guzmán, Miembro de la Comisión Negociadora y Héctor García Godoy. Por la Comisión de la OEA, firmaron: Ilmar Penna Marinho, Embajador Representante de Brasil; Ramón de Clairmont Dueñas, Embajador Representante de El Salvador; y Ellsworth Bunker, Embajador Representante de Estados Unidos.
  • El Gobierno de Reconstrucción Nacional decidió no firmar el Acta de Reconciliación Dominicana, y sus integrantes prefirieron presentar renuncia. Sin embargo, un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, como el Comodoro Francisco Javier Rivera Caminero, el General de Brigada, E.N., Jacinto Martínez Arana, el Comodoro Ramón Emilio Jiménez H., el General de Brigada, F.A.D., Juan de los Santos Céspedes y el General de Brigada, P.N., Hermán Despradel Brache, ofrecieron su respaldo a la iniciativa de la OEA.
  • El 3 de septiembre de 1965, el Coronel Francisco A. Caamaño Deñó y el doctor Héctor García Godoy suscribieron el Acto Institucional, el cual fue una especie de Constitución para el Gobierno Provisional que surgió como consecuencia del cese de las hostilidades entre los constitucionalistas, las tropas leales al Gobierno de Reconstrucción Nacional y las fuerzas interventoras reunidas en Fuerza Interamericana de Paz.

Conclusión

Lo que el 24 de abril había comenzado como una rebelión político-militar para derrocar el gobierno de facto del Triunvirato, se tornó en una revolución armada luego de que fracasaran los intentos para lograr un acuerdo entre los dos bandos militares en que estaban divididas las Fuerzas Armadas. A raíz de la intervención militar norteamericana, el conflicto se convirtió en una Guerra Patria, pues los constitucionalistas, que habían empuñado las armas exigiendo el retorno de Juan Bosch a la presidencia y defendiendo la soberanía nacional tuvieron, además, que enfrentarse a la poderosa infantería de los Estados Unidos.

La guerra de 1965 arrojó más de 5,000 muertos y cientos de heridos. Asimismo, agudizó la crisis económica de la nación y reavivó el antagonismo tradicional entre los sectores liberales y conservadores que desde la fundación de la República se han enfrentado tratando de controlar el poder político.

Porque Abril fue, simultáneamente, un intento por rescatar la constitucionalidad, que había sido cercenada dos años antes; una guerra patria, porque a raíz de la intervención militar norteamericana (cuyo propósito fundamental era, y fue, impedir que Juan Bosch retornara a la presidencia de la República) el pueblo se lanzó a las calles para defender su soberanía; y el más auténtico esfuerzo de los dominicanos del pasado siglo por preservar los principios democráticos que nos legaron los fundadores de nuestra nacionalidad.

En más de un aspecto, la revolución de 1965 tuvo para los dominicanos una trascendencia histórica similar a la que tuvieron los movimientos sociales de 1968 en Europa y en otros países cuya dinámica del desarrollo económico, político y social experimentó notables cambios. Solo que en el caso dominicano, la Guerra Patria de 1965 supuso una verdadera ruptura con el ancien regime trujillista, cosa que no logró a corto plazo el tiranicidio de 1961, de forma tal que puede afirmarse que fue a partir de 1965 que la sociedad dominicana entró en un proceso de moderada transformación sistémica, esto es, de transición desde un modelo autoritario hacia una sociedad abierta, pluralista y democrática, que también involucró al estudio de la historia nacional.

En el ámbito intelectual, y al calor de las principales corrientes ideológicas entonces en pugna dentro del mundo bipolar que caracterizó la llamada Guerra Fría, en la República Dominicana emergió un nuevo movimiento intelectual

 

REFERENCIAS

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Martin, John Bartlow, Overtaken by Events. The Dominican Crisis from the Fall of Trujillo to the Civil War, New York, Doubleday & Company, Inc., 1966.

Acerca del gentilicio de los dominicanos

Juan Daniel Balcácer

La nacionalidad es una dinámica en evolución permanente. No surge al azar ni se adquiere exclusivamente por virtud de providencias jurídicas o legislativas: simplemente se forja con el devenir del tiempo en determinado espacio geográfico habitado por un conglomerado social que, por lo general, comparte comunes experiencias lingüísticas, históricas, antropológicas y culturales, entre otros factores.

