Pasado y Presente.¿Cuándo trascendió la noticia del tiranicidio de 1961?

 

Juan Daniel Balcácer

La noticia de que Trujillo había sido asesinado comenzó a propagarse vertiginosamente la madrugada del 31 de mayo a través del rumor público, primero por vía telefónica entre algunos de los familiares vinculados a los protagonistas de la trama, y también por medio de ciertas personalidades que, tras salir de una cena en el Country Club, pudieron advertir un inusitado chequeo por parte de militares y civiles fuertemente armados. Resultó muy notorio, y por demás sospechoso, el que muchos vehículos privados fueron desviados y obligados a desplazarse por rutas diferentes de las que habitualmente usaban. Una de esas personas, según Bernardo Vega, fue el cónsul norteamericano Henry Dearborn, cuyo automóvil con placa diplomática fue requisado por agentes del SIM que lucían sobremanera nerviosos. Ante ese inesperado operativo, Dearborn le comentó a su acompañante, entonces el jefe de la estación de la CIA en Santo Domingo: “Bob, tiene que haber ocurrido. Estoy seguro de que ha ocurrido”.[1]

El cónsul Dearborn, naturalmente, conocía del complot contra Trujillo, pues había servido de enlace entre una fracción del grupo político y el departamento de Estado norteamericano, en el proceso de gestión de armas y apoyo político para llevar a cabo un plan para liberar al país de la dictadura trujillista. Al cabo de poco tiempo de haber salido del Country Club, y ya en su residencia, Dearborn recibió una llamada telefónica de Andrés Freites quien, hablando en clave, le confirmó que la eliminación física de Trujillo se había producido exitosamente.

Los implicados en la trama, por su parte, también realizaron tentativas para propagar la noticia. Miguel Angel Bissié y Aída Michel –esposa de Antonio de la Maza- dan cuenta de que hacia las 10:30 de la noche del mismo martes 30, Lorenzo Wimpy llamó a la residencia de los de la Maza y le comunicó el siguiente mensaje: “el filete ha llegado”. Esa llamada, claro está, debió producirse un poco más tarde, pues precisamente en esos instantes parte de los conjurados estaban en casa de Juan Tomás Díaz y ya habían tratado de hacer el primer contacto con Pupo Román; de manera que la llamada telefónica de Wimpy a la señora Michel pudo haber sido cerca de la medianoche. De todos modos, al despuntar la madrugada del 31, desde la casa de Juan Tomás, Antonio de la Maza telefoneó a Wimpy y en el curso de una breve conversación le confirmó que “el bistec estaba muy bueno” y que al otro día le enviara más carne. Se trataba de una reconfirmación de que el “hombre” había sido eliminado.

En el entretanto, las autoridades se habían propuesto -hasta donde fuera posible- mantener en secreto la noticia sobre la desaparición de Trujillo, debido a que querían ganar tiempo para: a) evitar un posible golpe de Estado y, b) asegurar que el general Ramfis Trujillo pudiera regresar al país lo antes posible. La confusión reinante era notoria, máxime cuando al despuntar la madrugada del 31 de mayo todavía la familia del tirano, el gobierno y los diferentes organismos secretos desconocían el destino final del Jefe así como las ramificaciones de un complot cuya extensión desconocían. El fiscal Teodoro Tejeda Díaz confiesa que esa madrugada amaneció en Palacio y que llegó a su residencia alrededor de las nueve de la mañana, sólo para ducharse, cambiarse de ropa y de inmediato dirigirse a su oficina en donde, sin lograrlo, quiso aparentar que todo estaba normal.

Pero ese miércoles 31 de mayo, la capital dominicana despertó en medio de una tensa y rara atmósfera política. Se sabe que bien temprano por la mañana algunas familias recibieron llamadas telefónicas, por lo general anónimas, advirtiéndoles que no enviaran sus hijos a la escuela, ya que algo grave, muy grave, había sucedido. Hubo muchas familias que no se enteraron o percataron de lo que acontecía y, por lo tanto, no impidieron que sus hijos asistieran a la escuela, como normalmente se hacía cuando había crisis. (Entre ese grupo figuró quien esto escribe que, como un día cualquiera, acudió al Colegio Don Bosco, en la ciudad capital. Hacia la media mañana, sin embargo, todos los estudiantes fuimos “despachados a nuestras casas”, como se decía entonces, sin ofrecernos detalles justificando tal medida. Recuerdo la alegría que experimentamos varios compañeros de curso, pues el hecho de que suspendieran las clases significaba que podíamos retirarnos a nuestros hogares a practicar el deporte preferido. La decepción, empero, fue notoria cuando al llegar a la casa, fui recluido como si hubiese cometido una grave falta, y lo mismo sucedió con la mayoría de mis compañeros. Es obvio que ya nuestros padres tenían detalles de que algún acontecimiento trascendental había sucedido y en no pocas casas circulaba la noticia de que habían matado al Jefe. Los muchachos, por lo tanto, no podían estar en la calle; había que “acuartelarse”.)

Varias horas antes de que el gobierno dominicano confirmara públicamente la información, esto es, en la madrugada del 31, la esposa del dictador había telefoneado a Ramfis, que estaba en Paris, y le había pedido que retornara al país urgentemente. En esa conversación, María Martínez de Trujillo, al parecer, no le informó a su hijo sobre la verdadera gravedad de lo ocurrido. Poco después, el coronel Luis José León Estévez telefoneó a su cuñado mayor instándole a que regresara de inmediato. Bernardo Vega, citando al secretario particular de Ramfis, registra la conversación que entonces se produjo:

-“General –fueron sus primeras palabras- es necesario que usted regrese inmediatamente…”

El General, que desde que habló con su madre un instante antes, sabía que algo muy grave había ocurrido, hizo un tanteo:

-Todo está bajo control?

-Todo está bajo control, le aseguró Luis José. Puede venir con entera confianza.

El General siguió tanteando. Sabía que una verdad de aquella categoría no se podía decir por teléfono, y menos por teléfono internacional.

-¿Dónde está Tuntin?

-Está en el campamento 28 de Diciembre, señor, respondió Luis José.

-¿Y dónde está tío Negro…

-Está ahora mismo llegando a su despacho del Palacio.

El General no pudo contener más tiempo su incertidumbre y se tiró a fondo:

-¿Y dónde está… papá?

El coronel León Estévez tragó en seco y, obviando la pregunta, volvió a insistir:

-Es necesario que usted regrese seguido, General. Todo está bajo control, pero su presencia es absolutamente indispensable. ¿Comprende?

-Sí…, repuso el General, salgo para allá.

El receptor del teléfono se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Permaneció un segundo inmóvil y luego se desplomó sobre su cama al tiempo que con voz vibrante de emoción decía a Lita: -Han matado a papá!. Y lloró amargamente durante cinco minutos.”

Al cabo de unas horas, Ramfis Trujillo se encontraba a bordo de una aeronave comercial que fletó para él, su hermano, Radhamés, y otros seis acompañantes, en vuelo directo hacia la República Dominicana. Tras su arribo a Santo Domino, Ramfis se trasladó a la Base Aérea de San Isidro en donde sostuvo una reunión con los principales jefes militares de las Fuerzas Armadas. En ese encuentro, es fama que los jerarcas militares le testimoniaron personalmente su sentido pésame y apoyo al heredero del trono; le reiteraron su compromiso e invariable lealtad con su padre y su gobierno, al tiempo que dieron su voto favorable para que continuara “la Gloriosa Era de Trujillo”, con él (Ramfis) como jefe supremo del ejército y, claro está, de la nación. Pero una cosa pensaban los acólitos del régimen que entonces se estremecía e iniciaba un inevitable proceso de desintegración; y otra muy distinta anhelaba el pueblo dominicano. Lo importante, sin embargo, es que una vez muerto Trujillo el gobierno encabezado por Joaquín Balaguer se dispuso a organizar el funeral del “ilustre muerto”, al tiempo que se adoptaron las providencias de lugar para iniciar la investigación oficial del “alevoso” crimen. La cúpula militar, bajo la jefatura de Ramfis Trujillo, fue la unidad responsable de llevar a cabo la investigación del atentado; mientras que, por la parte civil, la investigación judicial recayó sobre los hombros del doctor Teodoro Tejeda Díaz, a la sazón Procurador Fiscal del Distrito Nacional, uno de los tantos oscuros personajes de aquella tragicomedia nacional que significó la llamada Era de Trujillo.

Versión oficial

Fue el miércoles 31 de mayo de 1961 cuando el gobierno dominicano difundió al país y al mundo la noticia de que el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina había perdido la vida en una emboscada que la noche del día anterior le tendieron algunos de sus adversarios políticos mientras el férreo dictador se dirigía hacia San Cristóbal, su pueblo natal. Hacia las cuatro de la tarde de ese día –mediante una alocución radial- se anunció entre sollozos que el ilustre Jefe de la nación, había sido vilmente asesinado, al tiempo que se exhortaba a la ciudadanía a mantenerse en calma, ya que –se aseguraba- el gobierno tenía absoluto control de la situación.

El primer medio escrito en dar la noticia fue el vespertino La Nación. En la primera plana apareció un titular a seis columnas, en dos líneas, que decía: “Rafael L. Trujillo muere asesinado”. Debajo, una gráfica con el siguiente pie informativo: “Una de las últimas fotografías del Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva”. Tanto en la parte superior como inferior de la primera página de La Nación, sendas franjas negras sugerían que se trataba de una edición luctuosa.

En las páginas interiores hubo un amplio despliegue de fotografías de Trujillo en diferentes actividades así como una reseña, sin firma, en la que, entre no pocos lamentos, el editorialista afirmó que la desaparición del Jefe constituía un severo revés para el progreso nacional que éste había impulsado desde el capitolio dominicano.

A continuación el texto de esa nota necrológica, a manera de editorial:

“Una mano criminal ha atentado contra la integridad de la Patria al atentar contra la vida del Generalísimo y Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, tratando de cortar la marcha de la República Dominicana al poner fin a una vida dedicada por entero al progreso, a la pacificación, a la unificación y a la dignificación de esa Patria y de los dominicanos, cuya indignación no tiene límites ante la magnitud del crimen perpetrado.

“La muerte de Trujillo significa una pérdida irreparable para la República Dominicana, porque los treinta y un años de su fecundo liderato representan la concreción de la dominicanidad en su aspecto sustancial. El fue quien arrancó nuestra vida nacional de las turbulencias de un pasado sin justificación y con una obra patriótica que no tiene paralelo en América ganó para sí la consagración histórica que le proclama el más ilustre dominicano de todos los tiempos.

“Nos llena de angustia y de dolor comprobar cómo se cierra, con la desaparición de Trujillo, el ciclo más grande de nuestra historia moderna. Un ciclo en el curso del cual se ha realizado la integración nacional y que se proyectará en el futuro como fuerza genitora de la dominicanidad. De esa dominicanidad consciente que ha obrado, bajo el paternal influjo y la bienhechora acción del Líder ilustre, el milagro de la paz, del progreso y de la unidad en la República Dominicana.

“Trujillo, leal a los ideales y a los fines históricos con que nuestro país justificó su independencia política, encarnó y dirigió, durante una vida de sacrificios consagrada por entero a la Patria, el espíritu de su pueblo, al que amaba entrañablemente. Político realista, orientó a la República Dominicana hacia la cima de sus conquistas y superó el progreso de la liberación nacional hasta convertirla no sólo en un Estado independiente, sino en un baluarte de la democracia cuyos puntales son la seguridad económica y la seguridad social.

“Por encima de todos los hombres y por encima de todos los tiempos, América, nuestra sufrida América, no conoce de la existencia de otro Líder de la grandeza moral, del poder de convicción y de la fuerza de cohesión que se aunan en Trujillo. Y esa grandeza, ese poder y esa fuerza los puso al servicio de su Patria, con un desprendimiento de alma que no tiene igual en ninguno de los próceres de la Independencia americana. De Trujillo, aprendimos los dominicanos que el patriotismo es amor.

“Y por ese amor el pueblo dominicano hizo de Trujillo su ídolo. Justa correspondencia a quien entregó a ese pueblo el último suspiro de su vida, dispuesto siempre a enaltecer más y más a su Patria y a convertirla –como lo hizo realmente- en un Estado modelo cuyos pasos habrán de seguir en el futuro las demas repúblicas americanas si realmente quieren salvarse del caos a que las tienen sumidas los dos imperialismos en pugna.

“Con la muerte de Trujillo desaparece la figura cumbre de la politica americana contemporánea. Y desaparece también el más genuino de los libertadores, porque no sólo creó en nosotros los dominicanos, la conciencia de la libertad, sino que extendió por todo el Continente la simiente de auténtico panamericanismo. Aquel panamericanismo que no se nutre de ideas abstractas, sino de hechos concretos. Hechos concretos que tienen vigencia plena en la República Dominicana.

“Trujillo fue uno de eso líderes que se dan con una total limitación en la historia de la humanidad, porque son hombres sensibles que sienten como propia la angustia de su pueblo y que se entregan a él de corazón. Es innegable que la República Dominicana de hoy, libre y ennoblecida, consciente de su realidad y segura de su destino, es obra personal de Trujillo: del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega total de Trujillo a la Patria y a los dominicanos.

“Por eso, cediendo al flujo de las lágrimas que inundan nuestros ojos y de la congoja que estruja nuestros corazones, en esta hora cumbre de nuestra historia, en la que vemos desaparecer materialmente al Padre de la Patria Nueva, los dominicanos, con esa unidad que él nos dio, debemos comprometernos a continuar su obra y a inmortalizar con ella y con nuestro amor el nombre egregio del paladín de nuestras grandezas: el Generalísmo y Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina.

“¡Gloria eterna a quien supo conquistar la gloria!”[2]

 

El presidente nominal de la República, que lo era Joaquín Balaguer, dispuso nueve días de duelo nacional “ante la tragedia que vive el pueblo dominicano con la desaparición del Ilustre Generalísimo” y durante ese lapso a las emisoras radiales del país se les permitió transmitir sólo música sacra. A continuación, el texto íntegro del decreto número 6722:

“CONSIDERANDO que el Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, acaba de caer víctima de un alevoso atentado y que la desaparición de tan grande hombre representa una pérdida irreparable para la República a la que él dignificó con su ejemplar patriotismo y engrandeció con sus obras imperecederas;

“CONSIDERANDO que la muerte del Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina es motivo de honda consternación pública y ha sumido en un profundo sentimiento de pesar la conciencia ciudadana;

“VISTA la Ley No. 3933, del 20 de septiembre de 1954;

“En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 54 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO

“Art. 1.- Se declaran nueve días de duelo nacional, a partir de la fecha, con motivo del fallecimiento del Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva.

“Art. 2.- Se encarga a las Secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas, Interior y Cultos, y de Relaciones Exteriores, de dar ejecución al presente decreto.

“DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiún días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y uno, años 118 de la Independencia, 98 de la Restauración y 32 de la Era de Trujillo”.[3]

 

El presidente Balaguer además emitió una Proclama en la que ponderaba las cualidades personales del generalísimo Trujillo y hacía un llamado a la concordia nacional ante la pérdida de “tan esclarecido ciudadano”:

“Todavía con el ánimo atribulado por el terrible acontecimiento que ha hundido en la tragedia y herido profundamente el corazón del pueblo dominicano, cumplo con el grave deber de dirigirme a todos mis conciudadanos para llevar a su conocimiento que en la noche del 30 de mayo último cayó vilmente asesinado el líder de los dominicanos, Generalísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, a quien debe el país la más grande era de progreso y las más nobles conquistas.

“Al haber sido tronchada así la vida de un hombre excepcional que estuvo consagrada siempre a la defensa de los más altos intereses de la patria, y que encarnó la paz y seguridad nacionales, todas las clases dominicanas, y particularmente las masas populares, en cuyo corazón perdurará para siempre el recuerdo venerado del eximio hombre público, están en el ineludible deber cívico de permanecer más unidas que nunca, proceder con absoluta cordura y afrontar con abnegación y espíritu de solidaridad la dura prueba a la cual ha sometido el destino el presente y el porvenir de la República.