En el caso dominicano, el proceso de construcción de la nación y, lo que es más importante, la conformación de un ethos o sentimiento nacional, han sido fenómenos en gestación durante siglos. Andrés L. Mateo ha escrito que la dominicanidad “es un pendular entre el parecer y el ser”, una especie de gerundio, un “siendo”, o, más bien, una realidad mutable en constante evolución y transformación.

En el presente artículo no pretendo adentrarme en el examen de los conceptos de nación y de nacionalidad. Me limitaré a brindar una explicación en torno al origen de nuestro gentilicio y a establecer a partir de qué momento, en el discurrir histórico de nuestra nación, se comenzó a usar el vocativo que nos identifica como pueblo: me refiero al gentilicio nacional de “dominicano”.

¿De dónde proviene y desde cuándo se usa? Hay quienes equivocadamente creen que a los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo se les comenzó a identificar con el gentilicio de “dominicanos” a partir del 27 de Febrero de 1844 cuando fue proclamada la República Dominicana.

Se impone precisar que el origen y uso de nuestro gentilicio es anterior a la fundación del Estado nacional. Es más: por haber sido el pueblo de Santo Domingo, o lo que es lo mismo, el pueblo dominicano, el que inició y concluyó exitosamente el movimiento de separación de Haití, constituyéndose en una nación independiente y de fundamentos democráticos, fue que el general Juan Pablo Duarte dio el nombre de República Dominicana al nuevo Estado que nació en 1844.

El gentilicio “dominicano” deriva del nombre de Domingo. Recuérdese que el Adelantado Bartolomé Colón –hermano del Almirante Descubridor de América- entre 1496 y 1498 fundó sobre la margen oriental del río Ozama una pequeña ciudad en el área en donde hoy se encuentra la iglesia del Rosario (contigua a los Molinos Dominicanos). Esa nueva ciudad fue bautizada con el nombre de Santo Domingo, designación que, según las crónicas antiguas, obedeció a tres razones. La primera razón fue que el día en que el Adelantado Bartolomé Colón llegó al lugar escogido se festejaba el onomástico del Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores conocida como “dominicos o dominicanos”; la segunda, que ese día, por coincidencia, era domingo; y, la tercera, que el padre de los Colón se llamaba Domingo.

Los amantes de la historia dominicana recordarán que la primera ciudad de Santo Domingo fue destruida por un huracán en el año 1502, y que el nuevo Gobernador de la colonia, Frey Nicolás de Ovando, dispuso su traslado a la margen opuesta del río, esto es, donde actualmente se encuentra la ciudad colonial.

Es fama que el nombre de Santo Domingo, dado a la ciudad Primada de América (que en una ocasión fue llamada “la Atenas del Nuevo Mundo” y no tardó en adquirir gran esplendor y prestigio en Europa), se extendió a toda la demarcación isleña desde el año 1508. También se sabe que Cristóbal Colón, el Gran Almirante de la mar océana, originalmente bautizó nuestra isla con el nombre de Española. Paulatinamente, la isla Española, erróneamente llamada Hispaniola (tema a dilucidar en otro artículo), primero fue conocida como Isla Española de Santo Domingo hasta que, finalmente, sólo quedó el nombre de Santo Domingo.

Tal circunstancia explica el hecho de que desde mediados del siglo XVII lógicamente se comenzara a aplicar el gentilicio de “dominicano” a todo aquel ciudadano nacido en la isla de Santo Domingo. El historiador Emilio Rodríguez Demorizi, en su libro Seudónimos dominicanos consigna que en una Real Cédula, fechada en 1621, se afirma lo siguiente: “Y este Concilio Provincial le podréis intitular dominicano…” Luis José Peguero, el primer nativo de la isla en escribir una historia local hacia 1762, que tituló Historia de la conquista de la isla Española de Santo Domingo, afirmó que “los valientes dominicanos” habían sabido defender su Isla Española. Más adelante, cuando el padre Antonio Sánchez Valverde escribió su Idea del valor de la Isla Española, publicada en Madrid en 1785, llamó a sus compatriotas “dominicanos o españoles criollos”. En el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo, la Novena para implorar la protección de María Santísima por medio de su imagen de Altagracia, que data del año 1800, se habla de que “al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores, y beneficios, que confiesan debidos a María los dominicanos…”

Un cuidadoso examen de la historia colonial dominicana revela que fue durante la primera mitad del siglo XIX cuando nuestro gentilicio comenzó a popularizarse, tal vez como una manera de establecer diferencias étnicas entre los habitantes del Santo Domingo español y los naturales de la parte oeste de la isla (también conocida como Santo Domingo francés) quienes, después de una cruenta guerra revolucionaria, que duró casi quince años, se constituyeron en la República de Haití. De igual modo, el uso del gentilicio “dominicano” adquirió mayor auge en la medida en que nuestros antepasados de la primera mitad del siglo XIX sentaban las bases para cohesionar una comunidad política que merced a similares características lingüísticas, geográficas e históricas se hallaba inmersa en el proceso de definición del sentido de pertenencia a una colectividad producto de lo que Ernest Renán ha llamado “la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y desvelos”.

Hacia 1815, el gobernador Carlos Urrutia, célebre personaje de los tiempos de La España Boba (1808-1821), al que también se le conocía como Carlos Conuco, en una Proclama se refiere a los “fieles y valerosos dominicanos” que participaron en un asalto protagonizado por sus tropas colecticias. El 10 de diciembre de 1820, el gobernador Sebastián Kindelán, en un Manifiesto público elogió a los “fieles dominicanos”; y cuando el primero de diciembre de 1821 el doctor José Núñez de Cáceres, el caudillo del frustrado movimiento conocido como La independencia efímera, dio a la luz pública el Manifiesto Político mediante el cual los dominicanos se separaban de España y crearon el Estado Independiente de Haití Español, lo intituló Declaratoria de independencia del pueblo dominicano.

En el decurso del período de la Dominación Haitiana (1822-1844) y que algunos autores llaman la Unión con Haití, los legisladores haitianos pretendieron absorber la parte española de la isla integrándola a su República, hasta el punto que en los documentos oficiales, al referirse a los habitantes de la parte del Este de la isla, se los llamaba “hispano-haitianos”. Afortunadamente, la herencia cultural, lingüística e histórica del pueblo de Santo Domingo ya había arraigado en lo más profundo de la subconsciencia colectiva y correspondió a Juan Pablo Duarte la gloria de eternizar el gentilicio dominicano disponiendo su inclusión en el nombre del Estado que emergió del grito independentista en el Baluarte del Conde, esto es, República Dominicana.

Nuestro gentilicio también aparece en el Juramento de los Trinitarios de 1838. Seis años después, el vocablo fue incorporado a la Manifestación del 16 de enero de 1844, documento considerado como nuestra Acta de Independencia y que fungió como base jurídica del gobierno colegiado conocido como Junta Central Gubernativa. El gentilicio fue definitivamente consagrado en la primera Constitución Política de la nación, sancionada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal, en cuyo artículo primero se consignó que “Los Dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana…” Postreramente, el legislador modificó ese primer artículo de la manera como actualmente figura en nuestra Carta Magna: “El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana”.

Como puede comprobarse, el gentilicio nacional dominicano proviene del nombre de nuestro país, que es Santo Domingo, y ha estado en uso desde principios del siglo XVII. De esta designación también deriva el nombre oficial de nuestro Estado, que es República Dominicana, el cual solo existe desde 1844. No deben confundirse los conceptos de país y Estado, toda vez que por lo general el primero precede al segundo. Existe otro gentilicio que también se aplica a los dominicanos y es quisqueyano, derivado de la voz indígena Quisqueya que, según algunos cronistas de Indias, los taínos dieron por nombre a una región de la isla. Conviene precisar que este segundo gentilicio es el preferido por Eugenio María de Hostos y también el que casi siempre utilizan los poetas y escritores en sus composiciones literarias. Por ejemplo, todos los dominicanos saben que con el gentilicio quisqueyano el poeta Emilio Prud´Homme dio inicio al primer verso de nuestro glorioso himno nacional, sublime canto patrio que, de conformidad con nuestra Constitución, es “único, invariable y eterno”. Pero eso es tema de otra historia…

 

Pasado y Presente.¿CUAL ES EL NOMBRE DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA?  