“Invoco, pues, el nombre esclarecido del Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina para que sean sus mismos ideales de paz, de grandeza y de progreso para el país los que en estos momentos fortalezcan nuestro espíritu y templen nuestra acción para que se mantenga lo que fue más caro para él: la continuidad de ese legado que él nos ha dejado, constituido por la Patria Nueva, y todo cuanto ella represente para el pueblo dominicano.

“Por Trujillo y por la Patria, pido a todos la colaboración y la conducta austera de que debemos dar prueba en esta hora suprema de dolor.

Dios, Patria y Libertad

 

Joaquín Balaguer”.[4]

 

El jueves primero de junio la primera plana de El Caribe desplegó la noticia a ocho columnas, con el siguiente titular inspirado, sin dudas, en la Proclama del presidente Balaguer: “Vilmente asesinado cae el Benefactor de la Patria. Su muerte llena de luto la sociedad dominicana”. En las páginas interiores del matutino, en adición a una amplia reseña biográfica, se insertaron numerosas fotografías que evocaban diversos episodios en los que el dictador tuvo un papel protagónico. En la referida edición de El Caribe también se daba cuenta de que los hijos de Trujillo, Ramfis y Radhamés, quienes desde hacía algún tiempo se encontraban en París participando en un torneo de polo y disfrutando de la “dolce vita”, habían arribado a Santo Domingo el día anterior, a las 7 de la noche, en un boeing intercontinental de matrícula francesa. Con capacidad para 142 pasajeros, el avión de Air France voló a Santo Domingo con sólo siete personas a bordo: Ramfis y Radhamés Trujillo Martínez, Porfirio Rubirosa, y Leland Rosenberg, entre otros.

Las exequias fueron anunciadas para el viernes 2 de junio, a las 10 de la mañana, en la ciudad de San Cristóbal. El jueves primero, sin embargo, el gobierno dispuso que durante el día el ataúd fuera expuesto en capilla ardiente en el Palacio Nacional, a fin de que el pueblo capitaleño pudiera ofrecerle la despedida póstuma al “ilustre Benefactor de la Patria”.

Al siguiente día del cortejo fúnebre, una reseña noticiosa de El Caribe describía el ambiente de profunda consternación que en San Cristóbal sirvió de marco a las exequias del otrora temido dictador: “Esta ciudad vertió hoy sus más amargas lágrimas sobre el cadáver de su hijo eximio, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, y la honda emoción del momento repercutirá a través de toda la historia de la República Dominicana.”

Tras señalar que hombres y mujeres de todos los estratos sociales se dieron cita para tributarle un sentido y postrer adiós a Trujillo, la nota agregó que el mandatario había caído “víctima de una repugnante traición que ha conmovido hondamente a los hombres honrados del mundo. Trujillo –amigo fiel y señero predicador de la lealtad- cayó abatido por balas asesinas en la noche del 30 de mayo, en la autopista que conduce a Haina, cuando iba hacia su hacienda en Fundación, San Cristóbal”.[5] El editorialista de El Caribe, en esa misma edición, calificó de “desgraciado” el acontecimiento del 30 de mayo, al tiempo de juzgar la muerte del “insigne estadista” como un acto de alevosía y cobardía perpetrado por un grupo de ambiciosos y traidores.

 

[1] “Los Estados Unidos y Trujillo. Los días finales”,…

[2]Ante la muerte de Trujillo”, La Nación, 31 de mayo de 1961. Año XXII, No. 7510, Año 32 de La Era de Trujillo.

[3] Ver: “Declaran nueve días de duelo por muerte del Generalísimo”. La Nación, miércoles 31 de mayo de 1961.

[4] Véase: “Presidente reclama concordia ante la muerte de Trujillo. Invoca ideales del Jefe para mantener la paz”. La Nación, miércoles 31 de mayo de 1961.

[5] Ver: “San Cristóbal rinde postrer tributo a líder”, por Radhamés V. Gómez P., y Sócrates Danilo Montás, en El Caribe, sábado 3 de junio de 1961. Año XIV, No. 4785.

Duarte nunca fue excomulgado             

 

Juan Daniel Balcácer

 

Juan Pablo Duarte, el ilustre fundador de la República y principal Padre de la Patria, constituye un singular ejemplo de devoción y entrega a la causa de la libertad del pueblo dominicano, por los riesgos y peligros que afrontó en el decurso de la lucha redentora, por los innumerables obstáculos que superó a lo largo del proceso independentista y, sobre todo, por el alto precio político y familiar que pagó al no brindarse para que su liderazgo se convirtiera entre sus compatriotas “en piedra de escándalo” ni en “manzana de discordia”, como él mismo afirmó en una carta, de fecha 28 de abril de 1864, dirigida al general José Antonio Salcedo (Pepillo), a la sazón presidente del Gobierno restaurador.[2]

La campaña contra Duarte

Si bien es verdad que el proyecto duartiano consistente en fundar un Estado-nación independiente se cristalizó parcialmente a partir del 27 de febrero de 1844, no lo es menos la circunstancia de que Duarte padeció no pocas vicisitudes a lo largo de 32 años, período que duró el vía crucis de tormentos por el que tuvo que transitar debido a la campaña de difamación e injurias que desataron contra su persona sus más enconados adversarios políticos. Sobre el líder indiscutible de aquél movimiento redentor llovieron toda suerte de denuestos y de acusaciones falaces: el general Pedro Santana, en una Proclama del 28 de julio de 1844, lo llamó “anarquista, siempre firme en su loca empresa”; lo acusó de estafador tras afirmar, sin aportar pruebas concretas, que “había arrancado cuantiosas sumas al comercio para gastos imaginarios o inútiles”. Lo tildó de engañar a ciudadanos sencillos; y además lo calificó de instigador, ambicioso fatuo, déspota, “pretendido héroe” y “libertador de nueva especie” al tiempo que lo acusó de querer sustituir el pabellón tricolor dominicano por la bandera de Colombia.[3]

Tomás Bobadilla, por su parte, juzgó a Duarte como “joven inexperto quien lejos de haber servido a su país, jamás ha hecho otra cosa que comprometer su seguridad y las libertades públicas…[4]

Y el cónsul francés Eustache Juchereau de Saint Denys, acaso una de las personas de mayor influencia en la política criolla durante los días genésicos de la República, lo catalogó como:

“joven sin méritos” (…), “sin carácter y sin alcance espiritual” (…), “mal visto por la población y los notables” (…), “alborotador” (…), “vanidoso” (…), “suficientemente intrigante” (…), “ambicioso y egoísta” (…).[5]

A partir del 22 de agosto de 1844, cuando la Junta Central Gubernativa hizo público un Manifiesto declarando “traidores e infieles a la Patria” a Duarte y a los principales líderes del partido trinitario, su nombre devino en sinónimo de palabra infame y, por virtud del caudillismo que entonces imperó en el país, durante 40 años no se le mencionó públicamente ni mucho menos fue objeto de reconocimiento alguno por haber fundado la República.[6] Duarte se convirtió en el primer dominicano que por motivos políticos fue hostigado, perseguido por las autoridades haitianas y obligado a abandonar el país en 1843; y luego, tras la proclamación de la República, fue de nuevo deportado por los conservadores criollos que detentaron el poder político en 1844.

Cuanto antecede es historia objetiva avalada por fuentes documentales de irrecusable veracidad; pero sostener que Duarte fue excomulgado por la cúpula de la Iglesia Católica de la época, como lo sostiene un grupo de ciudadanos aglutinados en una entidad denominada “Foro por un Estado Laico, Eugenio María de Hostos”, sin que tal aserto haya sido comprobado documentalmente, a mi modo de ver se incurre en una interpretación equivocada de la primera Carta Pastoral, de fecha 24 de julio de 1844, emitida por el entonces Vicario General y Delegado Apostólico de la Isla de Santo Domingo, Tomás de Portes e Infante, en la que anunciaba la independencia nacional.

 

La supuesta excomunión

Los abanderados de la supuesta excomunión de Duarte alegan, en aras de la verdad histórica, que ese episodio ha sido deliberadamente ocultado o encubierto por la historiografía dominicana. En mi opinión no ha habido tal encubrimiento. Lo que verdaderamente ha sucedido es que los biógrafos y estudiosos de la trayectoria pública del fundador de la República no han tenido necesidad de registrar un hecho que pudo haber sucedido, pero que nunca aconteció, so pena de incurrir en una ucronía. Además, hacerlo implicaría adentrarse en el campo de la narrativa de ficción, que dispensa licencia al escritor para crear personajes y situaciones al margen de la realidad, a diferencia de la narrativa histórica que no le permite al historiador conjeturar ni inventar episodios que jamás acontecieron en el espacio y en el tiempo.

Para avalar la hipótesis sobre la excomunión de Duarte, los miembros del Foro por el Estado Laico invocan como prueba o evidencia un fragmento de un párrafo de la referida Carta Pastoral emitida por el arzobispo Portes; fragmento que a mi juicio tiene un significado muy diferente del que se le atribuye, toda vez que en el mismo no hay alusión directa ni indirecta al fundador de la República; tampoco hay en el párrafo citado una sentencia de excomunión contra ninguna persona en específico. Y para que el lector pueda forjarse una idea más acabada en torno de este asunto, a continuación reproduzco el párrafo completo del ahora controvertido texto:

Sólo Dios, el Dios de toda consolación es el único que sabe hablar al corazón: por consiguiente, EL os dice por el órgano de mi débil voz pero embajador de su hijo preciosísimo, que os mantengáis en tranquilidad, que no abuséis de su misericordia, y advertid que EL es muy celoso de su honor y de su gloria y ya vosotros estáis comprometidos, por supuesto se dará por ofendido si no obedecéis los mandatos y órdenes, tanto del general de división y jefe supremo Santana, como los de la Junta [Central] Gubernativa, para lo cual os conminamos con excomunión mayor a cualquiera clase de persona que se mezclase en trastornar las disposiciones de nuestro sabio gobierno (…)”.[7]

En relación con el párrafo que antecede, Odalís Pérez ha escrito que:

de ninguna manera surge del contexto de esta Pastoral el hecho de que Juan Pablo Duarte pueda ser o haya sido excomulgado, pues el mismo no entra dentro de la explicación del Dr. Tomás de Portes (autoridad eclesiástica o eclesial), aludiendo al patricio, sino que por el contrario se refiere a aquellos que no quieran obedecer los mandatos y órdenes tanto del general de División y jefe Supremo Santana, como los de la Junta Gubernativa (…)”.[8]

Consecuentemente, el destacado filólogo, escritor y profesor universitario, concluye que:

desde el punto de vista semántico y textual, los términos en uso y en función no determinan en el plano de la significación redaccional una alusión directa o sugerida con respecto al patricio, debido a que los términos conminación y excomunión no tienen aquí, en este contexto, una función alusiva ni determinativa, según se pueda colegir del marco ilocutorio de la pastoral (…) Una lectura direccional, en tal sentido, resultaría anómala, retorcida, acomodada y sin respaldo evidencial”.[9]

Una simple advertencia y dos modalidades de excomunión

En su Carta Pastoral el vicario Portes se expresó correctamente en castellano y evadiendo el uso de parábolas y tropos fue categórico al referirse a todo el que abusara de la misericordia de Dios. En ese sentido subrayó que EL, es decir, Dios (y no Santana como se ha señalado) era muy “celoso de su honor y de su gloria”, razón por la que evidentemente se daría por ofendido “si no obedecéis los mandatos y órdenes del general Santana como los del Gobierno”, por lo cual procedía a conminar, esto es, amenazar con excomunión mayor, “a cualquiera clase de persona” que a partir del 24 de julio se involucrase en actividades tendentes a “trastornar las disposiciones de nuestro sabio gobierno”.

Observe bien el lector que monseñor Portes bien pudo haber escrito “os declaro excomulgados”, etcétera, pero prefirió emplear el verbo “conminar”, limitándose a formular una simple advertencia o amenaza de carácter general. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el verbo conminar tiene tres acepciones, a saber:

“1. Manifestar con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. 2. Apremiar con potestad a alguien para que obedezca. 3. Der. Dicho de la autoridad: Requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, bajo pena o sanción determinadas”.[10] En adición, el verbo conminar tiene los siguientes sinónimos: “amenazar, advertir, apercibir, intimidar, ordenar, ultimátum”.[11]

En su advertencia, el arzobispo Portes también empleó el futuro simple del modo subjuntivo, que era práctica común en el español de América hasta entrado el siglo XX y cuyo uso, en la actualidad, por lo general se registra en documentos oficiales o de carácter jurídico[12] ; de suerte tal que, en lugar de señalar a personas específicas, el prelado optó por generalizar, es decir: “a cualquier clase de persona que se mezclase en trastornar las disposiciones del Gobierno”, significando con ello que la “excomunión mayor” sería aplicada en el futuro cercano o lejano, mas no en el pasado inmediato ni en el momento en que la Carta Pastoral devino de conocimiento público, si es que entonces fue conocida por la comunidad cristiana y no se circunscribió a un documento para consumo de algunos miembros del clero y de circulación exclusiva en el seno de la élite gobernante.

Existe un procedimiento establecido por la Iglesia Católica para excomulgar a una persona que haya cometido un delito. De acuerdo con un entendido en la materia, lo primero es que la excomunión no se hace mediante Carta Pastoral, sino que es menester un documento o carta dirigido específicamente a la persona que es objeto de la excomunión, indicando, además, las causas que justifiquen semejante dictamen. Una vez enterada la persona afectada con la excomunión, la comunicación habrá de ser leída en el púlpito y también publicada en lugares visibles de los centros religiosos para que sea de conocimiento de la comunidad católica. Esta modalidad es del tipo “farandae setentiae”, que solo obliga a la persona sometida a juicio a cumplir la pena o sanción desde que ésta le es impuesta a través del procedimiento descrito.

Se aduce, y es cierto, que existe otra modalidad de excomunión, la llamada excomunión mayor, que es del tipo “latae setentiae ipso facto incurrenda”, cuya aplicación es inmediata y que supuestamente fue la aplicada a Duarte. Quienes defienden tal tesis soslayan la circunstancia de que para que esta modalidad pueda aplicarse también es preciso la comisión de un hecho punible y que, por demás, el mismo sea verificado por la institución o juez que impondrán la sanción, pues tanto el imputado como quien juzga deben obrar dentro del marco de la ley y de los preceptos penales contemplados por la legislación canónica en vigor al momento de incurrirse en un delito merecedor del anatema.[13]

En vista de que “el derecho penal eclesiástico no castiga por castigar[14] ni las penas son aplicables de manera retroactiva, la advertencia formulada por monseñor Portes no deja lugar a dudas respecto de que la excomunión mayor sería aplicada a cualesquiera personas que en el futuro desobedecieran los designios del general Santana y del Gobierno; pero como no especificó nombres, es evidente que nadie se dio por aludido ni mucho menos por sancionado. Soy de opinión de que la amenaza contenida en la Carta Pastoral del arzobispo Portes apenas fue una simple advertencia conminatoria, sin trascendencia alguna más allá de la coyuntura política social en que fue emitida.

Si se hubiese tratado de un edicto con efectividad inmediata, es lícito concluir que a la luz de su dispositivo condenatorio debieron ser excomulgados, antes de subir al patíbulo, tanto María Trinidad Sánchez y un sobrino suyo, de nombre Andrés, como los hermanos José Joaquín y Gabino Puello, quienes en 1845 y 1847, respectivamente, fueron acusados, condenados a la pena capital y ejecutados porque supuestamente habían conspirado contra el Gobierno santanista.

De igual manera habrían quedado excomulgadas ipso facto la madre de Duarte, Manuela Díez, lo mismo que sus hijos Manuel, Rosa, Francisca y Filomena, cuando el Gobierno, amparado en el Decreto No. 27 del 18 de enero de 1845, que creó “Comisiones militares para juzgar a los conspiradores”[15], ordenó su salida del país a la mayor brevedad debido a

que es su familia de usted una de aquellas a quienes se le dirigen del extranjero planes de contra revolución e instrucciones para mantener al país intranquilo (…)”.[16]

Sin embargo, se desconoce la existencia de edicto alguno, emitido por el arzobispo Portes excomulgando a esa familia de “sediciosos”, como la consideró el Gobierno santanista a fin de justificar su deportación. Por el contrario, como se demostrará más adelante, lo que en esa ocasión sí hizo monseñor Portes fue interceder ante las autoridades a favor de la familia Duarte-Diez.