 

 

Juan Daniel Balcácer

            La Constitución dominicana, sancionada el 26 de enero de 2010, en la Sección III, “De la división político administrativa”, en su artículo 13 establece lo siguiente: “La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional, capital de la República y asiento del gobierno nacional.”

En el 2008 el Poder Ejecutivo sometió a la consideración de las cámaras legislativas un ante proyecto de Constitución Política en el que, entre otros objetivos, se propuso enmendar un error histórico, que data de 1966, consistente en agregarle el apellido Guzmán al nombre de la capital, toda vez que, con anterioridad al referido año, tanto durante la época colonial como en la etapa republicana, la Ciudad Primada de América se llamó simplemente Santo Domingo, sin el Guzmán. Fue a partir del 1966 cuando, acaso por virtud de un desliz de los asambleístas que redactaron el Pacto Fundamental de ese año, se le agregó el apellido Guzmán al nombre de la ciudad capital. Con el fin de estar debidamente informados respecto del tema en cuestión, invito al lector a incursionar brevemente en la evolución histórica del nombre original de la primera ciudad del llamado Nuevo Mundo.

  1. ORIGEN DEL NOMBRE.

1.1. Hacia 1498, no hay seguridad en torno al día ni al año, el Adelantado Bartolomé Colón, hermano del Gran Almirante, fundó sobre la margen oriental del río Ozama una ciudad a la que bautizó con el nombre de Santo Domingo en honor, según la tradición, al Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de predicadores cuyos integrantes son los frailes conocidos como “dominicos” o “dominicanos”. Fray Cipriano de Utrera es de opinión de que otras dos razones también influyeron en la escogencia de dicho nombre: 1) que el día en que el Adelantado llegó al lugar donde se erigió la pequeña villa era domingo; y, 2) que el padre de los Colón se llamaba Domingo. En 1502, tras ser devastada por un huracán, el gobernador Frey Nicolás de Ovando dispuso que la ciudad de Santo Domingo fuera erigida sobre la margen occidental del río Ozama, donde se encuentra actualmente.

1.2. La isla Española, bautizada así por el Gran Almirante, porque sus valles y vegas eran “de las más hermosas del mundo y cuasi semejables a las tierras de Castilla”, tuvo por ciudad principal y asiento de sus principales autoridades, a la ciudad de Santo Domingo, también conocida como Ciudad Primada de América.

1.3. Durante varios decenios del siglo XVI, la isla fue conocida como Isla Española; sin embargo, a partir de 1550 en diversos documentos también se la identifica como Isla Española o de Santo Domingo. Este último nombre finalmente se impuso en razón de la importancia que adquirió en el viejo continente la Ciudad Primada de América, siempre llamada Santo Domingo, sin el Guzmán. Aquí se estableció la Real Audiencia de Santo Domingo y cuando se elevó la sede episcopal se le llamó Arzobispado de Santo Domingo.

1.4. A los oriundos de la Isla de Santo Domingo se les conoció, desde inicios del siglo XVII, según consta en una Real Cédula de 1621 y en varios documentos postreros, con el gentilicio de “dominicanos” que deriva del sustantivo Domingo. Así, pueblo de Santo Domingo, ciudad de Santo Domingo e isla de Santo Domingo fueron siempre identificados sin el apellido Guzmán.

 

  1. EL NOMBRE DE LA CAPITAL EN LA CONSTITUCIÓN.

2.1. En noviembre de 1844, tras la proclamación de la REPÚBLICA DOMINICANA el 27 de febrero de ese mismo año, fue sancionada la primera Constitución Política dominicana, en la villa de San Cristóbal. El Artículo 6, título II, dice textualmente: “La ciudad de Santo Domingo es Capital de la República y asiento del Gobierno”; disposición que se mantuvo en vigor en todos nuestros textos constitucionales hasta 1942.

2.2. En la revisión constitucional de diciembre de 1854, el legislador usó por primera vez el apellido GUZMÁN al enumerar los nombres de las cinco provincias que entonces conformaban el territorio de la República. En el Art. 3 de esa Carta Magna se lee: “Las provincias actuales: Compostela de Azua, Santo Domingo de Guzmán, Santa Cruz del Seibo, Concepción de La Vega y Santiago de los Caballeros”. No obstante, en el Art. 20, “Del Poder Legislativo”, se mantuvo el criterio de que “la ciudad de Santo Domingo es Capital de la República y asiento de los Poderes Supremos del Estado”.

2.3. El nombre de la Provincia de Santo Domingo de Guzmán figuró en nuestros textos constitucionales hasta la reforma de 1879, cuando se omitió el apellido Guzmán y simplemente se consignó que la Provincia sede del gobierno central se llamaba Santo Domingo, al igual que la ciudad capital.

2.4. Salvo la Constitución de 1858, mejor conocida como la Constitución de Moca, que designó a la ciudad de Santiago como Capital de la República y sede del gobierno nacional, todas las reformas que tuvieron lugar en el siglo XIX mantuvieron invariable el nombre de la ciudad capital como SANTO DOMINGO, sin el Guzmán.

 

III. SANTO DOMINGO EN LAS CONSTITUCIONES DEL SIGLO XX.

3.1. Desde 1907 hasta 1942, el legislador, al momento de reformar la Carta Sustantiva de la nación, siguió la tradición decimonónica designando a la ciudad de Santo Domingo (sin el Guzmán), como capital de la República y asiento del Gobierno nacional. Las leyes, decretos y resoluciones emanadas de los diferentes Poderes del Estado concluían lógicamente de esta manera: “Dado en Santo Domingo, capital de la República, a los… etcétera”.

3.2. Se recordará que en la revisión constitucional de 1942, el Artículo 4 creó el Distrito Nacional de Santo Domingo y en el Art. 5 se consignó el cambio de nombre de la capital de esta manera: “La antigua ciudad de Santo Domingo, hoy Ciudad Trujillo, es la Capital de la República y asiento del Gobierno nacional”. Esta disposición se mantuvo en vigor hasta la revisión de diciembre de 1961, que suprimió el nombre de “Ciudad Trujillo” y le devolvió a la ciudad capital el antiguo nombre de SANTO DOMINGO, sin el Guzmán, disposición que se mantuvo vigente hasta 1966.

3.3. En la reforma constitucional del 29 de noviembre de 1966, el legislador, tal vez inadvertidamente, consignó, en el Art. 6 que: “La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es la capital de la República y el asiento del gobierno nacional.” Lógicamente, desde entonces todos los decretos y leyes emanados del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, concluyen de la siguiente forma: “Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán…”

 

  1. CONCLUSIÓN

4.1. El nombre correcto de la capital de la República Dominicana es SANTO DOMINGO, sin el Guzmán.

4.2. Nunca antes, ni en las constituciones del siglo XIX, ni en las del XX (salvo la reforma de 1966), se usó el apellido Guzmán para referirse a la ciudad capital.

4.3. El único caso que puede haber generado cierta confusión, y por eso fue sabiamente corregido en 1879, tuvo lugar a partir de la reforma de diciembre de 1854 cuando se le llamó Santo Domingo de Guzmán a la Provincia, mas no a la Ciudad Capital de la República, que siguió siendo llamada por su original nombre histórico: Santo Domingo.

Sin embargo, se cuestionarán no pocos lectores, ¿qué hacer frente al hecho de que nuestra Carta Magna designa a la capital de la República con el nombre de Santo Domingo de Guzmán cuando sabemos que históricamente la ciudad Primada de América nunca llevó ese apellido? Habrá que esperar…, hasta que en una futura enmienda constitucional (que confiamos no sea por ahora) se corrija el involuntario error en que incurrió el legislador al

Pasado y Presente.¿Cuál es el nombre de nuestra isla?  

 

Juan Daniel Balcácer

Dos artículos anteriores, uno que versa sobre el nombre de la ciudad capital de República Dominicana, que es Santo Domingo (sin el Guzmán), yel otro que aborda el tema del gentilicio de los dominicanos, han suscitado entre algunos algunos amigos lectores la interrogante que intitula el presente escrito.