Otro de los alegatos de la supuesta excomunión de Juan Pablo Duarte es que la misma afectó grandemente su existencia y la de su familia. Pero sucede que el fundador de la República, en ninguna de las cartas en que enumera las vicisitudes padecidas tanto por él como por su familia a consecuencia de la persecución santanista, jamás hizo referencia a ese hecho. Tampoco lo hicieron Rosa Duarte, en su Diario, ni ninguno de los coetáneos del patricio que lo trataron íntimamente y que legaron a la posteridad inestimables testimonios que han permitido una reconstrucción bastante objetiva de su biografía política, tales como los trinitarios José María Serra, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina y Félix María del Monte.

Resulta curioso, además, que tampoco tuvieran noticias de esa supuesta excomunión el historiador nacional José Gabriel García, ni el padre Fernando A. Meriño, ni Emiliano Tejera, ni Federico Henríquez y Carvajal, quienes no solo trataron al arzobispo Portes, sino que tuvieron oportunidad de conocer a Juan Pablo Duarte y a sus hermanas cuando estos residían en Venezuela.

El maestro Eugenio María de Hostos, por su parte, quien dedicó elogiosos comentarios a la figura excelsa del fundador de la República, describe algunas de las penalidades experimentadas por Duarte antes y después de proclamada la República por obra de lo que llamó “la ambición o ingratitud de sus hermanos”. Sin embargo, en ningún pasaje de sus célebres Páginas dominicanas el culto autor de Moral Social aludió a un caso que sin lugar a dudas él habría tomado en consideración e incluido en la nómina de agravios infligidos a Duarte por sus adversarios políticos.[17]

El padre Meriño, autor de uno de los primeros libros de Geografía e Historia nacionales, publicado hacia 1867, cuando se refirió a Duarte y a su cruzada redentora escribió lo siguiente:

Fue el primero que concibiendo el pensamiento de sacudir la dominación haitiana, se lanzó en la vía revolucionaria; el primero que sacrificó su patrimonio, sus afecciones de familia, su reposo, todo, exponiendo su vida mil veces por dar la libertad a sus conciudadanos; y después de conseguirlo, se vio calumniado y arrojado de su Patria.”[18]

Durante su segundo exilio de 20 años, Duarte sabía que había sido calumniado políticamente y condenado a destierro perpetuo de su país, pero nunca, porque no lo fue, se sintió excomulgado por la iglesia católica. Hombre providencialista y de profundas convicciones religiosas, Duarte continuó su devoción y práctica cristianas hasta el final de sus días. Que también fue masón, es cierto; pero tal condición en modo alguno supuso un conflicto con su fe católica, toda vez que tal investidura, la de masón, “en el país dominicano nunca ha implicado una actitud anticlerical.” En efecto, la vocación religiosa y católica de Duarte lo indujo a ser “tan buen masón como fervoroso hijo de la Iglesia romana”.[19] Se dice que su madre, Manuela Diez, influyó mucho en su formación religiosa; y que de ella, seibana de nacimiento, “tomó la devoción de la Santísima Cruz y la de la Virgen de la Altagracia (…)”. El fervor católico de Duarte fue de tal magnitud que, según Patín Veloz, cuando el patricio

“vivió en el interior de Venezuela conoció a un sacerdote portugués, el padre San Gení, que viendo su vocación religiosa le pidió que se hiciera sacerdote a lo que éste rehusó porque según declaró: “los asuntos de mi patria que esperaba concluir me impedían tomar estado”.[20]

El 15 de julio de 1876, cuando le sobrevino la muerte en la ciudad de Caracas, Duarte, al decir del padre Meriño, se encontraba

preparado cristianamente y bajo el cariñoso abrigo de los puros afectos de su familia desolada, entregó su espíritu al Señor (…)”.

Varios lustros después, en 1884, le correspondería a Meriño, entonces Arzobispo de Santo Domingo, recibir los restos mortales del Patricio para ser inhumados en la Capilla de los Inmortales de la Catedral junto a los del mártir de San Juan, Francisco del Rosario Sánchez. En esa memorable y solemne ocasión Meriño pronunció una suerte de panegírico en el que, rememorando el calvario de Duarte, se expresó de esta manera:

“¡Oh! Yo le vi después y recogí de sus labios convulsos el triste relato de aquella honda pena que acibaró para siempre su existencia; y le oí también perdonar a sus gratuitos enemigos (…)”.[21]

Es lícito conjeturar que la más alta jerarquía de la iglesia católica dominicana de la época no habría dispuesto la realización de una ceremonia litúrgica tan solemne para acoger en el sagrado recinto de la Catedral Primada de América los restos mortales de un “excomulgado”, a menos que el Arzobispo tuviese constancia de alguna providencia eclesiástica (que no existió ni existe) abrogando el supuesto dispositivo condenatorio de la Carta Pastoral de 1844.

 

La excomunión del cura Hidalgo

 

Sin necesidad de ser un entendido en materia de Derecho Canónico, el sentido común indica que para que un dictamen de excomunión sea efectivo en contra de un feligrés que haya violado determinadas normas o leyes canónicas es menester que tanto el imputado como la comunidad cristiana sean informados de la sanción impuesta, indicándose a la vez el tipo de delito cometido. Para muestra basta un botón:

El 24 de septiembre de 1810 el obispo electo de Michoacán, México, Manuel Abad Queipo, emitió un edicto de excomunión mayor contra el sacerdote Miguel Hidalgo, quien dio inicio a la guerra de independencia mexicana tras el célebre Grito de Dolores. La parte dispositiva del citado Edicto es como sigue:

“(…)Usando de la autoridad que ejerzo como obispo electo y gobernador de esta mitra: declaro que el referido D. Miguel Hidalgo, cura de Dolores y sus secuaces, los tres citados capitanes, son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros y que han incurrido en la excomunión mayor del Canon: Sequis suadente Diabolo. Los declaro excomulgados vitando, prohibiendo, como prohíbo, el que ninguno les dé socorro, auxilio y favor, bajo la pena de excomunión mayor, ipso facto incurrenda, sirviendo de monición este edicto, en que desde ahora para entonces declaro incursos a los contraventores (…)”.[22]

Para que no hubiera dudas respecto de a quién alcanzaba el dispositivo del Edicto, monseñor Abad Queipo agregó:

Y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia, he mandado que este edicto se publique en esta santa iglesia catedral y se fije en sus puertas, según estilo, y que lo mismo se ejecute en todas las parroquias del obispado, dirigiéndose al efecto los ejemplares correspondientes.”[23]

Como puede apreciar el lector, en el caso precedente el obispo de Michoacán, independientemente de si obró o no fuera del ámbito de su competencia, al dictar la sentencia de excomunión contra el cura Hidalgo tuvo que especificar contra quién o quienes se aplicaba semejante sanción y también hizo constar la causa, es decir, el delito, que justificaba el anatema Asimismo, en el referido edicto se dispuso la manera en que el mismo sería de conocimiento de la comunidad católica, pues de acuerdo con el Código de Derecho Canónico “estas penas entran en vigor automáticamente con su publicación”.[24]

 

Contexto político de la Carta Pastoral

 

Para comprender el sentido de la Carta Pastoral del 24 de julio de 1844, firmada por el Vicario General Tomás de Portes e Infante (todavía no era Arzobispo de Santo Domingo), cuyo contenido es más político que eclesiástico, hay que remontarse a la coyuntura social del momento.[25] Hacía apenas días (13 de julio) que el general Santana, mediante una asonada militar, había depuesto a la Junta Central Gubernativa bajo el control de los trinitarios desde el 9 de junio y que era presidida por Francisco del Rosario Sánchez.

Esta abrupta y a todas luces ilegal interrupción del Gobierno revolucionario se produjo mientras en el Cibao, concretamente en Moca, La Vega, Santiago y Puerto Plata, tomaba cuerpo un movimiento político, a instancias del general Ramón Matías Mella (quien ya entreveía los aprestos golpistas de Santana y su clase social), consistente en proclamar a Juan Pablo Duarte Presidente de la República para que con su gestión al frente de la cosa pública restableciera la paz y el orden; reorganizara las finanzas públicas, salvara al país de la dominación extranjera y convocara una Constituyente.[26]

Pero todo eso fue desconocido por Santana, quien a su vez se hizo proclamar Jefe Supremo con poderes ilimitados (equiparable a un dictador) y los papeles, en consecuencia, se invirtieron de forma tal que quienes resultaron perseguidos, apresados y acusados nada menos que de “traidores a la Patria” fueron los trinitarios encabezados por Duarte. El 14 de julio, en una “Proclama al pueblo y al ejército”, Santana, refiriéndose a los trinitarios, denunciaba que:

“el espíritu de egoísmo y de discordia se había entronizado entre nosotros, la anarquía y la guerra civil iba a devorarnos y a sumirnos en un abismo espantoso”.[27]

Ya para el día 18 de julio, Francisco del Rosario Sánchez, Vicente Celestino Duarte, su hijo Enrique, Pedro Alejandrino Pina, y otros connotados trinitarios habían sido apresados y confinados en la Torre del Homenaje.

El 24 de julio, mediante un Manifiesto de la Junta Central Gubernativa se dejó sin efecto los nombramientos a favor de Mella y de Duarte como Delegados del Gobierno en el Cibao, de manera que cuando ese mismo día el vicario Portes emitió su Carta Pastoral, la suerte de los trinitarios ya estaba echada, debido a que la correlación de las fuerzas políticas se había invertido y el sector conservador o afrancesado había logrado retomar el control del aparato gubernamental. Mella, quien encabezó una Comisión con el propósito de gestionar una salida negociada a la crisis política que había ocasionado el contra golpe santanista, cayó preso el 28 de julio cuando llegaba a la capital; mientras que Duarte, quien se encontraba en Jamao, alojado en una finca propiedad de su amigo Pedro Dubocq (el mismo que postreramente sería preceptor de Gregorio Luperón), fue detenido un mes después, el 27 de agosto, siendo conducido a la fortaleza San Felipe de Puerto Plata y a principios de septiembre trasladado a la Torre del Homenaje en donde se unió a sus demás compañeros.

Los primeros prisioneros en ser desterrados a perpetuidad fueron Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Pedro Alejandrino Pina y Juan José Illas, quienes salieron del país el 26 de agosto de 1844 a bordo del bergantín inglés “Capricorn” con destino a Liverpool. Al cabo de dos semanas, el 10 de septiembre, Vicente Celestino Duarte, su hijo Enrique, Gregorio del Valle y Juan Evangelista Jiménez, fueron expulsados con destino a New York; mientras que los hermanos Félix y Montblanc Richiez, Juan Isidro Pérez y Juan Pablo Duarte fueron deportados a Hamburgo, Alemania.

 

Portes y la familia Duarte

 

En 1830, el arzobispo Pedro Valera fue expulsado de Santo Domingo por disposición del dictador haitiano Jean Pierre Boyer, pero antes de abandonar la isla de Santo Domingo, la máxima autoridad de la Iglesia Católica le otorgó al presbítero Dr. Tomás de Portes e Infante el título de Vicario General de la Iglesia Dominicana. Cinco años después, a Portes le fue conferido el título de Delegado Apostólico de la Santa Sede; y a partir de 1833, tras el fallecimiento del arzobispo Valera, el prelado se convirtió en el jefe de la Iglesia católica dominicana.[28]

Desde 1838 Portes estuvo vinculado al movimiento separatista clandestino, lo que explica los vínculos cercanos que estableció con los jóvenes integrantes de la sociedad secreta La Trinitaria, aun cuando sus objetivos distaban mucho de los que se proponían alcanzar los trinitarios. Andando el tiempo, empero, Portes mostró inclinación por las preferencias pro-hispánicas que habían propugnado el padre Gaspar Hernández, fray Pedro Pamiés y otros ciudadanos que descreían de la capacidad de los dominicanos para constituirse en nación soberana y mantenerse libres en base a sus propios recursos.

Es más, desde diciembre de 1843, el sacerdote, quien era altamente apreciado por la feligresía católica dominicana, no ocultó sus simpatías por el denominado Plan Levasseur, por lo que puede afirmarse que desde ese momento Portes perteneció al grupo de dominicanos que refrendaba las propuestas políticas del sector conservador o afrancesado; sector que abogaba por la separación de Haití para luego procurar el protectorado de una nación europea poderosa, como Francia[29], algo que naturalmente estaba en contradicción con la doctrina liberal y nacionalista preconizada por Duarte.

En este punto conviene destacar que, desde principios del siglo XIX, en el seno de la élite gobernante del Santo Domingo español había tomado cuerpo la idea de que el colectivo social no estaba en condiciones de gobernarse por sus propios recursos y esfuerzos. De conformidad con esa percepción se imponía, pues, recurrir al auxilio de una potencia extranjera que acogiera a la comunidad dominicana en calidad de provincia ultramarina o le proporcionara protección a cambio de alguna garantía territorial. Es evidente que esa tradición un tanto pesimista acerca del futuro dominicano encontró su némesis en la concepción revolucionaria y dinámica enarbolada por Juan Pablo Duarte, quien, como se sabe, postulaba el principio según el cual los dominicanos debían separarse de Haití y proclamar la independencia nacional sin vínculos de dependencia con ninguna potencia colonial extranjera. De manera que a lo largo del proceso social y político que tuvo lugar en Santo Domingo entre marzo de 1843 y el primer semestre de 1844 fueron esas dos corrientes políticas diametralmente opuestas, la conservadora y la liberal, las que escenificaron agudos enfrentamientos con el fin de tomar control del poder político.

A pesar de las diferencias políticas sectoriales o de clase que distanciaban a los liberales de los conservadores, entre Portes y la familia Duarte-Díez existió una relación cordial y cercana que se mantuvo invariable durante años. En efecto, Rosa Duarte, en su Diario, dice que la generalidad de las personas creía que uno de los padrinos de Juan Pablo Duarte era el señor arzobispo Portes, agregando, “y lo era de cariño, pues sus ahijados lo eran otros de sus hermanos”.[30]

Se recordará que el 15 de marzo de 1844 Portes encabezó el grupo de sacerdotes admiradores de Duarte que junto con la comisión oficial del Gobierno y otras personalidades recibieron al patricio en el puerto de Santo Domingo; y que el entonces jefe de la Iglesia Católica lo saludó, diciéndole: “¡Salve, al Padre de la Patria!”. Al cabo de poco tiempo, cuando comenzaron a aflorar los enfrentamientos entre liberales y conservadores, es fama que Portes intentó disuadir a “los muchachos” para que moderaran sus posiciones radicales, cosa que no fue posible debido a la firme actitud adoptada por Duarte, líder del partido trinitario.

No obstante, después de la llamada revolución de La Reforma que derrocó a Jean Pierre Boyer, al tiempo que le proporcionó al partido trinitario liderado por Duarte un resonante triunfo en las elecciones de la Junta Popular de Santo Domingo, creada por voluntad popular para ejercer funciones de gobierno en la Parte del Este de la isla, la nueva realidad cualitativa que emergió de ese movimiento político obligó a muchas personas a tomar partido a favor o en contra de alguien y fue así como los grupos políticos de mayor influencia entre la población adquirieron contornos y perfiles definidos: los afrancesados y los nacionalistas. De manera que, ya creada la República, y luego del enfrentamiento que tuvo lugar entre trinitarios y conservadores, el 26 de mayo de 1844, en el curso de una asamblea convocada por la Junta Central Gubernativa, el arzobispo Portes se distanció aún más de Duarte en el terreno político, cerrando filas con Santana y los afrancesados, con quienes simpatizaba desde hacía algún tiempo. Durante esa histórica sesión, los dos Tomás, Bobadilla y Portes e Infante, se pronunciaron en favor del protectorado francés, retomando así los términos de la proditoria Resolución del 8 de marzo de ese año, que no era otra cosa que un remedo del Plan Levasseur.