En efecto, al igual que acontece respecto de los nombres de la ciudad y de los dos gentilicios con los que indistintamente somos conocidos los habitantes del pueblo de Santo Domingo, dominicanos y quisqueyanos, hay quienes consideran que tal diversidad de nombres genera confusión entre el ciudadano común. Estimo, sin embargo, que si echamos una breve ojeada a la evolución histórica del pueblo dominicano estaremos en capacidad de comprenderla cuestión de los diferentes nombres que ha tenido la isla que hoy comparten las naciones haitiana y dominicana.

 

Nombres primitivos y europeos

 

Cristóbal Colón, en su Diario de Navegación, al referirse al nombre que los taínos daban a la isla, reiteradas veces consignó que éstos la llamaban Bohío. En efecto, el miércoles 5 de diciembre de 1492, tras su arribo a nuestra demarcación isleña, Colón reveló que mientras se hallaba en Cuba, los aborígenes le hablaron de la existencia de una isla abundante en oro, que llamaban el Baneque o el Babeque. Decidió, por tanto, continuar la expedición en busca de dicha isla, pero en cambio llegó a la que él denominó Española, maravillado por su belleza natural que, a su entender, semejaba algunas regiones de España.

En el Diario se lee que “Tampoco pudo ir al Baneque, porque el viento que llevaba era Nordeste. Yendo así miró al Sueste y vido tierra y era una isla muy grande, de la cual ya tenía dizque información de los indios, a que llamavan ellos Bohío, poblada de gente”. Varios días después, el 9 de diciembre de 1492, el Almirante resolvió bautizar la isla Bohío con el nombre de Española. Hay en ella —escribió—, “unas vegas las más hermosas del mundo y cuasi semejables a las tierras de Castilla, ante estas tienen ventaja, por lo cual puso nombre a la dicha isla Española”.

Fray Ramón Pané, sacerdote Jerónimo que vino al Nuevo Mundo en el segundo viaje de Colón, y quien fue el primero en aprender el idioma de los indios macorixes de la Española, en su Relación acerca de las antigüedades de los Indios dice que “la isla llamada Española, que antes llevaba el nombre de Haití y así la llaman los habitantes de ella; anteriormente, ésta y las otras islas se llamaban Bouhí”. Emiliano Tejera, en su libro Indigenismos, nos dice que el vocablo tenía varias formas de escritura: Bohío, Buhío o Boío.

Bartolomé de Las Casas nos dice en su Historia de las Indias que: “Yendo pues así, mirando las tierras, puso los ojos al Sueste, y vido tierra muy grande y ésta es la grande y felicísima isla Española, de la cual tenían nuevas muy frecuentes de los indios, que como cosa muy fastuosa se la nombraban, llamándola Bohío, no supe por qué tal nombre le pusiesen, siendo toda una lengua de los de Cuba y de la Española, pues no se llamaba sino Haytí, la última sílaba aguda… Así que, miércoles, a 5 días de diciembre, descubrió el Almirante la isla de Haytí, a la cual puso después, como luego aparecerá, la Española”.

 

El vocablo Quisqueya

 

Acaso el cronista que mayor controversia ha creado en relación con los nombres de la isla fue Pedro Mártir de Anglería. De este autor puede decirse que fue el primero, hacia el 1556, en publicar una historia sobre el descubrimiento de América. Si bien es cierto que nunca estuvo en América, también es verdad que abrevó en valiosas fuentes primarias, entre éstas el propio Cristóbal Colón. En su Décadas del Nuevo Mundo Anglería escribió: “Los nombre que los primitivos habitantes pusieron a la Española primero Quizqueia y luego Haití. Tales denominaciones no fueron hijas del capricho, sino de la significación que según ellos tenían…”

Anglería es, pues, el primer cronista de Indias en mencionar el vocablo Quisqueya como nombre aborigen de la isla. También consignó que los indios denominaban la isla Cipango. A este autor es al que debemos la invención del vocablo Hispaniola que, según algunos entendidos en cuestiones lingüísticas, se trató de una equivocada traducción de Española, una “caprichosa latinización del legítimo nombre de la Española, que fue el que realmente ostentó la isla a raíz de su colonización por los europeos”, según Leónidas García Lluberes.

José Gabriel García sostiene en su Compendio de la Historia de Santo Domingo que “El nombre principal que le daban los aborígenes a la isla en que habitamos era Haití, que entre ellos significaba tierra alta; pero a más de este nombre tenía en la parte oriental el de Quisqueya, que equivalía a madre de la tierra; y en la occidental el de Babeque o Bohío, cuya traducción era tierra de oro”. En cuanto a Babeque, sabemos por Cristóbal Colón que ese nombre no correspondía a la isla de Bohío o Haití.

Entre los historiadores dominicanos, sin embargo, no existe consenso respecto del vocablo Quisqueya. Hay quienes se inclinan –como Jorge Tena Reyes- por la tesis de que el nombre primitivo de la isla era solo uno: Haití. Otros, empero, prefieren adherirse a la tesis de que a la llegada de los europeos, la isla tenía varios nombres y que Quisqueya era uno de ellos. César Nicolás Penson, en Cosas Añejas, escribió que Quisqueya no era voz indígena, pero reconocía ser de los primeros autores en usarlo como distintivo de lo dominicano. Posteriormente, el canónigo Apolinar Tejera escribió un enjundioso artículo titulado “¿Quid Quisqueya?” en el cual tildó de apócrifo el referido vocablo demostrando que el mismo no existió en la terminología taína y que fue una invención del cronista Pedro Mártir de Anglería.

Al parecer, no existe documento fidedigno —a no ser la versión ofrecida por Anglería— que evidencie a Quisqueya como nombre autóctono de la isla, aunque Anglería consignó que en tiempos del descubrimiento dicho vocablo ya estaba en desuso. En cuanto se refiere al sustantivo Quisqueya (del cual Colón nada dice en su Diario), existen dudas en torno de su autenticidad como voz taína. Sin embargo, una realidad lingüística insoslayable nos fuerza a aceptar dicho vocablo, debido a que el mismo ha resultado de uso preferido por poetas e incluso con el tiempo devino en el otro gentilicio con el que también se identifica a los dominicanos. El historiador Emilio Rodríguez Demorizi sostuvo que “el gentilicio quisqueyano apenas ha pasado de la literatura, de la poesía y de la oratoria, Es nuestro nombre poético, como borinqueño en Puerto Rico”.

Las Relaciones de la época parecen indicar que los taínos habían bautizado diversas regiones de la isla con los nombres antes señalados. En el Manual de Historia Dominicana, Frank Moya Pons prefirió eludir la confusa tradición de emplear varios vocablos indígenas y llama Haití a la isla poblada por los taínos. Roberto Cassá, en su Historia Económica y Social de la República Dominicana, también emplea la voz Haití para referirse a la isla; Franklin Franco, por su parte, en su Historia del Pueblo Dominicano, consigna los nombres de Haití o Babeque. Respecto a este último nombre puede afirmarse que los taínos denominaban otra isla, diferente de la nuestra.

Española o Santo Domingo

 

Se recordará que hacia 1498 (no hay seguridad en torno del día ni del año) Bartolomé Colón —hermano del Almirante—, fundó una ciudad, sobre la margen oriental del río Ozama, que llamó Santo Domingo.

La ciudad de Santo Domingo no tardó en convertirse en el principal puerto de la isla Española y cuando en 1502 fue destruida por un huracán, el gobernador de la colonia, que lo era Frey Nicolás de Ovando, dispuso su traslado a la margen Occidental del río Ozama, que es donde actualmente se encuentra.

Antonio del Monte y Tejada y José Gabriel García en sus respectivas obras consignaron que el 6 de diciembre de 1508, mediante Real Cédula, el rey de España extendió a toda la isla el nombre de Santo Domingo. Sin embargo, se desconoce esa Real Cédula y se cree que el nombre de Santo Domingo fue aplicado a la isla por uso general, tal vez por parecerles más simpático y cómodo a europeos y criollos.