Duarte y los trinitarios se opusieron enérgicamente a dichas pretensiones, impidiendo, con su inquebrantable posición nacionalista, que la moción fuera aprobada, circunstancia que agudizó sobremanera las contradicciones entre nacionalistas y afrancesados, que desde ese momento devinieron irreconciliables. Esa confrontación entre ambos grupos políticos explica tanto la bestial arremetida de Santana contra Duarte y compañeros como el contenido político y admonitorio de la primera Carta Pastoral del vicario Portes, “cuya buena fe había sido maliciosamente explotada,”[31] bajo el mefítico influjo de Tomás Bobadilla, considerado por muchos como la pieza maestra de la intriga persecutoria contra el principal fundador de la República.[32]

Al siguiente año, el 3 de marzo de 1845, cuando el dictador Santana ordenó deportar a la madre y hermanas del Patricio, una comitiva de ciudadanos encabezada por el arzobispo Portes y por otro fiel amigo de la familia Duarte Díez, el también sacerdote José Antonio Bonilla, acudieron a la sede del Gobierno en procura de clemencia, al tiempo que cuestionaron la causa de tan cruel disposición contra una indefensa viuda y sus hijas. Se dice que Tomás Bobadilla, entonces mano derecha del sátrapa Santana, recibió al grupo de ciudadanos “con desdeñosa frialdad[33], y según la autorizada opinión de Rosa Duarte les respondió que no era posible revocar la medida en razón de que si “Ellas fabricaron balas para la Independencia de la Patria, con más razón no escasearán medios ni recursos para la vuelta del hermano que lloran ausente”.[34]

 

Santana y la Carta Pastoral

 

Por otro lado, desconociendo acaso deliberadamente algunas de las providencias de la Junta Central Gubernativa cuando los duartista formaban parte de ese Gobierno colegiado (sembrando así confusión entre los lectores no familiarizados con los acontecimientos políticos en tiempos de la independencia), se ha sostenido que el general Santana utilizó políticamente la Carta Pastoral para atacar a Duarte al tiempo que la misma devino en una suerte de base de sustentación ideológica de su Gobierno. Incluso se ha llegado hasta el extremo de afirmar que como pago por ese supuesto servicio, el dictador solicitó al Papa la consagración de Portes como Arzobispo. Nada más incierto.

El general Santana aún no formaba parte del Gobierno cuando mediante un Decreto de la Junta Central Gubernativa, del 11 de mayo de 1844, Portes e Infante fue electo Arzobispo en reconocimiento a su entonces altamente apreciada y valorada labor pastoral por la generalidad de la población, tras considerarse que:

la Religión Cristiana, Católica, Apostólica, Romana, siendo la del Estado, ha de ser mantenida en todo su esplendor” y en virtud de las cualidades “civiles y morales del Doctor Tomás de Portes… a su religiosidad y celo con que se ha conducido en las circunstancias difíciles en que se ha encontrado la parte antes Española que forma hoy el territorio de la República Dominicana (…)”.[35]

Ese Decreto fue firmado (está y lo estará siempre), entre otros, por dos próceres fundadores de la República: Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez, quienes formaban parte de la Junta Central Gubernativa. De manera que es incorrecto afirmar que Santana (que al momento de la emisión del recién citado Decreto se encontraba en Baní al frente de sus tropas), “premió” a Portes con el arzobispado por el supuesto “servicio” de la Carta Pastoral, pues según se consignó posteriormente en una comunicación que con fecha del 26 de marzo de 1845 le dirigió al papa Gregorio XVI el hatero de “El Prado”[36], a la sazón presidente de la República, éste simplemente se limitó a dar cumplimiento a una disposición ejecutiva y legislativa de quienes le antecedieron en el mando, sobre todo porque era necesario llenar la vacante arzobispal existente desde 1833.

Un cuidadoso examen de los documentos oficiales en época de la independencia permite apreciar con claridad meridiana que para atacar, perseguir, denostar, calumniar, difamar, apresar y deportar a Duarte y a sus compañeros, el general Pedro Santana no necesitó de la Carta Pastoral del 24 de julio. Recuérdese que desde el día 3 de ese mismo mes ya el dictador se había impuesto como meta apoderarse de la Junta Central Gubernativa que controlaban los trinitarios así como exterminar al partido duartista y a su principal líder, a quienes públicamente señaló como “el único obstáculo” que a su entender impedía “la felicidad y tranquilidad del pueblo dominicano”.[37] La verdad monda y lironda es que en ninguna de las Proclamas con las que Santana justificó su campaña de descrédito y su sistemática hostilidad contra Duarte, jamás hizo alusión a la Carta Pastoral de Portes ni a la supuesta excomunión del patricio.

Otro alegato que conviene rebatir es el referente al hecho de que la Iglesia Católica de 1844, en la persona del vicario general Dr. Tomás de Portes e Infante, se pronunció en contra de la dominicanidad porque se sentía amenazada por el liberalismo trinitario. Se trata de una interpretación inexacta de la realidad histórica del momento toda vez que no he encontrado un solo documento en el que figure un pronunciamiento contra Duarte y demás revolucionarios proveniente de Portes ni de cualquier otro sacerdote de los que no comulgaban con el proyecto de la independencia absoluta.

Además, es harto conocido el hecho de que no todo el clero en tiempos de la independencia se identificó con el sector conservador, afrancesado o pro-español. Hubo numerosos sacerdotes que se adhirieron a la causa de los trinitarios nacionalistas, como Pedro Carrasco Pelletier, cura de Los Llanos; el padre Manuel González Regalado, de Puerto Plata; y los sacerdotes José Eugenio Espinosa, de La Vega, Anselmo Ramírez, de Moca, y Domingo Solano, de Santiago, entre otros. Incluso había sacerdotes que, al igual que Duarte, eran masones, como el caso del padre González Regalado, de Puerto Plata, y ninguno de ellos, que se sepa, fue excomulgado en virtud de la controversial Carta Pastoral de Portes.Cualquier estudioso de los orígenes del Estado dominicano podrá constatar que a lo largo del proceso de gestación, desarrollo y cristalización del proyecto independentista, la participación de la iglesia católica, tanto en el plano espiritual como en el político, fue de no poca importancia lo mismo para los revolucionarios duartistas que para el pueblo dominicano.[38]

 

A manera de conclusión

 

Conviene aclarar que no está en discusión el hecho de que al igual que la clase conservadora de la época, monseñor Portes e Infante fuese, como en efecto fue, partidario de la separación de Haití para luego procurar un protectorado de una potencia extranjera, específicamente Francia. Lo que está en cuestionamiento es si Duarte fue o no excomulgado en 1844, y como soy de opinión de que en la Carta Pastoral de Portes, del 24 de julio de ese mismo año, no se encuentra semejante dictamen, he decidido defender mi criterio en procura del esclarecimiento de la verdad histórica, sin que ello signifique que me haya convertido en adalid del clero, que no lo soy, ni mucho menos en encubridor de las infamias de Santana y de Bobadilla.

En el presente trabajo me he limitado a identificar, con el apoyo de documentación fidedigna, algunas de las saetas venenosas disparadas contra Duarte y sus compañeros por el general Pedro Santana, Tomás Bobadilla y el cónsul francés Saint Denys, que sí fueron quienes sistemáticamente se propusieron, por todos los medios a su alcance, salpicar con el lodo de la difamación y la injuria el prestigio social y político de los trinitarios fundadores de la República, pero con especial saña contra Duarte.

La Historia, decía Vetilio Alfau Durán, la que no desnaturaliza ni desfigura los hechos con tropos ni consejas para favorecer intereses de familias o de grupos políticos, solo tiene como propósito el establecimiento de la verdad siempre al amparo de documentos fehacientes de la mayor fuerza probante.

En el caso que nos ocupa, todo parece indicar que quienes imputan a Juan Pablo Duarte una supuesta excomunión fundamentan su hipótesis en principios y preceptos establecidos por la Iglesia Católica en el siglo XX; y que al tratar de manera incorrecta algunas fuentes históricas, extrapolan conceptos y conclusiones a realidades de mediados del siglo XIX con el fin de acomodarlas, a la manera de Procusto, a su particular concepción política e ideológica de la sociedad dominicana del presente.

Concluyo, pues, reiterando mi convicción de que –hasta prueba en contrario- no existen evidencias concretas y fehacientes que permitan demostrar de manera definitiva que Juan Pablo Duarte fue excomulgado en 1844.

 

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[1] Miembro de Número y vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia.

[2] Emilio Rodríguez Demorizi, C. Larrazábal Blanco y V. Alfau Durán. (Editores y anotadores).Apuntes de Rosa Duarte. Archivo y versos de Juan Pablo Duarte. (Obra también conocida como Diario de Rosa Duarte). Santo Domingo, Editora del Caribe, 1970, p. 233. (Publicaciones del Instituto Duartiano, vol. I).

[3] “Proclama del General Pedro Santana”, Hoja suelta, del 28 de julio de 1844, Santo Domingo. Reproducida por Emilio Tejera en Clío, órgano de la Academia Dominicana de la Historia, Año 4, No. 21, mayo-junio de 1935.

[4]Tomás Bobadilla. “Discurso pronunciado en el seno de la Asamblea Constituyente”, el 26 de septiembre de 1844. En Emilio Rodríguez Demorizi, Discursos históricos y literarios. Contribución al estudio de la oratoria dominicana, Ciudad Trujillo, Imp. “San Francisco”, 1947, p. 67.

[5]Emilio Rodríguez Demorizi. Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846, T. I, p. 140. Santo Domingo, Gobierno Dominicano, 1996. (Colección Sesquicentenario de la Independencia Nacional, Vol. XI).

[6]“Resolución de la Junta Central Gubernativa declarando traidores a la Patria a los generales Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco Sánchez y otros ciudadanos, condenándolos a destierro perpetuo”. En Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República, 1844-1847, T. I, Edición Oficial. Santo Domingo, Imprenta ONAP, 1982, pp. 40-44.

[7]La Carta Pastoral, del 24 de julio de 1844, aparece in extenso en Emilio Rodríguez Demorizi. Documentos para la historia de la República Dominicana, Vol. II, pp. 47-54, Santiago, Editorial El Diario, 1947. Archivo General de la Nación, Centenario de la República Dominicana. Postreramente, el texto de Portes ha sido reproducido completo en las obras citadas de José Luis Sáez y de Antonio Lluberes, así como también en Antología de la oratoria en Santo Domingo, Selección, prólogo, estudio y notas de Diógenes Céspedes, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc., Santo Domingo, 1994. Otros historiadores modernos, como Frank Moya Pons (“Guerra y política en 1844. La Batalla del 30 de marzo en el contexto histórico de la independencia”, Revista Eme-Eme, Vol. VII, No. 41, marzo-abril, 1979, p. 15) y Fernando Pérez Memén (“La iglesia en la independencia” en El pensamiento democrático de Duarte y otrostemas de historia dominicana y de Haití, Santo Domingo, 2005), entre otros, han comentado la parte conminatoria del texto sin haber encontrado otra cosa que no fuera una simple amenaza por parte del prelado. No se entiende, pues, la insistencia, naturalmente errada, en el sentido de que ha habido interés en ocultar un documento harto conocido por la historiografía nacional. Cf. “En busca de Juan Pablo Duarte”, artículo de reciente publicación en el que su autor, el señor Antonio Thomén, formula la siguiente interrogante: “¿Por qué se ha mantenido en silencio la Carta Pastoral durante tantos años?”, Boletín del Archivo General de la Nación, Año LXXIV, Vol. XXXVII, Número 134, p. 463. Santo Domingo, septiembre-diciembre de 2012.

[8] Odalís Pérez. “Sobre la posible excomunión del patricio Juan Pablo Duarte y Diez”. Carta, del 28 de marzo de 2013, dirigida al autor de este ensayo tras solicitar su opinión profesional acerca del contenido de la Carta Pastoral del 24 de julio de 1844.

[9] Ibídem.

[10]Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, Madrid, Editorial Espasa Calpe, S.A., 2001, p. 423.

[11]Mariano Cirera Zapatero y otros. Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española. Manual básico. Barcelona, España, 1994, p. 240.

[12]Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española. Vol. I, Madrid, Espasa Libros, pp. 1812-13.

[13] A. Benlloch Poveda. Código de derecho canónico, séptima edición. Madrid, Edicep, C.B., 1994.

[14]Ibídem, p. 582.

[15] Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones…, t. I, pp. 99-102.

[16]Pedro Vergés Vidal. Duarte. Vida y obra del fundador dela República Dominicana, Santo Domingo, Editora del Caribe, C. por A., 1966. p. 222.

[17]Eugenio María de Hostos. “Duarte y Sánchez como ejemplo de patriotismo”. En Emilio Rodríguez Demorizi, Hostos en Santo Domingo, Vol. I, pp. 107-111. Ciudad Trujillo, Imp. J.R. Vda. García Sucs.,1939.

[18] Fernando A. De Meriño, Elementos de geografía, física, política e histórica de la República Dominicana, 4ta. Edición, p. 181, Santo Domingo,1984.

[19]Pedro Troncoso Sánchez, Vida de Juan Pablo Duarte, p. 306, Santo Domingo, 1975, Instituto Duartiano, Vol. XI.

[20] Enrique Patín Veloz, Temas duartianos, pp. 101-103. Santo Domingo, Gobierno de Concentración Nacional, 1983.

[21] Fernando A. de Meriño.“Oración pronunciada en la Catedral en la apoteosis de Juan Pablo Duarte, 1884”. En Obras, Ciudad Trujillo, Editorial La Nación, 1960, p. 97.

[22]“Edicto de excomunión mayor a Miguel Hidalgo y Costilla”. En Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México, 24 de septiembre de 1810, reproducido en Nexos en línea, wwww.nexos.com.mx.

[23] Ibídem.

[24] A. Benlloch Poveda, Código de derecho canónico, p. 582.

[25] Es obvio que en sus consideraciones de carácter político, el Vicario Portes obró fuera de la esfera de su competencia eclesiástica, pero no es este el tema del presente trabajo. Para interesantes consideraciones acerca de esa Carta Pastoral, véase, entre otros autores, José Luis Sáez, El arzobispo Portes. Apéndices y selección Mons. Dr. Rafael Bello Peguero, Pbro., No. 12. Serie Hombres de Iglesia, SantoDomingo, 1996; Fernando Pérez Memén. La iglesia y el Estado en Santo Domingo, 1700-1853. Santo Domingo, 1984; y Antonio Lluberes. Breve historia dela Iglesia dominicana, 1493-1997, Santo Domingo, 1998.

[26] José Gabriel García. Compendio de la historia de Santo Domingo, tomo II, tercera edición aumentada y corregida. Santo Domingo, Imprenta García Hnos., 1894, p. 265.

[27] Emilio Rodríguez Demorizi. Documentos para la historia de la República Dominicana, Vol. I. Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1944, p. 33. (Archivo General de la Nación).

[28] José Luis Sáez, S.J., Op. Cit., p. 25.

[29] La razón principal por la que el vicario Portes se inclinó por el protectorado de Francia, y no por el de España, como aspiraban Gaspar Hernández y otros, se debió, según José Luis Sáez, a que “el rey Luis Felipe de Orleans favorecía la devolución a la Iglesia de los bienes confiscados por la Revolución Francesa, mientras que el Primer Ministro de España, general Baldomero Espartero (1840-1843) adoptaba una política anticlerical”. Ver su artículo “Participación política directa del clero dominicano (siglos XIX y XX)”, Clío, No. 183, Órgano de la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, enero-junio 2012.

[30] Emilio Rodríguez Demorizi, Carlos Larrazábal Blanco y Vetilio Alfau Durán. Apuntes de Rosa Duarte…, p. 40.

[31] José Gabriel García, Compendio de la historia de Santo Domingo…, tomo II, p. 259.

[32] Carlos Federico Pérez y Pérez. El pensamiento y la acción en la vida de Juan Pablo Duarte, Santo Domingo. Bibliófilos-Banreservas, 2007, p. 63.

[33] Joaquín Balaguer. El Cristo de la libertad. Vida de Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, 4ta. Edición. Santo Domingo. Talleres Publicaciones ¡Ahora!, C. por A., p. 153,1968. (Colección Pensamiento Dominicano).

[34] Emilio Rodríguez Demorizi, Carlos Larrazábal Blanco y Vetilio Alfau Durán. Apuntes de Rosa Duarte…, p. 70.

[35]Gobierno Dominicano.Colección de Leyes…, T. I, Pp. 24-5.