¿A qué se debió la adopción del nombre de Santo Domingo para la isla entera? Entre varias razones al hecho de que la isla Española se convirtió en el más importante y lucrativo centro de actividades comerciales del Nuevo Mundo. Tal circunstancia determinó que el nombre de la ciudad principal y asiento del gobierno colonial primara sobre el de Española. Varias de las instituciones de importancia que fueron establecidas en la ciudad Primada de América, pero que tuvieron jurisdicción más allá de los límites isleños, ostentaron el nombre de Santo Domingo, tales como la Real Audiencia de Santo Domingo y el Arzobispado de Santo Domingo.

El nombre de Isla Española prevaleció durante los primeros tres decenios del siglo XVI; pero ya en 1550 a todo el territorio insular se le aplicaba el nombre de Santo Domingo o se combinaba con el de Española de esta manera: isla Española de Santo Domingo, tal y como se evidencia en un libro que data de 1730, escrito por el padre jesuita Pedro Javier Francois de Charlevoix titulado Historia de la isla Española o de Santo Domingo; y en otro del publicista francés Moreau de Saint Mery, publicado hacia 1796, que se intitula Descripción topográfica y política de la parte española de la Isla de Santo Domingo.

 

¿Santo Domingo o Hispaniola?

 

Desde el siglo XVIII nuestra isla fue siempre conocida con el nombre de Santo Domingo. Sin embargo, cuando los esclavos del Santo Domingo francés se rebelaron contra el imperio napoleónico, y proclamaron la República de Haití, en la Constitución de 1806 consignaron que: “La isla de Haití (antes llamada Santo Domingo) con las islas adyacentes que de ella dependen, forman la República de Haití.” A partir de entonces, hasta 1867, los legisladores haitianos continuaron insistiendo en la tesis louverturiana de la una e indivisible, ya que consideraban que Haití solo tenía por límites el mar. El tema del nombre de la isla reapareció en la reforma constitucional de 1996 en cuyo Art. 8, leemos que “El territorio de la República de Haití comprende la parte Oriental de la isla de Haití, así como las islas adyacentes…”

Los dominicanos, en cambio, tras la proclamación de la República Dominicana en 1844, cuando sancionaron la primera Carta Sustantiva de la nación, al referirse al territorio de la República, consignaron lo siguiente en el Artículo 2: “La parte española de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes, forman el territorio de la República Dominicana.” De entonces acá, todas las reformas constitucionales que han tenido lugar en nuestro país han mantenido inalterable la cuestión del nombre de la isla. El Pacto Fundamental vigente, que data del 26 de enero de 2010, Art. 9. “El territorio de la R.D. es inalienable. Está conformado por la parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos de geomorfología marina.”

Debido a esa circunstancia en que dos Estados que comparten la misma isla, la identifican con nombres diferentes, fue que durante la primera Ocupación Militar Norteamericana de nuestro país, los generales norteamericanos J.H. Pendleton (Jefe interino del Gobierno Militar) y W.W Russell, Ministro de Estados Unidos en la República Dominicana, recomendaron a la Sociedad de Geografía de Estados Unidos aplicar a nuestra isla el nombre de Hispaniola.

Cuando esa sugerencia se hizo, mediante una circular del 8 de junio de 1918, la intelectualidad dominicana de inmediato elevó su protesta y rechazó tal proposición en virtud de que Hispaniola nunca había sido nombre oficial de la isla y porque, además, aún prevalecía el nombre original de Santo Domingo, consignado en nuestra Carta Sustantiva desde 1844 a la fecha. Sin embargo, no pocos académicos norteamericanos todavía utilizan el vocablo Hispaniola para referirse a nuestra isla y debe quedar claramente establecido que el territorio ocupado por Haití y República Dominicana sólo tiene un nombre: Santo Domingo.

En cierta ocasión alguien sugirió el nombre de la isla Colombina. Sin embargo, algún día llegará en que habrá que enfrentar la cuestión de Hispaniola, nombre que en el pasado siglo, como se indicó, fue impuesto por la Sociedad de Geografía de Estados Unidos. Pero esta decisión tendrá que ser abordada de manera conjunta por los gobiernos de Haití y República Dominicana, toda vez que es a ambos Estados a los que corresponde decidir sobre el nombre común que debe ostentar el territorio insular que compartimos hai