[36] Carta citada por José Luis Sáez. En El arzobispo Portes…, p. 36.

[37] Pedro Santana. “Proclama”, 28 de julio de 1844. En Clío, año 4, No. 21, p. 69, Ciudad Trujillo, Academia Dominicana de la Historia, mayo-junio de 1935.

[38] Cf., el laureado ensayo de Leonidas García Lluberes titulado “Influencia de la Iglesia Católica en la formación de la nacionalidad y en la creación de la República Dominicana.” En Crítica histórica. Santo Domingo, Editora Montalvo, 1964, pp. 10-35 (Academia Dominicana de la Historia, Vol. XXI). Para mayores detalles acerca de la participación de la Iglesia en el proceso independentista, véase a Carlos Nouel. Historia eclesiástica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Primada de América, t. III, Cap. I, pp. 1-12, Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 1979 (Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc.); también el artículo, antes citado, de José Luis Sáez, “Participación política directa del clero dominicano (siglos XIX y XX)”.

Ulises Espaillat: el presidente mártir

Ulises Espaillat: el presidente mártir

Conferencia pronunciada por el historiador Juan Daniel Balcácer en la Alianza Cibaeña, Inc., Sociedad Cultural, en Santiago de los Caballeros, el 27 de julio de 1984 con motivo del Centenario de la fundación de esa sociedad cultural.

Señoras y Señores:

Cuando mi distinguido amigo, el historiador doctor Julio Genaro Campillo Pérez, me trasmitió la invitación que me formulaba –por su digno intermedio– esta centenaria casa de la cultura, para que ofreciera una disertación acerca de la vida y obra del más insigne y preclaro de los civilistas dominicanos, don Ulises Francisco Espaillat, no vacilé en aceptar tan amable iniciativa por dos razones fundamentales: primero, porque el tema sugerido reviste singular significación en estos tiempos en que nuestra sociedad ha devenido víctima de una profunda crisis de valores y nuestra juventud está cada vez más expuesta a la influencia de culturas foráneas que amenazan con sepultar las verdaderas esencias de lo dominicano; y segundo, porque constituye un alto honor el que se me brinde la oportunidad de ocupar esta distinguida tribuna enclavada en el corazón mismo de la región cibaeña, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, cuna de ilustres personalidades, civiles y militares, quienes con estoicismo, abnegación y patriotismo contribuyeron a forjar una República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera, de acuerdo con el credo político que enarboló el Fundador de nuestra nacionalidad, el general Juan Pablo Duarte, y que posteriormente –entre otros– defendieron y propagaron hombres de la talla de José Gabriel García, José Joaquín Pérez, Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó, Manuel de Js. Peña y Reynoso, Manuel Antonio Cestero y el pensador cuya vida y obra constituyen hoy el tema de esta disertación: me refiero a don Ulises Francisco Espaillat.

 

De entre las múltiples facetas que adornan la vida pública y privada de ese egregio repúblico, que como bien señala el historiador Campillo Pérez, fue maestro, panadero, destilador de alcoholes, médico y, más que nada, boticario; pero que también descolló como periodista, escritor, Munícipe, legislador, diplomático, Secretario de Estado, Vice-Presidente de la República durante la gloriosa guerra Restauradora y, finalmente, como Presidente Constitucional de la República. Prócer y figura civil de muy escaso parangón en nuestra historia americana, a quien Federico Henríquez y Carvajal –y luego Emilio Rodríguez Demorizi, nuestro Heródoto moderno– comparó con la estatura política, cultural –y hasta física– de Benjamín Franklin; de entre todas sus facetas, voy a referirme, con la venia de todos ustedes, a la que menos han aludido los historiadores y biógrafos del ilustre civilista santiagués: la del Jefe de Estado, por constituir ésa la culminación de su participación activa en la vida política del país y porque en nuestro humilde juicio, fue precisamente durante el breve período en que don Ulises F. Espaillat ocupó la primera magistratura de la nación cuando producto de las más enconadas pasiones políticas experimentó las más acerbas decepciones y los más severos reveses morales de su trayectoria pública y privada.

Como se sabe, la República Dominicana fue creada el 27 de febrero de 1844 cuando triunfó la revolución inspirada sobre los principios de los trinitarios que dirigían Duarte y otros preclaros patriotas; y se desvanecieron los vínculos de dependencia que desde 1822 habían mantenido subordinado al pueblo dominicano a los dominadores haitianos. Desde esa memorable fecha hasta 1876, año en que fue electo Presidente de la República don Ulises Francisco Espaillat, en la vida política, económica y social de nuestro pueblo muchos fueron los acontecimientos que ocurrieron y amenazaron la supervivencia como nación independiente del conglomerado social dominicano. El primer elemento que salta a la vista del estudioso del proceso histórico nacional es el caudillismo. Este fenómeno sociológico –propio de las sociedades dependientes en vías de desarrollo– emergió conjuntamente con el surgimiento de la República; y estuvo caracterizado por dos vertientes principales que fueron el militarismo y la violencia; es decir, que la vida política nacional durante las primera y segunda repúblicas (1844-1861 y 1865-1916, respectivamente) estuvo condicionada por los factores militares, que casi siempre se imponían sobre la base de acciones violentas, y no por el predominio de la civilidad y de la aplicación de fórmulas democráticas institucionalizadas para resolver los conflictos sociales.

Además del caudillismo, la guerra dominico-haitiana constituyó otro poderoso factor que impidió el pleno desarrollo de las instituciones democráticas y republicanas que nacieron al calor de la revolución trinitaria y que luego fueron consignadas y consagradas en el célebre Pacto Fundamental que nuestro primer Congreso Constituyente votó en la hidalga ciudad de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Esta constante guerra dominico-haitiana, que duró 10 años, contribuyó sobremanera a agravar la crítica situación económica en que nació la República Dominicana y, evidentemente, constituyó el elemento más determinante del cauce negativo de los vaivenes políticos nacionales. A esta deplorable situación, débese agregar la constante presión internacional que sobre el joven gobierno ejercían Francia, Inglaterra y España (los Estados Unidos para la época de la Primera República aun no había puesto en práctica su Doctrina de Monroe) con el propósito de anexionar con fines coloniales parte o todo el territorio de la isla de Santo Domingo. Esa persistente presión política y económica, proveniente de las grandes potencias mundiales del momento, indujo a algunos de los caudillos dominicanos a buscar continuamente el protectorado o la anexión de la República a fin de obtener, a cambio de esa felonía, seguridad económica y política para continuar en el ejercicio del poder.

Los casos más típicos de ese afán anexionista lo constituyen Pedro Santana (quien como se sabe llegó a anexionar la República a España hacia 1861) y Buenaventura Báez, quien durante el período conocido como de los Seis Años (1868-1874) no sólo inició la perniciosa deuda externa dominicana, sino que además intentó incorporar la República Dominicana a los Estados Unidos de América.

Para 1876 los dominicanos habíamos tenido 14 presidentes, de los cuales 13 habían sido generales y un solo civil, don Benigno Filomeno de Rojas. Se habían celebrado, entre directas e indirectas, ocho elecciones presidenciales. Ulises Espaillat fue, pues, el mandatario número 15 que alcanzó la presidencia de la República y, en puridad de verdad, fue el primer político que alcanzó el solio presidencial con un programa de gobierno claramente delineado y fundamentado sobre ideas esencialmente liberales, democráticas y republicanas

Nuestro insigne repúblico resultó electo Presidente de la nación recibiendo casi la totalidad del electorado, pues de un total de 26,410 sufragantes, Espaillat recibió 24,329 votos contra 2,081 repartidos entre 60 candidatos de menor cuantía. Este dato es revelador del consenso que para entonces existió en Santo Domingo a fin de elegir como Presidente de la República a don Ulises F. Espaillat. El fenómeno, empero, no dejó de ser harto sorprendente, si se toma en cuenta que la nación dominicana apenas hacía dos años que se había sacudido de la nefasta administración de Buenaventura Báez, que duró seis años, y que los antagonismos políticos entre rojos (baecistas), azules (liberales cibaeños) y los verdes (seguidores de González) hasta ese momento habían alcanzado niveles de contradicciones poco menos que irreconciliables. El movimiento “unionista”, que había llevado al poder al general Ignacio María González, luego de la revolución nacional iniciada en 1874, fue incapaz de mantener la unidad necesaria para sostener por más tiempo al líder del partido verde en el poder político, por lo cual se decidió derrocarle del gobierno y posteriormente favorecer al distinguido santiagués con la elección a la presidencia de la República. Parece ser que al escogerse a don Ulises prevaleció la idea de un consenso nacional sobre la necesidad vital que tenía nuestro pueblo de reordenar su economía, de adecentar la administración pública y de estimular la educación para encauzar al joven país por las sendas del progreso y de la vida sosegada y pacífica de los países civilizados. Pero las cosas, lamentablemente, no sucedieron conforme a la formación civilista y nacionalista de don Ulises Espaillat, quien anheloso de llevar a cabo un experimento democracial sin precedentes en nuestra historia, prefirió sacrificar la tranquilidad de su hogar para servirle a los más puros intereses patrios. La decepción debió de ser inconmensurable para aquel espíritu noble, de quien se puede decir que cuando se vio precisado a abdicar del poder que no había buscado, porque las pasiones políticas le indujeron a ello, debió haber experimentado una muerte moral.

De Espaillat dijo en 1909, Manuel de Js. Galván, el celebre autor del Enriquillo y quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores de su Gobierno, lo siguiente:

“Ver a un ciudadano exaltado a la cima del poder público por el voto de una mayoría, cuyo número no fue ni ha sido igualado antes ni después; sin oposición de nadie; con el asentimiento de todas las facciones; y ver que casi al día siguiente los buenos elementos que se unieron para realizar esa elección, se disgregan, y vuelven presurosos a militar contra el orden legalmente establecido, bajo las respectivas banderas de las parcialidades que de antaño venían desgarrando el seno de la patria, fue un espectáculo de que apenas puede darse cuenta quien no haya sido testigo presencial de aquellos sucesos, y conocido de antemano a sus protagonistas”.

Espaillat asumió la presidencia de la República el 29 de abril de 1876 y fue obligado a dimitir de la misma el 5 de octubre de ese año. Cinco meses y seis días duró el gobierno más civilista que tuvimos los dominicanos en el siglo diecinueve. ¿Cómo es posible, cuestionarán no pocos, que un prócer de la talla de Espaillat, que al decir del doctor Balaguer ha tenido la virtud de ser en nuestra historia “la encarnación del más alto de todos los sentimientos políticos: el de la civilidad”; a quien Hostos consideraba “el hombre más digno del ejercicio del Poder que ha tenido la República”; y cuyas ideas políticas eran tan avanzadas para su época que el egregio Gregorio Luperón decía de ellas que debían convertirse en el “catecismo político del pueblo dominicano”; ¿cómo es posible, repetimos la interrogante, que un hombre de esa dimensión procérea fuese llevado a la presidencia por el consenso voluntario de las mayorías y fuera poco después derrocado sin que esa mayoría nada hiciera para mantenerlo en el poder? El caso brinda una lección singularísima, porque si se pudiera demostrar que la administraci6n de Espaillat constituyó, un fracaso o un mentis a las aspiraciones populares, la respuesta a la interrogante que precede sería evidente. Pero la gestión de Espaillat sigue constituyendo, en nuestra historia política, un verdadero y genuino paradigma. ¿Qué ocurrió entonces, durante el breve gobierno de nuestro ilustre prohombre? He aquí una breve explicación.

En 1876 Ulises Espaillat no era un improvisado en materia política. Recuérdese que había sido munícipe, legislador, que había tenido una participación de primer orden en la Revolución nacionalista del 7 de julio de 1857, y que en la Guerra Restauradora alcanzó nada menos que la vice-presidencia del gobierno en armas contra la dominación española. Era un hombre de virtudes cívicas muy sólidas y profundas. Al igual que Benigno Filomeno de Rojas, había tenido la oportunidad de conocer el sistema de la democracia representativa en los Estados Unidos, y había llegado a concebir un sistema de gobierno liberal y democrático para su pueblo dominicano. El mejor testamento de lo que afirmamos, señoras y señores, el cual nos permitirá medir en su justa dimensión el pensamiento político y social de don Ulises Espaillat, lo constituye el Mensaje al Congreso que pronunció en la ceremonia de juramentación, el 29 de abril de 1876. Como la pieza no tiene desperdicios, procederé a leerla in extenso con el permiso de todos los presentes:

“Honorables Diputados:

“Por uno de esos ocultos designios de la Providencia acabo de aceptar un puesto del cual me alejaban ayer los mismos motivos que hoy me han obligado a ocuparlo: los temores de ver el país envuelto en los horrores de la guerra civil.

“No pienso deciros que –al hacerme cargo de dirigir los destinos de la Nación– hago un sacrificio, porque creo que el hombre se debe, no sólo al suelo que lo ve nacer, sino a la humanidad entera, y porque espero que muchos de mis conciudadanos harán igualmente sacrificios, ya de una naturaleza, ya de otra.

“Las circunstancias son en extremo difíciles; sin embargo abrigo la convicción de que la Nación rechaza la guerra con horror, porque principia ya a lamentar el estéril desperdicio de sus fuerzas, y veo con satisfacción que la acción perturbadora va perdiendo camino a la par que lo van ganando los principios, no estando lejos tal vez la época en que este pueblo, tan vilipendiado y maltratado cuando ha sido mal aconsejado y mal dirigido, llegue a rendir tributo a la razón y culto a la justicia.

“Yo me ruborizaría si dijera que en mi Administración tendrán garantías todos los partidos, porque podría creerse en el extranjero que en esta República no existen leyes ni tribunales que las apliquen, porque no puede concebirse que donde haya unas y otros dejen de tener garantías todos los asociados. Espero que las tendrán todos; y como el buen régimen de las sociedades depende del respeto que se tiene a la ley, y como la experiencia me ha probado que en nuestro país el mayor número de desacatos contra ella han sido siempre cometidos por las mismas autoridades encargadas de hacerla respetar y cumplir, me desvelaré porque en adelante sean los empleados, sea cual fuere su categoría, los primeros en rendirle homenaje.

“Yo creo que en nuestro país se ha observado respecto a las conspiraciones una conducta poco lógica. Se principia por reducir a prisión mayor o menor numero de personas, y –cuando a fuerza de persecuciones la conspiración ha llegado a obtener la fuerza de que carecía– tiene lugar un levantamiento, y con sus cabecillas se manifiesta la autoridad tan débil y condescendiente, cuanto ha sido severa en sus primeros pasos. Mi parecer es que debe seguirse estrictamente la práctica contraria. Los gobiernos y sus empleados deben dar garantías a los asociados, haciendo que la ley sea debidamente cumplida; pero sería privar a los honrados y pacíficos ciudadanos y sus familias de esas mismas garantías concederlas a los malhechores que –infringiendo la ley– fomentan y dirigen rebeliones y levantamientos, porque esos indultos y garantías no significan otra cosa que la autorización para volver a cometer los mismos crímenes. Es preciso que hagamos cesar esta funesta práctica, y que en adelante todos sin excepción alguna puedan vivir bajo las garantías que la ley concede a los ciudadanos pacíficos, cualquiera que haya sido el partido en que hayan figurado.

“No es raro oír decir que a ciertas personas no se las puede castigar, ya porque pertenecen al partido que está en el poder, ya porque son buenos peleadores. Esto no puede seguir así, por más que algunos pretendan asegurar que éste sea un medio de robustecer a un partido. Yo creo que este es un gravísimo error, y pienso que si los partidos políticos aquí se han ensañado tanto, ha sido debido en su mayor parte a este ruinoso modo de entender la justicia. Sin embargo, si me fuera posible saber que la mayoría de los hombres de bien desaprueban mi modo de pensar, renunciaría desde luego al encargo de gobernar el país: no habría honra en ello.

“El estado de la Hacienda Pública, es, según es público, deplorable, y exige no tan solo una recaudación de sus rentas sumamente escrupulosa, sino también una gran moderación en los gastos, ya sea disminuyendo algunos, ya suprimiendo otros, como único medio de restablecer el crédito público. Yo deseo con toda sinceridad que el país pueda remunerar generosamente los servicios que sus hijos le han prestado en ocasiones a veces solemnes; pero las incesantes revueltas en que se ha visto envuelto lo han empobrecido a un grado tal, que hasta ahora no ha podido atender como es debido a una de las más imperiosas necesidades de la vida moral de los pueblos, como es la instrucción pública. Mucho me apena que se tenga que suprimir toda clase de gastos que no sean los indispensables de ejército y empleados de la nación, pero espero que –después de algún tiempo de prueba– el país se hallará holgado, y entonces podrá dejar ampliamente satisfechas todas sus necesidades. Hay, sin embargo, un mártir que languidece abandonado de los suyos en suelo extraño, y es justo, es decente que los dominicanos se impongan alguna privación para que tengan un pan que enviar a uno de los próceres de nuestra independencia.

“Las condiciones en que se encuentra el trabajo entre nosotros son sumamente desfavorables. Unas veces es improductivo para unos, otras, falta totalmente para muchos, y, sin embargo, los terrenos abundan y son feraces. Pero en algunos puntos hacen falta las buenas vías de comunicación, y en todos la confianza de los hacendados y algunos conocimientos indispensables de agricultura. El problema es complejo, pero resoluble, y haciendo abstracción de capitales, podríamos utilizar los recursos que posee nuestra sociedad para darle el necesario ensanche al trabajo, mejorando la suerte material del país, y morigerando al mismo tiempo las masas.

“El estado del Ejército exige, perentoriamente, que se le regularice, se le organice, moralice y discipline. Yo sé que valdría más que no lo tuviéramos, pero el estado de completa indisciplina a que nos han conducido las constantes revueltas lo hace indispensable como elemento de orden y organización.

“Es todo lo que creo que puedo decir en este discurso inaugural, porque los puntos que he tocado son de publica notoriedad, reservándome para su oportunidad hacer a este Honorable Cuerpo los mensajes de oficio que requiere el servicio público, y concluyendo por reclamar de los representantes del pueblo su valiosísima cooperación”.

Capital, abril 29 de 1876.

Esta brillante pieza oratoria, señoras y señores; magistral radiografía de la situación política, social y económica de la sociedad dominicana de 1876; no sólo contiene, aunque esquemáticamente, lo que iba a ser el programa de gobierno de Ulises Espaillat, sino que, además, constituyó una severa autocrítica formulada con el único propósito de concientizar a las mayorías acerca de la necesidad del sacrificio colectivo para rescatar a la nación del caos en que se encontraba inmersa. El discurso, pueden ustedes estar seguros, no fue del agrado de muchos. Y tengo la sospecha de que desde el mismo momento en que fue pronunciado quedó erigido en el epitafio político del gobierno que entonces se iniciaba.

En el texto recién leído ante este selecto público, se puede advertir la inmensa preocupación que embargaba a don Ulises ante las continuas guerras civiles que corroían gradualmente las bases sobre las cuales se habían constituido las instituciones democráticas dominicanas. Se refirió al pueblo vilipendiado, mal tratado, mal aconsejado y hasta ese momento mal dirigido. Ofreció un gobierno en el cual existirían plenas garantías para todos los ciudadanos; anunció que combatiría los privilegios y que la ley sería aplicada con igualdad para todos los dominicanos, sin distinción de posiciones sociales. Prometió desarrollar la instrucción pública, considerada por él como “una de las más imperiosas necesidades de la vida moral de los pueblos”. No pudo eludir referirse al deplorable estado de las finanzas públicas, el cual, para superarlo, anuncio la puesta en práctica de un régimen de austeridad que permitiría reorganizar la economía. Habló del desempleo existente, y también de la indebida utilización de nuestros recursos naturales. Criticó lo que entonces se llamaba ejército y hasta dejó entrever que ante un eventual Estado organizado, dicha institución podría desaparecer por innecesaria. Y lo que es más importante: cuando aludió al mártir que languidecía en suelo extraño olvidado por los suyos, no hablaba de otro sino del egregio Juan Pablo Duarte.

No se puede soslayar el hecho de que la sociedad dominicana de los tiempos de Espaillat era fundamentalmente una sociedad caudillista y pretoriana. Es decir, el militarismo prevalecía sobre el elemento civil. El ilustre repúblico santiagués tal vez no comprendió esta realidad y por ello no tuvo reparos en enfrentarse directamente, y desde el principio de su efímera gestión gubernativa, a los caudillos tradicionales del país y a la numerosa corte de generales que para esa época se gastaba el llamado ejército nacional. Hacia 1875, nuestro ejército tenía un promedio de 475 generales y más de 700 oficiales de menor jerarquía. La mayoría de ellos recibía sueldos del erario público, pero no eran militares activos. Muchos habían recibido sus respectivos rangos merced a su participación en las diversas contiendas civiles del país y los mantenían como una concesión de su caudillo jefe, quien de esa manera lograba mantener una clientela fija que le garantizaba cualquier movimiento insurreccional contra determinado estado de cosas.

Una vez en el poder, Espaillat conformó su gabinete con las más prestigiosas figuras públicas del momento. Para la Secretaría de Estado de Interior y Policía designó al ciudadano Manuel de Js. Peña y Reynoso; para el ministerio de Relaciones Exteriores, escogió al escritor Manuel de Js. Galván; para la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, seleccionó al historiador José Gabriel García; para la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio, nominó a Mariano Antonio Cestero; y para la Cartera de Guerra y Marina, se decidió por el bizarro general Gregorio Luperón.

Conforme a sus ideas liberales y democráticas, Espaillat quiso ensayar un gobierno flexible y de amplia participación popular. Las circunstancias, empero, no le fueron favorables. La economía del país estaba en bancarrota. No tenía dinero siquiera para pagar a los empleados públicos. Procedió a aplicar una austeridad cuyo primer paso fue suprimir los gastos políticos, las asignaciones a “militares” y los regalos que continuamente se hacían con los recursos del Estado y que, como bien señala Frank Moya Pons, para esa época “eran, en más de un sentido la garantía de los gobiernos de la época”.

Pretendió Espaillat poner en práctica un gobierno de política conciliatoria. Promulgó una amnistía general para los expatriados o asilados Por motivos políticos. Instruyó a su ministro de Interior y Policía para que se permitiera absoluta libertad de expresión y difusión del pensamiento dentro del marco de la ley. Se propuso no concertar nuevos empréstitos extranjeros, sino que aspiró a buscar la forma de equilibrar la deuda externa dominicana, que había heredado de anteriores administraciones, con el propósito de encontrar la forma más apropiada para saldarla. Ordenó a su Secretario de Guerra y Marina para que procediera a “desrojizar” el ejército, cuyos miembros –en su mayoría– eran seguidores de Báez y de González; y dispuso, además, que se procediera a reorganizar el mismo. Abogó por el establecimiento de un Banco de Crédito, de anticipo y recaudación, que entre otras cosas permitiera al gobierno sufragar sus gastos corrientes sin necesidad de tener que recurrir, como hasta entonces se hacía, a préstamos provenientes del comercio local. Y hasta llegó a permitir una oposición a mi juicio harto desaforada por parte de ciertos individuos y de la prensa local.

Las medidas económicas adoptadas por Espaillat lesionaron muchos intereses. Como el carecía de un ejército propiamente dicho,
y en nada semejaba el proceder de los caudillos (pues Espaillat
no fue caudillo),esas disposiciones y la designación de Gregorio Luperón al frente de la Secretaría de Guerra y Marina generaron animadversión y desconfianza entre muchos comerciantes y militares adictos al partido rojo.

Estimo, además, que el solo hecho de Espaillat haberse referido a Duarte –para quien siempre tuvo el más sagrado respeto– en el solemne acto de su juramentación también constituyó un elemento disociador y que le retiró un apoyo considerable. Es que bajo la época caudillesca no se podía recurrir a figuras simbólicas que no fueran los propios caudillos. Durante la Primera República (1844-1861) y gran parte de la Segunda República especialmente hasta 1884, mencionar el nombre de Juan Pablo Duarte era similar a pronunciar una mala palabra. Y ahí teníamos nada menos que a don Ulises Espaillat, electo presidente de la República merced a un consenso jamás antes visto –y nunca después– en la historia política nacional, enarbolando el nombre sin duda del más grande de todos nuestros patriotas, pero también del más odiado por los caudillos dominicanos del pasado siglo. Tal actitud del Presidente Espaillat tuvo que haber constituido un doloroso revés para quienes le brindaron su apoyo al civilista santiagués con miras a obtener, en cambio, posiciones privilegiadas en el tren gubernativo.

Aspiraba Espaillat a profesionalizar el ejército y con ese propósito designó a Gregorio Luperón al frente del ministerio de Guerra y Marina. Luperón, empero, era más comerciante que burócrata y tenía intereses que atender y serias deudas que había contraído en el exterior durante la guerra de los “Seis Años”. Pero tan pronto Espaillat asumió la presidencia reconoció la deuda contraída por Luperón como parte de la deuda nacional y, como era de esperarse, la reacción de los rojos fue acusar al gobierno de haber incurrido en actos de corrupción.

Ya para el mes de julio “militares” rojos descontentos con el sistema imperante, y con el trato que habían recibido del nuevo gobernante, se habían insurreccionado en el Norte y en el Sur; y Espaillat se había visto en la necesidad de dedicar atención al problema de las revueltas con el propósito de reducir al orden a los sediciosos, entonces dirigidos por los generales Ignacio María González y Marcos A. Cabral, quienes actuaban invocando el nombre de Buenaventura Báez.

“Todo principio de unidad quedó roto –diría Manuel de Jesús Galván–; los esfuerzos del Gobierno por sostener el orden fueron inútiles, la pesar de haber conseguido salvar a la Capital y a Santiago sitiadas por numerosas fuerzas rebeldes, y de haber batido a los facciosos en campo raro muchas veces. Lo que resultaba de la derrota de un bando era mayor refuerzo para el bando que le era opuesto, en tanto que el Ejército leal se diezmaba por los combates o se descorazonaba por la continua reproducción de la lucha”.

“Espaillat afrontó la situación con estoica entereza, pero llena el alma de profundo pesar y desconsuelo, al verse obligado por deber a resistir al desorden y defender los intereses sociales. Para él –sigue diciendo Galván– era el mayor de los conflictos aparecer empeñado en conservar una investidura que le había sido impuesta a pesar suyo,… Quiso arrancarla de sus hombros desde que percibió el primer síntoma de que la guerra civil era inevitable; pero sus ministros, sin excepción, le representaron que sólo 11 podía y debía restablecer el orden y la paz en la República, y que su renuncia a la presidencia no daría otro resultado que abandonar las fuerzas leales que sostenían la campaña y entregar el país completamente a la anarquía”.

“Los que estuvimos a su lado hasta el fin, y presenciamos las dolorosas pruebas, las zozobras y hasta las personales privaciones de aquel virtuoso ciudadano, separado de su hogar, temiendo lo peor para su familia ausente bajo el asedio enemigo, y todo por haberse resignado en pro del bien público a una posición política culminante que él quiso rehuir y voluntades ajenas le impusieron; los que vimos día por día ese largo martirio, y la serenidad con que aquel varón justo y bueno conllevó tan inmerecidos sufrimientos, aprendimos entonces a conocer y abominar todo lo que hay de sombrío, de cruel y de brutal en esos estados de anarquía, en que los hombres y los pueblos pierden la noción del bien y del mal, y obran como fuerza loca e inconsciente hasta llegar al suicidio”.

Ante esas penosas circunstancias, Espaillat “no podía tolerar la idea de que fuese necesaria la efusión de sangre para sostenerlo en el poder que tan odioso le era; y a raíz de una rebelión de militares en la Capital quienes constituyeron una Junta Superior Gubernativa y desconocieron, mediante un manifiesto insurreccional, al gobierno del Presidente Espaillat, éste afirmó que no deseaba que por su causa se derramara más sangre y buscó asilo, primero en el consulado británico, y luego en la representación diplomática francesa acreditada en el país. Pero antes de dimitir del poder para el cual había sido el preferido de las mayorías, el ilustre Repúblico, quien en cierta ocasión había sostenido que en Santo Domingo se llamaba política “a la falta de toda noción de gobernar, y a la sobra de intrigas sucias, inmorales e indecentes”, se expresó de esta suerte:

“Yo creí de buena fe que lo que más aquejaba a la sociedad de mi país era la sed de justicia, y desde mi advenimiento al Poder procuré ir apagando esa sed eminentemente moral y regeneradora. Pero otra sed aún más terrible la devora: la sed de oro”. Extraña paradoja: quienes apoyaron a Espaillat para la presidencia fueron los mismos que injustamente propiciaron su derrocamiento. El propio Espaillat le diría al General Cabral, en carta que le escribiera durante los sucesos que produjeron su dimisión de la presidencia, lo siguiente: “No sé qué excusa podrán ofrecer ante la opinión, ante Dios, ante su propia conciencia, los que no hace tres meses que me levantaron en alto; y, sin darles yo motivo alguno, sin faltar a mi programa y a mis principios de antemano conocidos, hoy parece que se complacen en mi descrédito y caída, como si sólo me hubieran elevado para tener el gusto de precipitarme”.

Se disponía el insigne civilista, a quien Manuel de Js. Galván con toda propiedad llamó al Presidente mártir, a abandonar el país hacia el amargo exilio, cuando la situación política experimentó un radical cambio y, para decirlo con palabras del célebre autor del Enriquillo, “los que habían derrocado a Espaillat fueron derrocados a su vez por el partido baecista, bajo la dirección del general D. Marcos A. Cabral”, quien tan pronto tuvo la oportunidad acudió al consulado francés e instó al Presidente depuesto para que no abandonara el país y se reintegrara al seno de su familia en su amado pueblo natal de Santiago de los Caballeros.

En diciembre 20 de 1876, el Presidente depuesto, en breve manifestación pública, se despidió de sus conciudadanos capitaleños en estos términos:

“Me despido de la Ciudad Capital, de la que he sido huésped durante siete meses, donde fui acogido con extremada benevolencia, y donde también he recibido innumerables pruebas de simpatía y aprecio de sus cultos habitantes.

Regreso hoy al seno de mi familia –del cual me sacó el fatal error de haber creído que podía contribuir a la paz del país– para dedicarme exclusivamente, como antes, al ejercicio de mi profesión u oficio.

Al dejar un puesto en donde no tuve tiempo para ver realizadas algunas, siquiera, de las muchas y legítimas aspiraciones de esta sociedad, deseo con toda sinceridad que el ciudadano que deba reemplazarme logre el fin que yo no pude alcanzar.

El deseo de permanecer en mi país, dice a las claras que no me reservo para más tarde ni para nada, implicando al mismo tiempo la más completa abstención de los negocios públicos”.

De esa manera terminó el Gobierno de Espaillat: el primer experimento liberal y democrático del pasado siglo y el cual las pasiones políticas impidieron desarrollarse en todas sus manifestaciones. Mucho se ha hablado respecto de cuál ha sido el mejor Presidente que hemos tenido los dominicanos y el que mayores decepciones y sufrimientos ha experimentado en pleno ejercicio del poder.

De entre los cinco mandatarios que en la historia política dominicana descuellan como genuinos exponentes de la civilidad y de la democracia, Espaillat sin duda ocupa la primacía. Y para concluir, solicito a este amable auditorio que se me permita referirle esta breve anécdota:

Hacia 1930 se suscitó en Santo Domingo, en el seno de un grupo de intelectuales, una interesante polémica acerca de quién había sido el mejor Presidente dominicano. Las opiniones fueron muy diversas. El Libertador Santana, sostenían algunos, había sido el mejor exponente de un mandatario eficaz; que el Gran Ciudadano Báez, afirmaban otros; que el Protector Cabral, aclamaban varios; que Espaillat, que Meriño, que Billini, que Lilís, y así cada cual externaba su opinión en relación con el Presidente de su preferencia personal o política. La polémica quedó parcialmente superada cuando a alguien se le ocurrió publicar una carta y afirmar que el mejor Presidente que hasta ese momento habíamos tenido los dominicanos era la Esperanza.

Y ahí permaneció el asunto.

Vivimos en tiempos que requieren, como cuando Espaillat, de grandes sacrificios a fin de rescatar al país del caos administrativo y de la bancarrota económica. El sacrificio debe ser de todos; y el distinguido Ciudadano que hoy ocupa la primera magistratura de la nación así lo ha externado en numerosas oportunidades. Los dominicanos, hoy más que nunca, no necesitamos de la Esperanza de que se habló en 1930, sino de muchas esperanzas; y ojalá que esas esperanzas sean, aunque guardando las distancias históricas y las épocas, como Ulises F. Espaillat, el más abnegado e

Pasado y Presente.España, Cuba y la independencia norteamericana ( 1er Parte)

 

Por Juan Daniel Balcácer

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El reconocido economista y escritor Eduardo Tejera recién ha entregado a la sociedad dominicana un nuevo libro de su autoría intitulado “La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. Una historia olvidada”. Conviene aclarar que aun cuando en nuestro país, Eduardo Tejera es mayormente conocido por su formación académica como economista, al igual que por sus interesantes publicaciones y aportes al debate económico nacional, su actividad intelectual no se circunscribe exclusivamente a las ciencias económicas. Es también un cultivador de las bellas letras y a través de varias publicaciones ha puesto de manifiesto su vocación por la poesía que, al decir de Aristóteles, es más profunda y filosófica que la historia. Existe, además, otra disciplina de las humanidades, que desde muy joven concitó su atención cuando cursaba estudios para el doctorado en economía en The American University, en Washington, D.C., y es precisamente la ciencia de la Historia.

De esa época de estudiante, en los albores del decenio de los 70, data su primer ensayo de carácter histórico “La ayuda cubana a la lucha por la independencia de Norteamérica”, texto en el que se propuso demostrar que una considerable cantidad de recursos económicos recolectados en La Habana, provenientes de las autoridades coloniales, de comerciantes locales y de un grupo de distinguidas damas habaneras, fue destinada a financiar la campaña militar de los norteamericanos en su causa por establecer un gobierno republicano, de fundamentos democráticos, libre y soberano de toda dependencia colonial.

Han transcurrido casi cuatro decenios desde que aquél ensayo de juventud vio la luz pública, y ahora, un Eduardo Tejera más experimentado, más maduro intelectualmente, nos confiesa la fascinación que sobre él ejercen los temas históricos, en especial, la cuestión de la ayuda que brindó Cuba, su Patria de origen, (que a la sazón era una provincia ultramarina de España) a la causa independentista de las trece colonias que habitaban la América del Norte y que hacia 1776 se declararon independientes adoptando el nombre de Estados Unidos de América. En esta ocasión, Tejera amplía considerablemente aquél estudio de juventud y, tras haber realizado una exhaustiva investigación (que supuso consultar una selecta bibliografía especializada, así como documentos oficiales que reposan en archivos tanto norteamericanos, españoles y franceses), nos sorprende con una formidable obra en la que demuestra sin lugar a dudas que la independencia de los norteamericanos, entre diversos factores, fue posible gracias al fervor patriótico que exhibieron quienes en condiciones desventajosas lucharon valientemente contra los ingleses, y sobre todo a la circunstancia de que para acometer exitosamente el proyecto liberador fue menester que los revolucionarios norteamericanos recibieran ayuda foránea; y esa ayuda, que se expresó lo mismo en recursos económicos que en armamentos, tropas y flotas navales, la ofrecieron nada menos que España, Cuba y Francia, tal y como se evidencia a lo largo de la obra.

No se trata del primer aporte de Tejera a los estudios históricos americanos. Hace varios años que, mientras yo escudriñaba los estantes de una librería madrileña, encontré una obra titulada “Causa de dos Américas. Modelo de conquista y colonización hispano e inglés en el Nuevo Mudo”, cuyo autor, para mi sorpresa, era un dominicano: Eduardo Tejera. Aclaro que para mí la sorpresa consistió en que sencillamente no había tenido noticias de esa publicación aquí en Santo Domingo y no porque albergara duda alguna en cuanto a la calidad de su contenido. Tomé el ejemplar en mis manos y tras examinarlo pude constatar que se trataba de un denso, documentado y meticuloso estudio en el que Tejera, de conformidad con un principio elemental de todo buen historiador, se había propuesto inquirir sobre las causas por las que en el llamado Nuevo Mundo había dos Américas tan distintas en origen y evolución como la América que descubrieron y colonizaron los españoles y que hoy la integran todos los países de América Latina, y la América en la que se establecieron los puritanos del Mayflower y en donde, al cabo de casi dos siglos, construyeron los cimientos sobre los cuales se levantó la gran nación que actualmente son los Estados Unidos de Norteamérica. Esas diferencias de cultura, valores sociales, tradiciones políticas y económicas entre las dos Américas, sostiene Tejera, obedecen fundamentalmente a los distintos esquemas o modelos de conquista, colonización y evangelización que España, por un lado, e Inglaterra, por el otro, aplicaron en los nuevos territorios de las dos Américas. Recomiendo a los interesados en profundizar en este tema tan sugestivo que adquieran este libro de Tejera que, a mi modo de ver, ha sido poco estudiado en los círculos académicos dominicanos.

“La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. Una historia olvidada”, de Eduardo Tejera, consta de seis capítulos, a saber: 1. Conflictos europeos y sus efectos en las colonias de América del Norte; 2. Formación de la identidad norteamericana y causas de la revolución; 3. Contribución de España, Luisiana y Cuba a la guerra de independencia; 4. Preparación de la campaña del sur; 5. La ayuda económica de La Habana, De Grasse y la batalla de Yorktown; y 6. La llegada de los fondos de La Habana a Yorktown. Una amplia colección de epístolas y documentos integran el Apéndice de la obra, seguida de una selecta y especializada bibliografía. Igualmente, una variada colección de ilustraciones y fotos de los principales protagonistas de aquellas contiendas bélicas completan y enriquecen la obra añadiéndole un valor iconográfico de gran utilidad para estudiosos e investigadores.

Pasado y Presente.España, Cuba y la independencia norteamericana ( Parte 2)

 

Por Juan Daniel Balcácer

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Varios son los aspectos de la obra que de Eduardo Tejera que procedo a resaltar:

1) En “La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. Una historia olvidada”, el autor escoge hechos históricos poco conocidos que incidieron en el triunfo de la revolución norteamericana y, con arreglo a diversas fuentes documentales de irrecusable veracidad, reconstruye una narrativa histórica bastante objetiva en torno de ese gran acontecimiento histórico que constituyó la independencia de los Estados Unidos.

2) Si bien el propósito fundamental de Eduardo Tejera es rescatar del olvido hechos importantes que por diversas razones han sido soslayados y excluidos de los textos de historia convencionales norteamericanos e hispanoamericanos, en el primer capítulo se ocupa de contextualizar al lector, y además de enfatizar en los diferentes estilos de España e Inglaterra para aplicar dos modelos o esquemas contrapuestos de conquista y colonización en el Nuevo Mundo, hace un recuento de los conflictos bélicos escenificados por las grandes potencias europeas inmediatamente posterior al Descubrimiento o Encuentro de Culturas, en una desmedida e insaciable pugna inter-imperialista por la conquista de los nuevos territorios y pueblos descubiertos especialmente en América y en el Caribe. Esos conflictos entre España, Francia, Inglaterra y Portugal dieron origen a que la región del Caribe y América, al decir de Tejera, devinieran en “parte de la frontera imperial de las grandes potencias que rivalizaban por poder político, militar, naval y económico” debido a que “las colonias de América, fueran las inglesas, francesas, portuguesas o españolas, generaban crecientes riquezas y eran bastiones de poder militar y comercial”. Uno de los conflictos bélicos más resonantes de aquellos tiempos fue la denominada Guerra de los Siete Años (1755-1763) en la que se vieron involucradas prácticamente todas las potencias de la época, cada una luchando por expandir sus dominios coloniales a expensas de las que ya, de hecho o de derecho, poseían asentamientos en diferentes partes de los continentes americanos del Sur y del Norte. De esa guerra que, según consigna Tejera, Winston Churchill consideró como una especie de “primera guerra mundial”, Inglaterra emergió convertida en la potencia imperial de mayor poder del momento. En efecto, al analizar esa conflagración, Tejera sostiene que “la guerra de los siete años fue la de mayor repercusión en el Caribe y América del Norte”, porque “fue una guerra por la definición de las nuevas fronteras imperiales” y porque “después del 1763 nada quedó igual en la mitad del continente americano. Francia y España quedaron disminuidas y Gran Bretaña emergió como el nuevo gran poder mundial.” La guerra de los siete años, evidentemente, prefiguró la revolución independentista de las trece colonias de América del Norte, pues poco menos de tres lustros después fue conformado el Congreso Continental que procedió a disolver los vínculos de dependencia con Inglaterra al tiempo que creó una nueva república bajo el nombre de Estados Unidos de Norteamérica.

3) En el capítulo segundo, Tejera se ocupa de reconstruir el proceso de formación e intelección de la identidad nacional norteamericana entre los pobladores ingleses de las trece colonias de América del Norte. Se trata de un novedoso enfoque por demostrar que si bien los ancestros del pueblo norteamericano no constituían propiamente una colonia en el sentido convencional o a la manera como la monarquía española sojuzgó a los pueblos de la América hispana, fueron causas fundamentalmente económicas las que motorizaron la rebelión de las trece colonias. En una etapa de su desarrollo, los colonos ya no pensaban como “ingleses”, sino que respondían a una identidad colectiva un tanto diferente de sus raíces ancestrales. Tejera se refiere a ese fenómeno sociológico de la siguiente manera: “Los colonos, sus políticos y hombres de negocios veían su futuro y expresaban sus intereses de forma distinta, pensando más como norteamericanos que como ingleses parte de Gran Bretaña. Los dos mundos eran diferentes, como distintos eran sus objetivos y visión de la vida en el Nuevo Mundo. La identidad norteamericana se fue forjando de esta manera a través de las décadas, pero estaba llegando a un punto de crispación y estallido”. Y ese punto de crispación y estallido surgió precisamente cuando la corona británica quiso imponer más arbitrios e impuestos a los habitantes de las trece colonias, que estaban acostumbrados al sistema de auto gobierno y nunca antes habían tenido que sobrellevar cargas impositivas tan onerosas.

4) Un cuidadoso examen de “La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. Una historia olvidada”, revela que en el capítulo tercero hallamos la esencia argumental de la obra. Se sabe que Francia tuvo una participación decisiva en el proceso independentista norteamericano, pero Tejera destaca con propiedad que “la colaboración y ayuda de España y desde sus colonias a la independencia norteamericana fue constante y muy valiosa, y segunda sólo en peso e importancia de la ayuda de Francia”. ¿Por qué Francia y España estaban interesadas en colaborar con los revolucionarios de América del Norte en su proyecto independentista respecto de Inglaterra? La respuesta hay que buscarla en las viejas pugnas y rivalidades inter-imperialistas. España, por un lado, y Francia, por el otro, habían visto mermar su poderío económico-militar y perdido territorios en el llamado Nuevo Mundo a costa de continuas incursiones e invasiones inglesas. Era natural que desearan rescatarlos y que, aprovechando la coyuntura derivada del conflicto entre las trece colonias e Inglaterra, decidieran brindar todo el respaldo económico y militar posible a los pueblos insurrectos con tal de cobrar la deuda pendiente que tenían con el imperio británico. Francia le declaró la guerra a Inglaterra en medio del conflicto entre ese país y sus colonos de América del Norte. España, en cambio, obró en forma un tanto sinuosa: mientras simuló imparcialidad, o distancia aparente del conflicto, de manera secreta, y a través de diversos medios, hizo un invaluable y sostenido aporte a la causa norteamericana por la independencia, hasta el punto de que el propio general George Washington lo reconoció en cartas que Tejera cita en su obra. Todo este proceso de intrigas diplomáticas, de apoyo velado y abierto, lo mismo en dinero que en recursos bélicos, es narrado con profusión de detalles tanto en el tercer capítulo como a lo largo del magnífico libro de la autoría de Eduardo Tejera.

El autor es historiador. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.

Pasado y Presente.Un nuevo libro de Eduardo Tejera ( Parte 3)

 

Por Juan Daniel Balcácer

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Con la venia del amable lector, paso ahora a referirme a otros dos aspectos del libro de Eduardo Tejera, a mi entender cruciales desde una perspectiva historiográfica moderna porque están directamente relacionados con los motivos que le inspiraron escribir acerca de la ayuda que tanto España como las autoridades coloniales de La Habana, comerciantes y distinguidas damas de la sociedad cubana, realizaron a favor de la causa independentista norteamericana. En la introducción, el autor consigna que como esa valiosa contribución a la independencia de Estados Unidos ha sido relegada y excluida de los textos convencionales de historia escolar en Norteamérica, ocasionando así un lamentable olvido en varias generaciones, su afán por la búsqueda de la verdad fue lo que principalmente le estimuló a ampliar su investigación de los años 70 hasta culminar en el texto que hoy comento. Esta aseveración de Tejera pone sobre el tapete un tema todavía más complejo y controversial en el plano historiográfico como lo es el relativo a las contradicciones existentes entre la escritura de la historia escolar y la historia académica.

Un prominente historiador británico, Keith Jenkins, en su ensayo Repensar la historia (2009), señala que “la historia es un discurso cambiante construido por los historiadores y que del pasado no se puede hacer una única lectura: en cuanto miras hacia otro lado o modificas la perspectiva, aparecen lecturas nuevas. Con todo –agrega-, aunque los historiadores saben esto, la mayoría parece ignorarlo a conciencia y se esfuerza por conseguir la objetividad y la verdad. Y este afán por la verdad se abre camino a través de distintas posiciones ideológicas y metodológicas”. Jenkins es de opinión de que la historia está compuesta de epistemología, de metodología y de ideología. De conformidad con este aserto, Jenkins afirma que “la epistemología nos enseña que nunca podremos conocer realmente el pasado; que el abismo entre el pasado y la historia (historiografía) es ontológico, que está en la misma naturaleza de las cosas, de manera que todo esfuerzo epistemológico por salvarlo es inútil. Los historiadores han ideado maneras de trabajar con el fin de reducir la influencia del historiador-intérprete desarrollando métodos rigurosos que luego han tratado de universalizar de diversas formas, de manera que quien los practique se haga con un utillaje básico de habilidades, conceptos, rutinas y procedimientos que le conduzcan a la objetividad. Sin embargo, hay muchas metodologías… Al final, la historia es teoría, la teoría es ideológica y la ideología sólo son intereses materiales…”

He traído a colación estas reflexiones teórico-metodológicas a propósito de la ausencia que ha advertido Eduardo Tejera en los textos de historia convencional de Estados Unidos en cuanto respecta al tema de la ayuda de España y Cuba a la independencia de ese país. Esa ausencia no es casual. Responde, en efecto, a la circunstancia de que los historiadores, al momento de reunir las fuentes con las que van a configurar sus narrativas históricas, hacen una selección de las mismas, las depuran, y por lo tanto es natural que excluyan determinados hechos y personajes porque sus valores y perspectivas sobre esos acontecimientos les inducen a privilegiar ciertos hechos en detrimento de otros que, ante los ojos de futuros investigadores, parecerán más importantes; o porque tal vez la historia oficial predominante en determinada coyuntura fuerce a los historiadores a escribir sus relatos históricos omitiendo ciertos hechos y destacando la importancia de otros acontecimientos. Por esa razón es que la historia se reescribe constantemente en la medida que afloran nuevas evidencias y fuentes que permiten otras lecturas a la luz de modernas perspectivas historiográficas.

Cuando se trata de escribir un texto de historia escolar, por lo general su autor debe circunscribirse a cumplir con los requisitos de contenidos que impone el ministerio de educación del país de que se trate, por lo que, en la mayoría de los casos, los libros de texto ofrecen básicamente un enfoque de historia oficial. Razón tuvo, pues, George Orwell, cuando en su novela “1984”, escribió que quien controla el presente controla el pasado y que quien controla el pasado controla el futuro.

Mario Carretero, un especialista en psicología cognitiva de la Universidad de Madrid, en “Aprender y pensar la historia” (2002), refiere, sustentándose sobre algunos postulados teórico metodológicos de Jacques Le Goff (uno de los afamados historiadores de la escuela francesa de Annales), que existen “tres representaciones del pasado, situadas de modo muy diferente en la experiencia social, del individuo y de las instituciones. Por una parte, el registro de la historia que aparece en la escuela [esto es la historia escolar]; por otra parte, el de la historia cotidiana, como elemento de una memoria colectiva que, de una forma u otra, se inscribe permanentemente –experiencia y formación mediante- en la mente y en los cuerpos de los miembros de cada sociedad, y articula relatos compartidos en torno de la identidad, los sistemas de valores y las creencias comunes. Por último, existe la historia académica o historiografía, que cultivan los historiadores y los científicos sociales, de acuerdo con la lógica disciplinaria de un saber instituido bajo condiciones sociales e institucionales específicas”. Un ejemplo de este tipo de historia académica lo constituye el libro de Eduardo Tejera sobre “La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. Una historia olvidada”.

El autor es historiador. Miembro de

Pasado y Presente. España, Cuba y la independencia norteamericana ( Parte 4)

 

Juan Daniel Balcácer

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Estamos, pues, ante tres representaciones del pasado que en verdad constituyen tres registros, tres historias, que nos brindan versiones un tanto diferentes en sus contenidos y valoraciones en torno de los mismos acontecimientos del pasado que son objeto de estudio; de suerte tal que una cosa puede decir el historiador profesional, por citar un caso, de Cristóbal Colón y de su expedición de 1492 que culminó con el encuentro de dos mundos y dos culturas, otra seguramente distinta sostendrá el imaginario popular que alimenta la memoria colectiva, y otra muy distinta defenderá el historiador que escriba un texto escolar. Es lo que acontece con el tema que plantea Tejera en su más reciente libro sobre unos episodios de la guerra independentista norteamericana que no figuran en los textos convencionales de historia patria y, por lo tanto, no han pasado a formar parte de la memoria colectiva estadounidense.

De todos modos, cuanto antecede en nada invalida la formidable contribución que hace Eduardo Tejera con la publicación de “La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. Una historia olvidada”, pues no podemos perder la esperanza de que algunos historiadores profesionales norteamericanos se animen a incluir estas experiencias históricas en los textos de historia escolar para que de esa manera las jóvenes generaciones de estadounidenses, en el proceso de construcción de su identidad nacional, sean conscientes de que la lucha por la conquista de la libertad y la conversión de las Trece Colonias en los Estados Unidos de América devino una realidad de extraordinaria trascendencia histórica para la humanidad gracias al esfuerzo de los hombres que lucharon bajo el liderazgo de figuras de la estatura histórica de George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamín Franklyn, para solo mencionar a los cuatro Padre Fundadores, y gracias, también, a la inestimable ayuda foránea que les brindaron naciones como Francia, España y Cuba, aun cuando las dos primeras potencias obraron en sintonía con sus intereses particulares en un desesperado intento por rescatar posesiones coloniales otrora perdidas y por preservar otras en América y en la región del Caribe.

Agradezco al amable lector por la paciencia con que ha tolerado estas entregas mías para ponderar la importancia del nuevo libro de Eduardo Tejera; libro que a un tiempo nos brinda una breve y documentada historia de la guerra de independencia norteamericana, y una pormenorizada historia de la solidaridad internacional que a través de Francia, España y Cuba, contribuyó de manera decisiva al triunfo que entre 1776 y 1781 lograron cristalizar los insurrectos norteamericanos frente a la corona británica.

Mis sinceras congratulaciones al economista e historiador Eduardo Tejera por esta valiosa obra escrita con genuino fervor para establecer la verdad de los hechos y, sobre todo, escrita con un alto sentido de justicia. A través de un discurso histórico rigurosamente estructurado, y fundamentado sobre pruebas y evidencias contundentes, el autor logra rescatar de las brumas del pasado hechos remotos que ya no pueden continuar siendo objeto del desdén por parte de los historiadores especializados en temas americanos. Las jóvenes generaciones, tanto de España como de ambas Américas, se beneficiarán en el plano cognitivo de esta inestimable contribución a los estudios históricos, por lo que puede afirmarse, sin temor a equívocos, que tras la publicación de este libro de Eduardo Tejera, ya no existen razones que justifiquen el olvido respecto de la ayuda de España y Cuba a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.

El autor es historiador. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.

Pasado y Presente.Significación del libro de Báez Guerrero

 

Por Juan Daniel Balcácer

José Báez Guerrero ha afirmado que al escribir sobre el trágico final del Presidente Antonio Guzmán Fernández sólo se ha propuesto “buscar la verdad histórica”. Y ese noble fin también nos remite a una cuestión de carácter epistemológico que desde hace años ha sido objeto de múltiples reflexiones entre historiadores y filósofos de la historia, pues al estudiar determinados acontecimientos del pasado, o referir las hazañas de las grandes personalidades de que habló Carlyle, buscar y encontrar la llamada “verdad histórica” es un proceso heurístico y hermenéutico supeditado a la veracidad de las fuentes primarias y secundarias que se utilicen para configurar una historia que, bien contada, como lo está la que contiene el libro de Báez Guerrero, produzca en el lector la sensación o el efecto siempre verificable de que está frente a un texto de contenido objetivo, es decir, confiable y fidedigno.

Para sustentar sus juicios y conclusiones, Báez Guerrero abrevó en diversas fuentes, documentos y obras de otros autores que le permitieron configurar una admirable síntesis en torno a parte de cuanto ocurrió en el gobierno de Antonio Guzmán así como de los misterios que todavía rodean las circunstancias que produjeron el suicidio del Presidente.

Sin embargo, algunas fuentes orales, de innegable valor testimonial, el autor no las identifica, pues en ocasiones sostiene que se trata de fuentes que “le merecen entero crédito”, y en otras revela que obtuvo determinadas informaciones de personas que lo hicieron “fuera de record” y por lo tanto están “a resguardo bajo el secreto profesional periodístico”; licencia que no puede arrogarse el historiador en virtud de que en su labor de reconstrucción del pasado éste debe apoyar sus investigaciones y conclusiones sobre fuentes identificables, que además sean accesibles a otros investigadores para que puedan contrastarlas y verificarlas.

En este punto, es conveniente aclarar, de conformidad con el historiador Carlo Ginzburg, que para aproximarse a la realidad del pasado es preciso reconstruirla por medio del estudio de las fuentes de testimonios fiables; pero que las nociones de “prueba” y “verdad”, que también forman parte del oficio del historiador, como igualmente lo son del periodista, no necesariamente se establecen porque quien las revele haya sido actor o testigo presencial de un acontecimiento específico. Siempre es necesario procurar otras perspectivas que posibiliten un cuadro más acabado del hecho objeto de estudio, subraya Ginzburg en su libro “El juez y el historiador”.

Naturalmente, hay una credencial personal que a lo largo de su trayectoria como comunicador ha caracterizado a José Báez Guerrero y es su credibilidad profesional, por lo que quien habla está convencido de que antes de utilizar determinadas fuentes y testimonios, el autor tuvo la precaución de someterlos a un cuidadoso proceso de revisión y contraste con otras fuentes y documentos.

         “Guzmán, su vida, gobierno y suicidio” es una obra que si bien por un lado trata sobre un acontecimiento ocurrido hace poco más de cinco lustros, por el otro nos revela una historia de palpitante actualidad. Con una prosa bien estructurada desde una perspectiva léxica y sintáctica, el lector realiza un excitante periplo por el que desfilan, como si se tratara de un flashback fílmico, los más diversos e importantes personajes de la política vernácula de los últimos 50 años.

En los capítulos en que Báez Guerrero describe el acto del suicidio del Presidente Guzmán, y luego la agonía que padeció durante varias horas, al igual que los sucesos que tuvieron lugar en las altas esferas palaciegas, la prosa del autor alcanza niveles de un dramatismo que además de asombroso (pues uno llega a creer que está presenciando esos episodios) estremece y conmueve las más profundas fibras del alma humana.

Se ha escrito mucho sobre el suicidio de don Antonio Guzmán Fernández y sus posibles causas. ¿Aporta algo nuevo este libro de José Báez Guerrero?, es la pregunta que aflorará a la mente de algunos escépticos. “El valor de una obra –ha escrito Sándor Márai- no reside en la procedencia del ladrillo y las tejas con que se ha erigido, sino en lo que el autor construye con esos materiales.”

Como se trata de un libro que versa sobre un suceso contemporáneo, y todavía viven muchas personas que fueron testigos de, o participaron en, esos hechos lamentables, es obvio que el citado texto inevitablemente suscitará no pocas controversias. No faltarán quienes salgan a la palestra pública a hacer aclaraciones o a impugnar algunos de los juicios del autor, o de los que emitieron otros actores y testigos. Pero el debate, si se lleva a cabo con altura, siempre es saludable y habrá de contribuir al resplandecimiento de una parte de la verdad histórica.

Invito al lector a leer “Guzmán, su vida, gobierno y suicidio”, de José Báez Guerrero. Estoy seguro de que compartirán conmigo la certeza de que se trata de un libro penetrante, apasionante, conmovedor, que induce a profundas reflexiones en torno a la fragilidad de la naturaleza humana, al tiempo que nos fuerza a reconocer cuán fugaz es en ocasiones la felicidad del individuo y de los pueblos.

El autor es historiador. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.

 

Pasado y Presente.Antonio Guzmán y la historia del presente

 

Por Juan Daniel Balcácer

El más reciente libro del periodista y escritor José Báez Guerrero, titulado “Guzmán, su vida, gobierno y suicidio”, puesto a disposición de los amantes de temas históricos y políticos dominicanos, constituye a mi modo de ver un auténtico hito editorial en el ámbito de la política dominicana contemporánea.

Hace 27 años que la noche del sábado 3 de julio de 1982, faltando apenas poco más de un mes para que culminara su gestión gubernativa, el presidente Antonio Guzmán Fernández decidió quitarse la vida mediante un disparo a la cabeza mientras se encontraba en un pequeño salón contiguo al despacho presidencial.

Historia contemporánea

¿Puede un acontecimiento contemporáneo o del presente ser objeto de un estudio desapasionado, imparcial y objetivo que permita establecer la verdad, o parte de la verdad, de lo ocurrido? ¿Estamos los dominicanos en condiciones de conocer la miríada de motivos que indujo al presidente Guzmán a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? Estimo que sí, máxime cuando han transcurrido más de cinco lustros, como acontece con el caso objeto de estudio y que constituye el tema central del libro de José Báez Guerrero. Preciso es subrayar que yerran quienes consideran que los hechos del presente no son materia de la historia. Se trata de una percepción positivista del devenir histórico, superada hace ya varios decenios, según la cual sólo los acontecimientos y personajes de un pretérito remoto pueden ser objeto de análisis exhaustivos por parte de historiadores y otros estudiosos de la sociedad.

Los familiarizados con el estudio de la Historia saben que para facilitar la comprensión de la evolución histórica del hombre en sociedad, se ha establecido la siguiente periodización generalmente aceptada por los especialistas en ciencias sociales: Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporánea. Esta última rama suele confundirse con aquellos tópicos que los académicos norteamericanos denominan “current affairs”; algo así como “temas de actualidad”; pero en realidad son dos cosas distintas.

En su “Teoría e historia de la historiografía”, Benedetto Croce consignó que la historia contemporánea por lo general se ocupa de “un espacio de tiempo que pertenece a un pasado muy próximo: los cincuenta últimos años, el último decenio, el último año, mes o día, o incluso la última hora o minuto. Pero siendo rigurosos no se debería calificar de contemporánea más que aquella historia que nace directamente del acto que se lleva a cabo: la conciencia misma del acto”. La historia contemporánea, pues, es ese espacio de tiempo en que el conocimiento de los hechos del pasado está, por así decir, enmarcado dentro de lo coetáneo o simultáneo; esto es, en un espacio temporal que el narrador ha vivido. Por tal motivo, algunos especialistas también denominan este tipo de relato como Historia del Presente.

El tema que aborda José Báez Guerrero en el libro “Guzmán, su vida, gobierno y suicidio” encuadra perfectamente dentro de lo que en historiografía se denomina historia contemporánea o del presente y constituye, a un tiempo, una formidable biografía política y una novedosa narrativa histórica en formato periodístico de la gestión gubernativa de Antonio Guzmán Fernández, culminando con una impresionante reconstrucción del trágico acontecimiento en el que por su propia voluntad se quitó la vida. Continuaremos con el tema.

El autor es historiador. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.

 

Pasado y Presente.Trayectoria política de Antonio Guzmán

 

Por Juan Daniel Balcácer

Tal vez para muchos de los lectores del libro “Guzmán, su vida, gobierno y suicidio”, del periodista y escritor José Báez Guerrero, ha resultado una sorpresa constatar que cuando en 1978 Antonio Guzmán llegó a la Presidencia de la República no era un improvisado en materia de militancia política dentro del Partido Revolucionario Dominicano.

Estructurado en once capítulos, el citado libro de Báez Guerrero destaca el origen familiar de Antonio Guzmán Fernández, su nacimiento en la ciudad de La Vega, su desarrollo profesional en el campo de los negocios privados y de la agricultura, así como su temprana incursión en el terreno de la política en 1962, cuando su amigo de infancia, Juan Bosch, que a la sazón lideraba el Partido Revolucionario Dominicano, hacía campaña como candidato para la presidencia de la República. Un año después, tras juramentarse como el primer Presidente democrático de la República Dominicana luego de erradicada la tiranía trujillista, Juan Bosch designó a Antonio Guzmán Secretario de Estado de Agricultura.

Asimismo, la biografía política de Antonio Guzmán Fernández permite constatar cómo, desde su ingreso al PRD, en un lapso relativamente corto, llegó a concitar el respeto y admiración de sus compañeros de partido, especialmente de la “nomenklatura” de dicha organización política, hasta el punto de que durante la revolución y guerra patria de 1965, tras la intervención militar norteamericana, Antonio Guzmán Fernández fue el candidato propuesto por el máximo líder del PRD para presidir el gobierno provisional que surgiría producto de un acuerdo entre las partes beligerantes a fin de preparar el país para nuevas elecciones. Se recordará que la propuesta del PRD en procura de una salida diplomática del conflicto armado de 1965, para evitar más derramamiento de sangre en aquella guerra fratricida, se conoció como “la Fórmula Guzmán”, la cual no prosperó (y esto lo explica Báez Guerrero con bastante propiedad y agudeza en el libro que comento) debido a los obstáculos que subrepticiamente opusieron ciertas figuras que, dentro de su propio partido, entonces le adversaban políticamente y continuaron adversándolo después, hasta el final de sus días.

Los Doce Años de Joaquín Balaguer

En el capítulo cuarto, el lector se familiariza con la evolución política de Antonio Guzmán dentro de las filas del PRD y cómo, tras la ausencia forzada de Juan Bosch (quien luego de las elecciones de 1966 se vio precisado a abandonar el país y establecerse durante varios años en Europa), la figura de Guzmán cada vez más adquiría mayor proyección y prestigio dentro de la organización. A la par con ese robusto liderazgo natural que exhibía Guzmán Fernández, Báez Guerrero se adentra en las contradicciones poco menos que irreconciliables que distanciaban al primero de otras figuras del partido, como Salvador Jorge Blanco, con quien desde hacía algunos años tenía profundas diferencias políticas. Mientras Guzmán, desde el instante en que incursionó en la política, se identificó inmediatamente con el PRD, Jorge Blanco, en cambio, provenía de las filas de la Unión Cívica Nacional, y representaba un grupo de oligarcas de Santiago que al parecer postulaba otro proyecto político diferente del que propugnaba Antonio Guzmán, entonces un fiel aliado de Juan Bosch y defensor de la línea política que éste trazaba dentro del PRD.

El 16 de mayo de 1970 un trágico suceso enlutó la familia de Antonio Guzmán cuando su hijo Iván perdió la vida en un accidente automovilístico. El hecho, evidentemente, sumió a Guzmán en una profunda melancolía que durante mucho tiempo lo mantuvo al borde de una aguda depresión. Aseguran que nunca superó esa prueba tan dolorosa a que lo sometió la providencia. Al cabo de poco tiempo, Guzmán se reintegró a sus faenas privadas habituales y continuó su labor política dentro del PRD hasta el punto de que en 1978 condujo a su partido al Palacio Nacional.

El autor es historiador. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.